Julia Cage - El precio de la democracia

En otros términos, son numerosas las armas a disposición de un gobierno deseoso de influir —ya sea en un sentido o en otro— en el juego político por medio del dinero privado y los recursos públicos que se le inyectan. Ahora vamos a poner las cosas en orden para ser capaces, a fin de cuentas, de responder las siguientes preguntas: ¿cuánto gasta el Estado, cada año, para financiar las preferencias políticas de los ciudadanos, y en qué medida varía este gasto según los ingresos de cada quién?; en los países donde está poco regulada, ¿la inyección masiva de dinero privado vuelve inoperantes los subsidios públicos?; y sobre todo: ¿cuáles son las consecuencias concretas de esos distintos modelos de financiamiento?, ¿los modelos que pueden considerarse “de mercado” favorecen a los partidos más conservadores, en detrimento de otros movimientos más contestatarios?, ¿conducen a una representación desigual de las preferencias políticas de cada quien y a políticas públicas sesgadas? Es urgente responder estas preguntas, puesto que, en cierto número de países, el financiamiento público de la democracia se encuentra amenazado, cuando no ha sido ya aniquilado, con consecuencias a menudo drásticas, e inequidades que garantizan su propia perpetuidad.

El objetivo de este libro es abrir los ojos del lector a las realidades de las prácticas actuales y proporcionarle todos los elementos necesarios para que él mismo pueda elegir el modelo que le parezca mejor para restaurar la buena salud de los sistemas democráticos en el siglo XXI. La cuestión esencial es la siguiente: ¿qué reformas deben aplicarse sin tardanza para que sea posible, por fin, restringir el papel del dinero privado en el funcionamiento de nuestras democracias y restaurar así el principio fundacional de una persona, un voto? Pero ten paciencia: eso quedará para la última parte de esta obra.

EL FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LA

DEMOCRACIA: UN SISTEMA (SÓLO EN PARTE)

CONTROLADO (¿Y POR CUÁNTO TIEMPO?)

Conforme avanzan las elecciones, aumenta también el temor —a menudo justificado— al fraude electoral, temor alimentado por el miedo a la corrupción. Compra de votos, compra de políticos, manipulación de los medios… No ha hecho falta esperar a House of Cards y al jubiloso Frank Underwood para descubrir el abanico de posibilidades que se abren a los ambiciosos que se han nutrido de Shakespeare y la moral de su Ricardo III. “La conciencia no es más que una palabra que usan los cobardes, ideada por primera vez para asustar a los fuertes; nuestros recios brazos sean nuestra conciencia y nuestras espadas, nuestra ley. Adelante.” Así exclama el rey Ricardo, político maquiavélico de pensamiento complejo. Es una útil advertencia histórica.

Sin embargo, en numerosos países, ha hecho falta esperar mucho tiempo para que el financiamiento privado de la democracia se controlara, es decir, para que se limitaran las aportaciones privadas al juego electoral, notable fuente de corrupción. Estados Unidos fue uno de los primeros países en regularlas (en parte, quizá, para distanciarse de la vieja Europa, percibida como aristocrática y antidemocrática), para luego deshacer lo que había hecho. La primera expresión de la voluntad de limitar la corrupción en las elecciones federales estadounidenses se remonta a 1867, con la Naval Appropriations Bill [Ley de Apropiaciones Navales], que pretendía impedir que los oficiales de la marina y los empleados del gobierno recaudaran contribuciones entre los empleados de los astilleros. Esta regulación se extendería muy pronto, volviendo ilegal que los empleados del gobierno solicitaran e hicieran contribuciones para las elecciones federales, 1hasta llegar a la prohibición de las contribuciones financieras de las empresas a las campañas electorales nacionales, en 1907, con la Ley Tillman. 2No obstante, también los límites de esta regulación se harían evidentes muy pronto, sobre todo por la ausencia de un órgano regulador. 3

La simulación de la legislación estadounidense

Aún hoy, en Estados Unidos las donaciones (directas) de empresas a las campañas electorales están prohibidas. No obstante, las donaciones de individuos están autorizadas. En principio, las donaciones a campañas —o, más precisamente, al comité local de un candidato— para las elecciones federales están limitadas a 2700 dólares por individuo para cada elección. Aun así, los ciudadanos pueden aportar hasta 5 mil dólares anuales a los comités de acción política (PAC, por las siglas de political action committee ), organizaciones privadas que desempeñan un papel de extrema importancia en la vida electoral de Estados Unidos, pues se dedican a apoyar a un candidato o, por el contrario —cosa muy frecuente—, a “destruir” a otro. 4Además, pueden donar cada año hasta 10 mil dólares a los comités locales de los partidos políticos y hasta 33900 dólares a los partidos a nivel nacional. En resumidas cuentas, están autorizadas a ejercer su generosidad política hasta por 101700 dólares por comité y por año, contribuyendo a otros comités del mismo partido a nivel nacional, sobre todo en el marco de las convenciones nacionales o la construcción de las sedes de los partidos. 5Así, a fin de cuentas, un individuo está autorizado a dedicar varias decenas de miles de dólares al año a defender sus ideas en el escenario electoral estadounidense.

No sólo se han ampliado estos umbrales, sino que, en los hechos, este sistema ya no funciona, pues aunque existen límites han perdido todo sentido a causa de la existencia de los “súper PAC”: grupos de presión que no tienen restricción alguna y pueden recibir donaciones ilimitadas, también de parte de empresas. Por eso, en la actualidad, los gastos electorales en Estados Unidos se cuentan ¡en miles de millones! En 2016 y 2017, se dedicó a los gastos electorales un promedio de 11.50 euros por cada estadounidense adulto. Estos “súper PAC” no están exentos de las recientes desviaciones de la democracia estadounidense, una democracia secuestrada por algo que podemos sentirnos tentados a denominar “casta”. Es una desviación que afecta a republicanos y demócratas a la vez, y deja la puerta abierta a candidatos populistas dispuestos a denunciar a una élite sometida al poder del dinero. Veremos esto en detalle en el capítulo 7. Sin embargo, antes de estudiar estas desviaciones, relativamente recientes, y la manera en que los “súper PAC” han llegado a destruir casi por completo el sistema de regulación estadounidense, continuemos nuestro recorrido por diferentes países y por las maneras en que se han aplicado (o no) las reglas para limitar el financiamiento privado de la política.

Así en el Reino Unido como en Alemania:la democracia sin regulación

En el Reino Unido, si bien los gastos electorales están controlados desde hace décadas —como vimos en el capítulo 1—, las donaciones no lo están. Es por eso que Patrick H. Gregory pudo aportar al Partido Conservador la modesta suma de un millón de libras en 2017, desplazando a la segunda división a Michael Davis y su cheque de 508 mil libras, firmado unas semanas antes. Esperemos que la postulación como presidente del Partido Conservador, en junio de 2017, le haya servido de consuelo a este último. A menos que haya encontrado ese consuelo junto a su compañero David E. D. Brownlow, empresario y filántropo —según sus propias palabras—, cuyo cheque emitido también en junio de 2017, por un monto de 566750 libras al Partido Conservador, seguramente no guarda relación alguna con su postulación como vicepresidente a cargo de las campañas.