Juan Jesus Fernández Trillo - Tom Wolfe

Sin embargo, las dificultades metodológicas que encuentran los estudiosos para llevar a cabo esta tarea son siempre las mismas: ¿cómo examinar algo que carece de sustancia? ¿Cómo investigar su naturaleza si esta es siempre cambiante? El poder, por muy real que resulte 1 , no tiene existencia física, a pesar de que las fuentes de las que se obtiene sí la tengan y no es infrecuente caer en el error de identificar el poder con el dinero, con el conocimiento o con la fuerza física. Ahora bien, una superior acumulación de alguno de estos elementos no equivale necesariamente a un poder superior ni garantiza, en determinados contextos, la victoria en un conflicto – o la obtención de los resultados deseados por el actor – como demuestra, por ejemplo, el resultado de la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam o de la Unión Soviética en Afganistán.

Por esta razón, a menudo y para responder a estas preguntas, los analistas se han fijado en los resultados, han acudido a los efectos antes que a las causas y han apelado al estudio de las consecuencias que el ejercicio del poder por parte de las superestructuras sociales ha tenido sobre aquellos sectores de la sociedad con menor capacidad de decisión. C. Wright Mills analiza, en La élite del poder ( The Power Elite , 1956), la distribución del poder entre el selecto y minoritario grupo de personas que ocupan posiciones desde las que pueden tomar decisiones que afectan al resto de la población: “A medida que los medios de información y poder se centralizan, algunas personas llegan a ocupar en la sociedad americana posiciones desde las que pueden mirar hacia abajo, por así decirlo, e influir con sus decisiones sobre el mundo cotidiano de los hombres y mujeres comunes… están en situación de tomar decisiones de las más grandes consecuencias” (3). 2 Para Mills, el poder se acumula en los más altos estratos de las jerarquías de las tres organizaciones – o superestructuras – que en las sociedades modernas dirigen la vida de los ciudadanos; esto es, la maquinaria administrativa del estado, las grandes corporaciones económicas, y el conglomerado militar. Estos tres estamentos tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan ineludiblemente a quienes se sitúan más abajo, en la pirámide social. Mills, además, considera que una vez que los individuos alcanzan estas posiciones tanto sus actos, como su inacción cobran la mayor importancia: “Su inacción, su dejación en la toma de decisiones es en sí mismo un acto que tiene, con frecuencia, consecuencias mayores que las decisiones que sí toman” (4). Esta visión de una élite que acumula una enorme cantidad de poder fue muy contestada por los analistas políticos del momento, para quienes el sistema democrático en vigor se apoyaba en un equilibrio de fuerzas que se neutralizaban unas a otras. Robert Dahl (1958) respondió a lo que consideraba una concepción del poder inspirada por la ideología marxista asegurando que la existencia de esa supuesta ‘elite’ no estaba en absoluto demostrada y proponía un estudio de casos concretos 3 . Para Dahl, al contrario de lo que sucedía con Mills, el poder se identifica con su ejercicio (Lukes 2005). Las conclusiones de su propuesta señalan la existencia de diferentes actores, cada uno con diferentes intereses, que imponen sus criterios en diferentes áreas de la sociedad y sin una relación directa entre sí, por lo que no puede afirmarse que exista tal ‘elite’ de poder. En esencia, Dahl reafirma la validez del sistema pluralista democrático norteamericano.

En cuanto a la naturaleza misma del poder, Mills y Dahl lo contemplan también desde presupuestos diferentes; como una capacidad, el primero y como un ejercicio, el segundo. Dahl aporta una definición basada en la dominación: “A tiene poder sobre B en la medida en que puede obligar a B a hacer cosas que no haría en cualquier otra circunstancia” (Lukes 2005: 16). Esta definición del poder ha sido considerada reduccionista por analistas posteriores, como Taylor (1984: 171), quienes han sido más ambiciosos en sus estudios y han intentado determinar dónde se ubica, cómo se obtiene y se distribuye y cómo es posible oponerle una resistencia eficaz. Peter Morris (2002) aporta varios motivos para perseverar en el intento de comprender lo mejor posible la mecánica de su funcionamiento.

En el aspecto práctico, Morris considera que, si se desea prosperar en una sociedad en conflicto permanente, es preciso saber de cuánto poder se dispone, cuánto se halla en manos de los posibles adversarios y qué podrían hacer con él, si se dieran determinadas circunstancias. El poder aparece aquí como un elemento clave desde un planteamiento estratégico de las relaciones a todos los niveles, tanto interpersonales como de alta política de estado. Michel Foucault coincide hasta cierto punto con este planteamiento, si bien en su personal visión del poder este se encuentra estrechamente vinculado al dominio ejercido sobre otros, como se verá más adelante. Según Foucault, “debemos considerar las relaciones de poder como juegos estratégicos – juegos estratégicos que tienen como consecuencia que algunas personas intenten determinar la conducta de otras – entre las libertades y los estados de dominio, que son lo que habitualmente denominamos poder” (Foucault 1987: 19).

En lo relativo al aspecto moral, Morris establece una relación directa entre poder y responsabilidad, por cuanto la carencia del primero exime de la segunda (2002: 39). Recoge al hacerlo la afirmación de Mills, cuando este asegura que quienes tienen el poder de actuar, tienen también el deber de hacerlo para evitar daños o males en aquellos otros desfavorecidos o desempoderados, cuyo bienestar depende de las decisiones de la élite 4 . Morris añade que existen, además, razones evaluativas para establecer la distribución del poder en una sociedad determinada y examinar de la forma más precisa posible hasta qué punto los ciudadanos disponen de los medios necesarios para cubrir sus necesidades y la fuerza suficiente como para resistir las imposiciones o los abusos de las corporaciones y el estado, aspectos que, incidentalmente, tal y como Morris señala, no tienen por qué ir juntos (2002: 40-42).

La relación de poder entre el individuo y las grandes estructuras – la más evidente de las cuales la constituye el estado – siempre ha preocupado a los pensadores y John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil ( Second Treatise of Government , 1662), considera que el individuo debe conservar el suficiente poder como para oponerse a la tiranía de todo gobierno que pretenda esclavizarle. Para el filósofo inglés, todo ser humano nace libre y es con su consentimiento que cede parte de su autoridad sobre sí mismo a una estructura estatal: “La libertad natural del hombre consiste en no estar sujeto a ningún poder superior sobre la Tierra, y no estar bajo la voluntad o la autoridad legislativa de ningún otro hombre, sino tener tan solo como regla la ley de la naturaleza. La libertad en sociedad consiste en no estar bajo ningún poder legislativo, salvo el establecido por su consentimiento” (Locke, 1662, Chap. II, Sec.4).

Esta idea inspira la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde se recoge, de forma literal, que el estado asume la responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y el derecho a la felicidad de los ciudadanos y que su legitimidad emana del consentimiento de los gobernados:

Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres fueron creados iguales, que fueron dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables y que entre estos Derechos está la Vida, la Libertad y la consecución de la Felicidad. – Para asegurar estos derechos se instituyeron entre los Hombres los Gobiernos, cuyos poderes derivan del consentimiento de los gobernados. ( The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America , 1776)