Alejandro Pérez-Olivares García - Madrid cautivo

La colaboración entre los servicios de recuperación e inteligencia con la justicia militar dio lugar a una reflexión original sobre el orden público que debía imponerse tras la ocupación. El jefe de los servicios era un auditor militar, por lo que la recuperación de documentos se encaminaba definitivamente a la búsqueda de antecedentes y la impartición de justicia en los territorios «liberados». El material recuperado debía ser clasificado en cinco secciones independientes: Político-social, Prensa y Propaganda, Sectas Secretas, Justicia y Militar. De las cinco, tres se destinaban a la creación de un fichero de antecedentes políticos, otra se encaminaba a la puesta en funcionamiento de la justicia de ocupación y tan solo la última estaba en consonancia con las operaciones militares. No fue casual, por tanto, que a mediados de noviembre se elaborase también el «Plan de Orden y Policía para Madrid, Barcelona y Valencia», donde las tres capitales de la República recibían el mismo trato, aunque estaba firmado por los Servicios de Orden y Policía de Madrid (Ejército del Centro). Es un documento importante porque adelanta ocho meses la fecha que se conocía hasta ahora para esta planificación (Gómez Bravo y Marco, 2011: 165-169). En este caso la consigna estaba clara: nadie podía salir o entrar de la ciudad ocupada a menos que dispusiera de un salvoconducto expedido por Franco, el general jefe del Ejército de Ocupación o el jefe de la propia Columna de Orden y Policía. Así la ciudad iba a ser convertida en un espacio cerrado y prácticamente inaccesible, de cara a facilitar la labor de la Auditoría de Guerra y del Servicio de Recuperación, ya que el objetivo principal era la elaboración de un censo provisional de la ciudad. Para ello, todos los ocupantes de pisos, habitaciones y locales estaban obligados a presentarse en las comisarías de distrito y ofrecer una relación jurada de los habitantes, en un plazo máximo de 24 horas. Dentro del mismo plazo había que ofrecer otra relación, esta vez con los bienes muebles existentes en cada casa. Los cambios de residencia y los traslados de muebles estaban prohibidos hasta completar los censos. Los militares también pretendían controlar el movimiento dentro de la ciudad mediante cédulas de transeúnte y reforzar las labores de vigilancia con cédulas de policía, destinadas únicamente a los residentes en la ciudad con anterioridad al 18 de julio de 1936. De esta forma se reforzaba el celo sobre los atentados contra la propiedad acudiendo a las propias casas y los espacios mínimos de sociabilidad: los barrios. 19

A finales de 1937, la experiencia de las ocupaciones de Málaga, Bilbao, Santander o Gijón modificó el sentido y la forma en que los sublevados pretendían emplear la violencia. El primer año de guerra había demostrado la importancia de la gestión de la información y documentación del enemigo para convertirse en un instrumento adecuado a un nuevo contexto: el de la ocupación de grandes ciudades. La inserción de algunos organismos como Recuperación de Documentos y Servicios Especiales en un esquema de orden público revelaba una preocupación muy diferente a la del comienzo de la guerra, cuando la limpieza política tras el paso de las columnas de legionarios y regulares tenía como efecto la paralización de la población a través del miedo. En el ecuador de la guerra, la maquinaria punitiva franquista se distanciaba de una serie de prácticas definidas únicamente como exterministas para abordar la compleja cuestión de la ocupación de grandes áreas. 20 Ocurría también que las ciudades no permitían las mismas tácticas punitivas: el anonimato, el desconocimiento y la propia escala jugaban en contra de las formas represivas empleadas en 1936. Las últimas instrucciones sobre Madrid, Barcelona y Valencia confirmaban la identidad específica del espacio urbano. Por tanto, tanto el uso de la violencia como su intención se vieron influidos por la contingencia de los retos del ecuador de la guerra, que hicieron más complejas las lógicas de la violencia sublevada (Marco, 2015; Browning, 2004).

La gestión que el incipiente «Estado campamental» franquista desarrolló en las áreas conquistadas fue, asimismo, un campo de prueba para orientar la preocupación por el orden público en diferentes direcciones. Entre las opciones que se barajaron, una era volver los ojos hacia la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera y continuar su gestión del orden. Para ello, en octubre, poco después del derrumbamiento del frente de Gijón, nombró a Martínez Anido jefe de los servicios de Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras, dependiente directamente de la Jefatura del Estado. Franco pensó que su perfil era el adecuado para «dar unidad a los servicios de Orden Público y vigilancia de fronteras, toda vez que los resortes de la tranquilidad del país atribuidos a los Gobernadores militares […] impiden en su actual funcionamiento su centralización en un organismo rector». 21 Sin embargo, no hay que suponer que la gestión del antiguo gobernador de Barcelona en la década de 1920 fuera completamente plácida. El 20 de diciembre de 1937, la Jefatura de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio de Orden Público, envió esta carta a Franco:

Excmo. Sr:

Viene observándose que los Comandantes Militares de las diferentes plazas entienden en los asuntos relacionados con el Orden Público, como una de las atribuciones que les están conferidas ; y si ello es lógico en aquellas poblaciones guarnecidas por diferentes unidades militares sí, en cambio, pueden entorpecer la labor del Delegado Gubernativo correspondiente en aquellos puntos donde no haya guarnición.

Por ello, y atendiendo a evitar tales entorpecimientos, motivados por la dualidad de atribuciones, sería conveniente –y así me permito proponer-lo a VE – se dictase una disposición por la cual cesaran en su cometido, por lo que se refiere a los asuntos de Orden Público , los Comandantes Militares pertenecientes a lugares donde no haya guarnición 22 (las cursivas son mías).

El «Generalísimo» respondió, lápiz en mano, de manera clara y contundente: «No lo considero conveniente, pues en estado de guerra el Orden Público lo tiene a cargo la Autoridad Militar». 1937, el año de la ocupación de las grandes ciudades del frente norte por el ejército franquista, el del estreno de la Auditoría de Guerra en Málaga, terminaba con la afirmación de un orden público militarizado. La entrada en contacto con el mundo urbano, con sus retos y exigencias, iba a promover nuevas reflexiones en el año siguiente. Madrid había formado parte importante del laboratorio del orden público franquista, pero la planificación de la ocupación debía adaptarse a los espacios de la ciudad.

1.3 ESPECIES DE ESPACIOS

Palacio de la Isla, Burgos. Cuartel General del «Generalísimo». Abril de 1938. Las tropas franquistas acababan de llegar al Mediterráneo, dividiendo el territorio republicano en dos. Entonces, el alto mando militar creyó llegado el momento de completar la ocupación más allá del río Ebro y también en el centro de la península. Para ello, desde este palacio se diseñaron las órdenes más depuradas hasta el momento para concretar la confluencia entre las grandes unidades militares, el servicio de Recuperación de Documentos y la Columna de Orden y Ocupación de Madrid. Y las reflexiones del año anterior, acerca de la necesidad de garantizar el mantenimiento del orden público, siguieron de alguna manera presentes en el Estado Mayor de Franco, que decidió reforzar los criterios de jerarquía. El mando de la Columna de Orden y Policía, dependiente directamente de la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de Orden Público, pasó a depender de un coronel designado personalmente por Franco. Como había quedado patente en la campaña del frente norte, ahora las autoridades militares se anticipaban a los instantes posteriores a la conquista militar para