Baldo Kresalja - Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía

3. Antes de terminar con este apartado, no es posible dejar de hacer mención de lo que ha constituido una extensa práctica en América Latina respecto de la forma como se ha entendido la democracia liberal. Dice Nino:

la adopción incómoda en América Latina de los dos componentes del constitucionalismo liberal democrático se refleja en el hecho de que ambos —la participación popular y el gobierno limitado— han sido internalizados solo parcialmente en la cultura política de la población. La investigación empírica apoya la hipótesis de que la adhesión de la gente a la democracia es mucho más fuerte en cuanto a su dimensión participativa que en relación a la dimensión liberal de la tolerancia y el respeto por los derechos35.

El constitucionalismo democrático precisa reconocer tanto su dimensión democrática participativa como la liberal, fundada esta última en los derechos de los individuos. Es necesario, entonces, crear un marco normativo que incorpore ambas dimensiones; pero también lo es no olvidar que aquellos que promocionan sin cautela la práctica de las modalidades de la democracia directa suelen ser ajenos a ese necesario intento.

4. No me parecen ajenas a estas consideraciones las poco numerosas propuestas en el Perú de una refundación republicana, que parte de un severo análisis histórico y sociológico sobre lo ocurrido en el país desde su independencia y cerca ya a los doscientos años de su proclamación. Esas propuestas conllevan siempre un contenido radical, pero de variaciones múltiples. Creo que es preciso rescatar el debate porque no solo no está agotado, sino que es necesario activarlo. Como parte de las últimas argumentaciones a favor de una refundación republicana, una Segunda República, se encuentra la propuesta de Nicolás Lynch en su reciente ensayo Cholificación, república y democracia36. Señala este autor que la tentación de considerar la refundación como la negación de todo lo existente está alejada de su intención, pues lo que él propone es la superación de un orden político, económico y social anterior; en otros términos, diseñar un gran acuerdo que deje definitivamente atrás la herencia colonial, la desigualdad, el Estado patrimonial y el sistema neoliberal. Busca recoger más bien la energía y logros de movimientos sociales y de partidos políticos progresistas, propone un Estado que tenga soberanía sobre su territorio y recursos naturales, y que sea expresión de la diversidad de sus habitantes, una república de ciudadanos caracterizada por su mestizaje, respeto por la propiedad privada en armonía con el interés social y una reforma política que promueva la participación y que tenga autonomía frente a los poderes fácticos, especialmente en las áreas de la economía y de los medios de comunicación. En algunas de estas propuestas —no en todas, por cierto— se podrá probablemente lograr un consenso democrático apoyado en una mayoría que respete a las minorías, consenso necesario para realizar las reformas de envergadura que el país requiere.

1Ferrajoli, L. Derechos y garantías. (7.ª edición). Madrid: Editorial Trotta, 2010, p. 23.

2Ibid.

3Entre ellos este de Burdeau, citado por Adell: «la democracia es hoy día una filosofía, una manera de vivir, una religión y, casi accesoriamente, una forma de gobierno» (en «El poder de los contrapoderes», en Ignacio Gutiérrez (Coord.), La democracia indignada. Granada: Comares, 2014, p. 122).

4Held, D. Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial, 2009, p. 332.

5Considero que el Gobierno de Alberto Fujimori ha tenido un impacto social e institucional de gran importancia en la vida política del Perú, razón por la cual no puede dejársele de mencionar: su prédica se ha mantenido vigente hasta nuestros días en especial en los más jóvenes. En la Introducción del libro Nuevos tiempos, nueva política, de R. Grompone y C. Mejía (1995), publicado cuando aún estaba en el poder Fujimori, se señala —en mi opinión, acertadamente—: «el Perú ha ingresado a un nuevo ciclo político en el decenio de los 90. Fujimori proclama ser el abanderado de “la política de la antipolítica”. No encuentra contendores que consigan persuadir a la mayoría de los ciudadanos de la dignidad de la actividad pública y de la importancia de los partidos como representantes de los intereses de una sociedad diversa y plural, defensores de proyectos y utopías, promotores de la participación. Se extiende en el país un malestar con la política como ámbito de liberación. Se cuestiona a la democracia como construcción de instituciones con capacidad de alentar acuerdos, regular consensos, proteger a las minorías y permitir la expresión de derechos» (Lima: IEP, 1995, p. 9).

6Nino, C. S. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 101.

7Bobbio, N. El futuro de la democracia. México: FCE, 1994, p. 47.

8Greppi, A. «La democracia sin enemigos», en La democracia y su contrario. Madrid: Trotta, 2012, p. 10.

9Hernández, R. «¿Qué es democracia?», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia. Lima: IEP, 2005, p. 152.

10Tanaka, M. «El regreso del Estado y los desafíos de la democracia», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 98.

11Mires, F. Civilidad. Madrid: Trotta, 2001, p. 108.

12Inerarity, D. La política en tiempos de indignación. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016, p. 172.

13Sobre el tamaño de los Estados y la práctica democrática vid. Dahl, R. La democracia. Buenos Aires: Taurus, 1999, pp. 123 y ss., quien afirma: «La ley del tiempo y el numero: Cuantos más ciudadanos contenga una unidad democrática, tanto menos podrán participar los ciudadanos directamente en las decisiones políticas y tanto más tendrán que delegar su autoridad sobre otros».

14Biscaretti di Ruffia, P. Derecho constitucional. Madrid: Tecnos, 1987, p. 217.

15El constitucionalismo democrático, dice Greppi, se origina a partir de la feliz convergencia de una exigencia liberal y una democrática: la garantía de los derechos individuales y el reconocimiento de la igualdad política, lo que fue posible de alcanzar al establecerse mecanismos de representación política y control reciproco entre poderes funcionalmente diferenciados, en «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 41.

16Afirma Elías Díaz: «La soberanía popular por definición solo lo es cuando es producida por la libertad de todos, empezando como mínimo por la libertad crítica de expresión y participación en consultas y comicios […] la soberanía popular se construye y se va forjando a través de la crítica de todos ejercida de modo constante» en De la maldad estatal y la soberanía popular. Madrid: Debate, 1984, p. 58.

17Desgraciadamente ello ha dado lugar a continuas referencias en la mejor doctrina internacional del pobre desempeño democrático en esa región del mundo. Así, por ejemplo, K. Loewenstein afirma: «En Iberoamérica, sin embargo, el estado de sitio (o de asamblea) es el método corriente para que el gobierno asuma poderes ilimitados ante situaciones de excepción reales o pretendidas. Los pueblos de Iberoamérica, con su perenne turbulencia política, su violenta lucha por el poder entre camarillas, facciones, partidos y clases, y con la tradicional impotencia e incapacidad de los parlamentos, es el campo clásico para las dictaduras presidencialistas bajo el manto del estado de excepción constitucional. Para el caudillaje, el estado de sitio es el medio más apropiado y típico para montar un gobierno autoritario» (Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1982, p. 287).

18Rousseau, J. J. El contrato social. Madrid: Colección Austral, Espasa Calpe, 1975, libro tercero, capítulo XV.