AAVV - Naciones y estado

El PCE fue el primero en plantear doctrinalmente la apuesta por un marco de descentralización y reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Pesaba en ello la memoria del legado del periodo republicano y en todo caso la estructura del partido fue singular al coexistir en su seno el PSUC (que ejerció de verdadero motor para la aceptación de muchas propuestas del catalanismo) así como los partidos comunistas de Euskadi y Galicia. Ciertamente, hasta fechas muy tardías las propuestas no iban más allá de los tres territorios vinculados al pasado de autogobierno adquirido en la República, mientras que el resto quedaba inserto en una vaga concepción descentralizadora (que recogía la distinción entre nacionalidades y regiones). En un escrito de finales de 1970 que sintetizaba la posición del PCE, Dolores Ibárrruri señalaba que: «Existen problemas muy específicos como los de Navarra, Valencia, Baleares y Canarias a los que habría que dar en ese marco una solución que corresponda al derecho de sus habitantes libremente expresados». 23Pero, por ejemplo, respecto al País Valenciano, la concreción era escasa. Cuatro años antes, mientras se elaboraba la importante obra Un futuro para España: la democracia económica y política no se incluyó ninguna referencia específica al País Valenciano a pesar de que se había enviado abundante información al respecto. 24

Santiago Carrillo en el importante informe al Pleno del Comité Central, en Roma, de 1976, había destacado cómo quedaba definitivamente anudada la lucha por la democracia con las luchas por la autonomía y la descentralización. En segundo lugar, destacaba el uso de la fórmula de «nacionalidades» y la distinción, por tanto, entre nacionalidades y regiones. Su uso no era una novedad aunque lo cierto es que los comunistas españoles habían hablado sobre todo de un Estado «multinacional», donde tendrían cabida diversos «pueblos» e incluso se había llegado a utilizar la expresión de núcleos nacionales . ¿Qué significado preciso cabría atribuir a esta fórmula ahora? La respuesta no es nada sencilla. Tal vez todos sabían a qué se referían al utilizarla, pero el terreno de la definición resultaba mucho más elusivo. Carrillo parecía haberla usado como sinónimo exacto de nación en 1958, 25pero las cosas parecían ahora ser más complejas. 26En 1975, Jordi Solé Tura, reflexionando sobre el catalanismo (y en concreto sobre Prat de la Riba) señalaba que «el análisis del concepto de “nación” y de “nacionalidad” debe centrarse en el proceso histórico de formación, consolidación y transformación de un determinado bloque de clases sociales». 27Esta afirmación se insertaba, en definitiva, en el marco de una reflexión de neta inspiración marxista sobre la cuestión nacional. Un año después, al traducir el texto al catalán (pero con un significativo cambio en el título del artículo, pues el énfasis pasaba de la nación precisamente a la nacionalidad) el autor le añadió una nota a pie de página adjunta al concepto de «nacionalidad», que decía «Si s’admet una diferencia substancial entre tots dos conceptes, la dualitat de terminología pot servir per a distinguir la plenitud o la manca de plenitud del poder polític estatal. Per això prefereixo parlar de “nacionalitat catalana”». 28Curiosamente hallaremos pocos textos más de Solé Tura, al margen de esta simple nota, que nos ayuden a entender el significado de una distinción de tanta trascendencia. Por ella podemos suponer, por tanto, que para el autor una «nacionalidad» es un determinado estadio (un proceso histórico, con un determinado bloque de clases sociales en acción) de una comunidad en función de su relación con la «plenitud» del poder político que representa el Estado. ¿Existe entonces una distinción de base (en su «entidad», en su fundamentación o definición identitaria) entre una nación y una nacionalidad? ¿O se trata solo de un grado en un desarrollo (prefijado o no)? A la postre (como se evidenciaría en el debate constitucional) la clave no era tanto si ambas nociones eran idénticas, como resultó bastante aceptado, sino si la de nacionalidad daba lugar a derechos (o permitía aspiraciones) de soberanía similares, lo que resultó ampliamente rechazado tanto por la izquierda como por la derecha españolas.

En todo caso, en el texto del informe de Carrillo pronunciado en Roma en 1975 se señalaba cómo «El Partido Comunista, que defendió siempre el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, considera este hecho, en su conjunto, no sólo como una realidad insoslayable, que ninguna violencia podría contener a medio plazo, sino también como un factor extraordinariamente positivo para el futuro democrático y socialista del país». La propuesta comunista sería explicitada ahora como la apuesta por un Estado federal. Pero se añadía inmediatamente que «España será tanto más fuerte cuanto más libres sean los pueblos que la componen». Es más, se añade, «la condición para que España permanezca unida es la liquidación del centralismo arbitrario y la construcción en común, libremente, de un, por todos los pueblos, de un Estado de tipo federal». La «unidad», por tanto, aparece como horizonte indispensable, y estrechamente unido a las demandas federales. Además, y con enorme fuerza argumentativa, se señalaba que «cuando hablamos de la España futura, lo hacemos porque para nosotros España es una realidad, a la que nos sentimos adheridos; es la comunidad en la que históricamente hemos convivido todos; en la que se han creado lazos económicos, sociales, culturales, humanos, que son también un hecho , que diferencia a España de otros Estados». Se añadirá, además, el convencimiento de que «España es un producto de la historia mucho más rico, delicado y plural de lo que quieren hacernos creer los fanáticos del uniformismo». La centralidad de la premisa para los comunistas españoles estaba clara, no menos que su firme creencia en la existencia de un «hecho» nacional español. 29

En el fondo, se impone una cierta sensación de imprecisión respecto al modelo que seguir más allá del enunciado fuerte del federalismo. Algo que es extensivo al PSOE, que además ni siquiera tenía una estructura claramente organizada por territorios históricos. En el IX Congreso de 1964 se llegó a incluir una declaración anexa en que se apelaba a una «Confederación republicana de nacionalidades ibéricas», pero hasta 1972, en el XII Congreso, no ganó carta de naturaleza el análisis del llamado «problema de las nacionalidades», y ya claramente en 1974, en el Congreso de Suresnes, donde además se consagró la fórmula de las «nacionalidades y regiones», que no tenía precedentes en el socialismo español, además de la defensa del derecho de autodeterminación. 30El retraso respecto al PCE era claro. Pero desde luego, era mayor en otras fuerzas de la izquierda socialista española, como el PSP, 31cuya Comisión Nacional en 1974 se limitaba a afirmar que «reconoce la personalidad política de las comunidades histórica, económica y culturalmente diferenciadas, que constituye el Estado español» y defendía que una vez restaurada la democracia «las comunidades podrán definirse libremente al respecto». 32Al año siguiente, sin embargo, se defendía explícitamente el derecho de autodeterminación de las «nacionalidades y regiones», sin mayores concreciones. 33

Aunque, en realidad, en los documentos de la Junta Democrática, impulsada por el PCE, las demandas aparecían bastante más moderadas. Así, en la primera declaración de la Junta en julio de 1974, se propugnaba un punto noveno que hablaba tan solo del «Reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente», sin mención alguna a la multinacionalidad o al derecho de autodeterminación. 34