Ciro Murayama - La democracia a prueba

La existencia de tribunales especializados en la materia electoral permitió dejar atrás una época en la que los actores políticos eran juez y parte en las elecciones, pues hasta 1994 la calificación de la elección presidencial quedaba a cargo de la Cámara de Diputados. Ahora esa tarea está en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Junto con la loable creación de la justicia electoral, también se ha dado una sobrerregulación del sistema electoral mexicano, que ha producido una abultada litigiosidad alrededor de los comicios. El capítulo decimoprimero se ocupa de explicar críticamente cómo funciona la justicia electoral y de qué manera se multiplican los litigios e impugnaciones electorales.

Con la reforma electoral de 2014 se dieron al INE atribuciones que antes correspondían a las autoridades electorales locales. Se trató de una reforma que respondió a una lógica centrípeta y centralista. Desde entonces gravita en el ambiente la idea de desaparecer a las autoridades locales. A explicar en qué consistió el cambio en las atribuciones de la autoridad nacional y las locales, así como a defender que el desarrollo del federalismo y de la democracia pasen por el fortalecimiento de las instituciones de las entidades de la república y no por su amputación, se destina el capítulo final de este volumen.

Por último, se presenta un breve epílogo, escrito a partir de las preocupaciones sobre el porvenir del sistema electoral y de la democracia mexicana. Una democracia que sigue estando a prueba.

No está de más reconocer que estas páginas son una no disimulada defensa del honesto trabajo de miles de funcionarios públicos que laboran en el INE, pero también de los millones de personas que con su participación hicieron posible el proceso que produjo en un día el ejercicio democrático más amplio de la historia del país: los capacitadores y supervisores electorales, así como los funcionarios de casilla, ciudadanos de a pie, vecinos de los votantes, que voluntariamente se asumieron como autoridades electorales e hicieron posible el 1º de julio de 2018 una jornada abrumadoramente pacífica, una demostración de civismo y compromiso democrático.

Este libro es fruto de incontables jornadas de reflexión y trabajo en el INE, donde fui designado consejero electoral del Consejo General por un periodo de nueve años en abril de 2014. Los capítulos que conforman este volumen se nutrieron de la conversación con quienes han sido en distintos momentos mis colaboradores en el Instituto –Fernando Arruti Hernández, Elena Cruz Sauza, Rosa Gómez Tovar, Maribel Martínez González, Farah Munayer Sandoval, Gonzalo Olivares de la Paz, Ángeles Plascencia Acosta y Bárbara Torres Méndez–, quienes participaron en la elaboración de los primeros borradores y a quienes se otorga el respectivo y merecido crédito en cada texto. A ellos, mi reconocimiento profesional como servidores públicos ejemplares y mi inagotable agradecimiento personal por su apoyo, dedicación y paciencia. Hay una ausencia presente en estas páginas: Adolfo Sánchez Rebolledo (1942-2016), lúcido e íntegro intelectual de la izquierda mexicana, quien me obsequió, en los primeros años de mi responsabilidad en el INE, ricas conversaciones y valiosos consejos con su profundo conocimiento sobre la democracia y los problemas de México. Mi agradecimiento también para Bertha Trejo Delarbre, por su profesional y esmerado trabajo en la revisión del manuscrito de este libro. Asumo en lo individual, eso sí, la responsabilidad por entero en las tesis y afirmaciones que aparecen en estas páginas. Para sustentarlas, el libro se nutre de la amplia información pública que hay sobre las elecciones y la manera como se toman las decisiones en el INE; con ese propósito, he recurrido a datos que son públicos y verificables, evitando que éste sea un libro de memorias o de anécdotas personales privadas. He querido ofrecer un conjunto de ensayos políticos sobre los temas más relevantes de la vida electoral del país y acerca de las causas con las que me siento tan identificado como comprometido.

De la experiencia de laborar en el INE y de las horas que dediqué a escribir estas páginas sólo hay algo que lamento: el tiempo que hurté a la compañía de Marta, María y Julia, pues son ellas quienes dan sentido a lo que hago y a lo que soy.

CMR

Coyoacán, marzo de 2019

* Maribel Martínez González colaboró en la elaboración y procesamiento de la estadística incluida en este capítulo.

De las cuatro elecciones presidenciales celebradas en México en las primeras dos décadas del siglo XXI, en tres se produjo alternancia en la Presidencia de la República: en 2000 hacia el centro-derecha con el Partido Acción Nacional (PAN) después de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); en 2012 se le dio una nueva oportunidad al PRI, ubicado en el centro, y en 2018 con claridad el electorado se decantó por la opción identificada con la reivindicación de la bandera de la igualdad social. Así que, en menos de 20 años, todo el espectro político estuvo en condiciones de hacerse con el poder a través de vías institucionales y pacíficas.

Por ello, más allá de la contundencia del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018 (obtuvo el 53% de los 56.6 millones de votos emitidos), lo cierto es que las condiciones para un cambio de gobierno estaban dadas por un sistema electoral que desde fines del siglo XX permitía, una y otra vez, hechos políticos que sólo ocurren en democracia. Baste enunciar que a partir de 1997 el presidente de la república, otrora vértice y árbitro de la vida nacional, perdió el control de la Cámara de Diputados; lo mismo ocurrió con el Senado desde el año 2000, lo que hizo efectiva la división de poderes y los contrapesos del Legislativo al Ejecutivo. En 1989 por primera vez la oposición ganó una gubernatura (Baja California), mientras que entre 2015 y 2018, de 33 elecciones a gobernadores, en 21 casos ganaron candidatos opositores. Esto arroja un índice de alternancia de 63.63%, el más alto de la historia, por lo que el federalismo político y la autonomía local respecto a los designios presidenciales han sido una realidad que conviene preservar.

Vale la pena detenerse en estos datos duros, en la expresión del sufragio como mecanismo privilegiado para renovar los mapas de gobierno y de representación política, pues se trata de un fenómeno fractal, es decir, que ocurre en las distintas escalas del sistema político, tanto en el plano nacional como en el ámbito de las entidades federativas y también en el nivel municipal.

Frente a visiones adánicas, que suponen que la historia política de un país puede tener un día cero, de creación, y no –como ocurre en la realidad– nutridos procesos de construcción social, política, institucional y legal con múltiples actores, es preciso analizar los resultados electorales de 2018 a la luz de las preferencias ciudadanas de elecciones previas, que subrayan una constante expansión de las alternancias y de la pluralidad. Un análisis que vaya más allá de una jornada electoral –sin excluirla, por supuesto– permite reconocer que las novedades democráticas en México no comenzaron en 2018 y que tampoco tendrían por qué darse por concluidas a partir de entonces.

En la elección presidencial de 2018 el candidato ganador obtuvo 30 millones de sufragios, que representan el 53% de la votación emitida (por lo que el resto de los sufragios, 47%, favorecieron a otras opciones en la boleta, se destinaron a candidatos no registrados o fueron votos nulos) y 54.8% de la votación válida. 25Habían transcurrido cinco elecciones presidenciales y 30 años desde la última vez que el ganador recibió más de la mitad de los votos. Pero poco tienen que ver ambas elecciones entre sí, salvo que fueron presidenciales, pues la de 1988 careció de los elementos de certeza básicos de la de 2018: autoridad electoral autónoma del gobierno, padrón confiable, condiciones equitativas de la competencia, mesas de casilla integradas por ciudadanos independientes, actas de escrutinio públicas, cifras oficiales de resultados el mismo día de la elección, calificación por un tribunal adscrito al Poder Judicial y no por un órgano político –la Cámara de Diputados convertida en colegio electoral– donde los partidos eran juez y parte.