De alguna manera, este texto trata también de ser un desmentido a la noción, tantas veces reiterada, de que aún era posible que ocurriera una elección controlada por el gobierno o incluso que se diera un fraude electoral, y refuta a quienes reconocen la limpieza de la elección sólo porque los resultados coincidieron con sus preferencias políticas. Este libro sale al paso de la posverdad –entendida como la propagación de versiones falsas que se magnifican en las redes sociales–, 24para lo cual se sustenta en hechos y datos verificables sobre el sistema electoral mexicano. En este sentido, se hace aquí un recuento de las garantías de imparcialidad, independencia y legalidad en cada tramo de la organización y desahogo de las elecciones, atributos que es indispensable defender y mantener para que el poder se siga renovando de forma democrática.
El primer capítulo presenta los resultados de las elecciones de 2018 y recupera los resultados de comicios previos, con el propósito de documentar cómo desde hace años el voto libre y una cada vez mayor competencia electoral cambiaron el mapa del poder y de la representación política, tanto a escala nacional como en las entidades federativas y en el plano de los municipios, con lo que se ha generado una auténtica era política caracterizada por las alternancias.
El segundo capítulo explica cómo se organizan las elecciones, de qué manera la presencia de una autoridad electoral que cuenta con un sólido servicio civil de carrera –el Servicio Profesional Electoral Nacional– se conjuga con la actuación de consejeros electorales en 300 consejos distritales y 32 consejos locales, en los que se toman las decisiones clave: desde la ubicación de cada lugar de votación hasta la conformación de las mesas directivas de casilla por ciudadanos que serán los responsables, en la jornada electoral, de contar los votos y elaborar las actas de escrutinio y cómputo, que son el documento legal a partir del que se construye el resultado de cada elección. Se describen, también, los múltiples candados de seguridad que se han establecido para garantizar el voto secreto y que un ciudadano solamente pueda emitir un sufragio por cada cargo de elección. Además, muestra cuál es el papel que le corresponde al INE –a diferencia del que en su momento tuvo el Instituto Federal Electoral, IFE– tras la reforma electoral de 2014, en la organización de las elecciones locales.
La base de toda elección confiable pasa por tener un padrón confiable. En México el censo electoral no es controlado por el gobierno, sino que lo elabora el INE bajo la supervisión permanente de todos los partidos políticos. Además de confeccionar y actualizar el padrón electoral, que ya alberga a nueve decenas de millones de ciudadanos, el INE está a cargo de diseñar la geografía político-electoral a fin de permitir que la representación de los habitantes del país no esté distorsionada ni diseñada para favorecer intereses partidistas. El tercer capítulo se dedica, así, al padrón y la distritación.
Las horas que siguen al fin de una votación son claves para la credibilidad de todo el proceso. México vivió en 1988 la traumática experiencia de la «caída del sistema» que interrumpió la emisión de resultados oficiales, así que las normas e instituciones electorales de la democracia se han propuesto ofrecer información oportuna, precisa y verificable de las preferencias de la ciudadanía la misma noche de la jornada electoral. Cómo operan los conteos rápidos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es el propósito del capítulo cuarto, que también explica cómo se realizan los cómputos distritales y de qué manera se hacen los recuentos de votos a partir de los cuales se conforman los resultados finales de los comicios.
México permite el ejercicio del sufragio para los connacionales que viven fuera del territorio nacional. La primera vez que se votó desde el exterior fue en 2006, y tras la experiencia de 2012 se aprobó, en la reforma electoral de 2014, que el INE emitiera la credencial para votar con fotografía para los mexicanos residentes en el extranjero. Gracias a ello, el número de votos desde el exterior se ha triplicado. Cómo se vota desde el exterior y cuáles son los retos para fomentar una mayor participación de los compatriotas que viven fuera del país es la materia del quinto capítulo.
No hay democracia sin partidos políticos. México cuenta con un sistema de partidos abierto, al que pueden llegar nuevas organizaciones y del que también pueden salir aquellas fuerzas que no tienen un respaldo mínimo de la ciudadanía. Merced a ese diseño, un partido político que no existía un lustro atrás –Morena– se hizo con la victoria en la elección de 2018. El nacimiento, muerte e incluso la resurrección de los partidos políticos son los temas del capítulo sexto.
A partir de 2014, la Constitución y las leyes electorales hicieron posible que se presentaran candidaturas independientes para competir por cargos de elección popular. Hasta entonces, la postulación de candidatos había sido un monopolio de los partidos políticos. El auge de las candidaturas independientes, que inyectaron aire fresco a la competencia electoral, se hizo patente en 2018. El séptimo capítulo se hace cargo de las tareas de registro de las candidaturas independientes, examina hasta dónde hubo una renovación de las prácticas políticas, dando cuenta puntual de los intentos de fraude en la presentación de apoyos ciudadanos en que incurrieron distintos aspirantes a una postulación por la vía independiente, y refiere cómo les fue a los distintos candidatos sin partido al pasar por el tamiz de las urnas.
No hay política contemporánea sin el concurso de los medios de comunicación de masas, cuya importancia en la cobertura de los procesos electorales resulta innegable. México cuenta con un modelo de comunicación política que permite el acceso de partidos y candidatos a la radio y la televisión de forma gratuita, con cargo a los tiempos del Estado, y que prohíbe la compra de publicidad política en esos medios electrónicos para evitar que las preferencias de los concesionarios y el encarecimiento de la contratación de espacios incidan en la equidad de la contienda. A la par, la ley electoral dispone que el INE realice un monitoreo de la cobertura de los noticiarios sobre las campañas, a efecto de crear un contexto de exigencia con información pública acerca del trabajo de los medios. Ese monitoreo es realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El capítulo octavo explica de qué manera se regulan los medios en los procesos electorales y cómo hay un trato cada vez más parejo a las distintas opciones electorales por parte de la prensa.
Junto con las elecciones competidas llegaron los debates entre candidatos. En México la historia de los debates se remonta a 1994, pero en 2018 se vivió el ejercicio más frecuente de estos encuentros entre candidatos, pues se celebraron tres debates presidenciales. Fue importante trascender la rigidez de anteriores debates y permitir que los moderadores interpelaran y cuestionaran a los candidatos. Contar cuáles fueron las novedades de los debates y cómo se planearon es la intención del noveno capítulo.
Dinero y política conforman una tensa e ineludible relación en toda democracia. Partidos y candidatos requieren recursos económicos para desplegar sus tareas y campañas, pero el dinero puede ser disruptivo del propio proceso democrático si genera asimetrías en las condiciones de la competencia electoral. Además, no hay donaciones privadas desinteresadas a los actores políticos, y distintas democracias contemporáneas se han visto manchadas y debilitadas por escándalos de financiamiento político irregular. México cuenta con una legislación avanzada, incluso en la comparación internacional, para regular el financiamiento a la política, poniendo énfasis en los recursos de origen público y en una distribución que genera un piso de equidad, además de que contempla obligaciones de rendición de cuentas de los actores políticos que son de las más rigurosas del orbe. Aun así, el tema del dinero se ha vuelto la manzana de la discordia en los procesos electorales e incluso la Constitución señala que el gasto excesivo en una campaña puede dar lugar a la nulidad de una elección. A explicar mitos y realidades de la relación entre dinero y política en México se aboca el capítulo décimo.
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