Lina Rosa Berrio Palomo - Antropologías feministas en México

La presencia de antropólogas feministas también ha sido muy relevante en asociaciones profesionales como la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, e instancias interdisciplinarias, como la Red Género, Sociedad y Medio Ambiente, la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, por mencionar solo algunas del orden nacional.

A nivel internacional, destaca la organización de tres Coloquios Latinoamericanos de Antropología Feminista (Buenos Aires, Argentina, 2013; Ciudad de México, México, 2015 y El Salvador, Brasil, 2018), la participación en ediciones recientes del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, y de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, entre otras.

Las asociaciones profesionales también han reconocido la importancia de la antropología feminista y de género a través de comisiones, secciones y grupos de trabajo, como lo muestran el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (a pesar del nombre en masculino), la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, la American Anthropological Association, el World Council of Anthropological Associations, la Asociación Brasileña de Antropología y la Asociación Latinoamericana de Antropología, entre muchas más.

A ellas se suman las asociaciones, sindicatos y redes de muy diversa índole en las que participan las antropólogas feministas como académicas, como asesoras y como activistas, destacando entre éstas los fructíferos diálogos con las antropólogas feministas de la región, especialmente con las colegas del Cono Sur, de Brasil, del área andina, de Centroamérica y del Caribe, quienes a su vez han recorrido caminos similares para abrir espacios y posicionar nuestras preocupaciones específicas, metodologías, temas y posicionamientos dentro del propio campo disciplinario.

La historia de la región está marcada por experiencias de dictaduras, regímenes autoritarios, violencias estructurales, que han implicado para muchas colegas, la salida de los respectivos países y la inserción en nuevos espacios académicos, organizativos, políticos, o bien para otras, la participación en espacios de apoyo solidario a las diversas luchas sociales de la región. Estas movilidades han posibilitado a su vez la circulación de ideas, constituyen parte del pensamiento colectivamente construido y contribuyen a dar un sello tanto en términos temáticos como en el tipo de metodologías utilizadas y en la caracterización como una antropología feminista que a su vez se plantea dar respuesta frente a los embates de las miradas más conservadoras y el avance de los procesos de derechización en América Latina.

Sin embargo, las redes que quizás sean más significativas y entrañables son las que van generando las antropólogas feministas entre sí y con quienes trabajan. De ahí han surgido infinidad de proyectos, actividades, publicaciones, iniciativas de políticas públicas, posicionamientos políticos, amistades y complicidades.

Presencia de las antropólogas feministas en México

En congruencia con la premisa feminista de investigar para transformar y de investigar los temas que las mujeres quieren y necesitan (Harding, 1987), consideramos necesario mencionar al menos a cuatro destacadas e influyentes antropólogas feministas mexicanas –con amplia presencia internacional– que, desde posicionamientos teóricos y políticos distintos, han impulsado numerosos proyectos formativos, investigaciones, procesos legislativos y acompañamiento a mujeres en situaciones de extrema precariedad, contribuyendo con ello al avance de los derechos de las mujeres. Las cuatro cuentan con una trayectoria académica y de investigación ampliamente reconocida, por lo cual aquí nos interesa poner de manifiesto la importancia que reviste su presencia pública, entre otras cosas, como evidencia de la relevancia social y política que llega a alcanzar la antropología feminista en nuestro país.

Mercedes Olivera ha sido una de las antropólogas más reconocidas en el sureste de México y en América Latina no sólo por sus trabajos teóricos sobre la situación de las mujeres, sino también por su conexión activa con los movimientos indígenas y campesinos. Sus preocupaciones por los conflictos por la tierra, la explotación en los campos agrícolas y la manera en que las mujeres indígenas han experimentado dobles y triples opresiones, la violencia sexual y el feminicidio, la llevaron a fundar el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C. desde donde se han ideado diversas reivindicaciones por la igualdad de género, clase y etnia en las regiones indígenas y campesinas y colaboraciones con procesos creativos y autonómicos. Su quehacer en la antropología de las mujeres ha partido de la idea de generar puentes entre la investigación y la transformación social.

Marcela Lagarde y de los Ríos, en calidad de diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática, creó y presidió la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada en el marco de la LIX Legislatura del Parlamento Mexicano (2003-2006). Desde ahí impulsó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual fue el apoyo académico para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De forma previa a ese cargo y con mayor fuerza a partir de él, elaboró las definiciones de violencia feminicida y feminicidio (Lagarde, 2010) que se han convertido en un referente conceptual y político a nivel latinoamericano.

Marta Lamas, con María Consuelo Mejía, Patricia Mercado, Sara Sefchovich y Lucero González, creó en 1991-1992 el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el cual ha tenido una presencia constante en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su participación en el debate que se suscitó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en torno a la iniciativa de ley para despenalizar el aborto fue por demás relevante. Asimismo, sus aportes en la sistematización de la historia de la discusión y en la presentación de los argumentos político-académicos que guiarían las acciones de las activistas en la exigencia de la modificación a la ley, fueron decisivos para cumplir con el objetivo central de GIRE en ese momento: proporcionar información seria a la sociedad y a las autoridades para lograr la aceptación del derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria (Lamas, 2003). En abril de 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó la reforma local al Código Penal y la adición a la Ley de Salud, las cuales declararon legal la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.

Rosalva Aída Hernández Castillo, además de ser una prolífica investigadora, es colaboradora habitual del periódico La Jornada, espacio en el cual debate temas de actualidad desde su postura feminista decolonial y de apoyo permanente a las luchas sociales, en particular indígenas. En los años más recientes ha vertido su labor en dos áreas significativas: el trabajo con mujeres privadas de su libertad (Hernández, 2015) y el acompañamiento a madres y familiares en búsqueda de personas desaparecidas, en particular en el norte del país. En relación con este último proceso, su participación en la conformación del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) y los subsecuentes resultados del trabajo de este grupo a través de la Guía de búsqueda de personas desaparecidas con enfoque en la verdad y la justicia (2018) es un buen ejemplo de la devolución a la comunidad de un conjunto de conocimientos prácticos que orienten sus acciones políticas.

Desafíos para el trabajo de campo antropológico en el contexto actual