Baldo Kresalja - Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía

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Los tres ensayos que se recogen en el presente libro serían, de por sí, interesantes trabajos para entender algunas cuestiones conceptuales relacionadas a la democracia, la representación y la ciudadanía. Con ello, ya sería suficiente para que estos textos despertasen el interés.
Si a eso le sumamos el contexto particular de nuestro país, relacionado a la inestabilidad política, la crisis de representación, y los movimientos ciudadanos que se han dado en algunos momentos clave, esta obra cobra una nueva dimensión que nos permitirá relacionar la teoría con la realidad, y con ello tener mejores elementos de juicio y, por qué no, una oportunidad para pensar en la ciudadanía desde una perspectiva distinta.
BALDO KRESALJA ROSSELLÓ
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración de Negocios (ESAN). Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la PUCP. Director del Anuario Andino de Derechos Intelectuales. Ha publicado artículos y libros jurídicos en las áreas de los derechos intelectuales y el derecho constitucional. Ex Ministro de Justicia. Miembro de Número de la Academia Peruana de Derecho. Socio de Duany & Kresalja Abogados. Miembro de APPI, ASIPI, INTA, FICPI, AIPPI.

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6. Debemos, desde nuestra condición de país en desarrollo y en el proceso de construir una nación de naciones, entender que la palabra «democracia» encierra entre nosotros significados varios; por ejemplo, traduce «un conjunto de sentimientos e ideas que tienen en común una fuerte carga igualitarista o, más específicamente, niveladora. Supone un anhelo de cambio en cuanto a prácticas cotidianas consideradas discriminatorias. La democracia es percibida como un modo ideal de relacionarse entre personas de diferente condición social y económica»9.

Pero para que aquello se consolide y pueda afirmarse que tenemos un régimen consolidado:

se requiere una sociedad civil con plena libertad de expresión y asociación; una sociedad política con una competencia electoral libre e inclusiva; un Estado de Derecho que respete las normas constitucionales; un aparato del Estado capaz de hacer valer las normas burocráticas, fundadas en la racionalidad y la legalidad; y una sociedad económica en la que los mecanismos de mercado funcionen en el marco de las instituciones10.

Mas para conocer la dinámica de la democracia no basta con estudiar a las élites y lo que aceptan como reglas del juego; es preciso recurrir al mundo de lo social que en ocasiones irrumpe desde fuera en el ordenamiento constitucional bajo la forma de descontento y protestas varias, máxime cuando el Estado es incapaz de asegurar el control sobre todo su territorio, es institucionalmente débil y goza de baja legitimidad. Si a ello se adiciona que la organización política tiene un ingrediente en el que tenga presencia cotidiana la explotación de las mayorías, como ocurrió en parte importante de los siglos XIX y XX, nos encontraremos entonces, como se ha afirmado, con una «república sin ciudadanos».

7. Hay que tener presente que:

ninguna nación está libre de que en algún momento el poder sea asaltado por hordas de fanáticos, o incluso que la población sea, casi sexualmente, seducida por algún líder carismático. La democracia vive siempre en peligro, y a veces sucumbe a sus propias tentaciones. Pero si en algún lugar ha habido democracia, hay que contar siempre con su poder de recuperación, pues en una verdadera democracia los principios que la rigen no viven solo en códigos, sino interiorizados en almas ciudadanas11.

Recordar también que la democracia es obra de sujetos, pero también formativa de estos.

Finalmente, no podemos dejar de apuntar que en nuestros días:

el paisaje político se ha polarizado en torno al pelotón de los cínicos tecnócratas y el de los ilusos populistas; los primeros, se sirven de la complejidad de las decisiones políticas para minusvalorar las obligaciones de legitimación, mientras que los segundos suelen desconocer que la política es una actividad que se lleva a cabo en medio de una gran cantidad de condicionantes; unos parecen recomendar que limitemos al máximo nuestras expectativas y otros que las despleguemos sin ninguna limitación. Este es hoy, a mi juicio, un eje de identificación ideológica más explicativo que el de derechas e izquierdas12.

2. SOBERANÍA Y EJERCICIO DE LA VOLUNTAD GENERAL

1. Las democracias occidentales, en su concepción inicial inspiradas en la ideología liberal y posteriormente evolucionadas hacia un Estado social y democrático de derecho, constituyen el modelo que buscamos y aspiramos a aplicar integralmente. Están basadas en el principio del autogobierno, que pretende conciliar —dice Biscaretti di Ruffia—, mediante la identificación entre gobernantes y gobernados, la libertad de cada uno con la libertad de todos. El mismo autor agrega que la extraordinaria extensión territorial en numerosos Estados contemporáneos hace que las funciones gubernativas no puedan ser asumidas directamente por todos los ciudadanos a través de la llamada democracia directa, por lo que es necesario conferir tales funciones a individuos elegidos en procedimientos electorales, llevados adelante mediante el sufragio universal y aceptando el principio de la mayoría que no olvida tutelar el derecho de las minorías. Es así como se establece la denominada democracia representativa13. Y son los valores de la libertad y de la igualdad los que caracterizan a esos regímenes democráticos, al poner de relieve la dignidad de la persona14.

Así, pues, la base ideológica común de las democracias constitucionales contemporáneas15 consiste en el convencimiento de que el poder emana del pueblo, es decir, todas las autoridades elegidas en la competencia electoral se deben al pueblo, de modo que el ejercicio del poder reposa en una trilogía de control mutuo compuesta por el Parlamento, el Gobierno y el pueblo16. En ese sistema político participa la ciudadanía libremente mediante elecciones periódicas o a través de alguna modalidad de la democracia directa como el referéndum. Al elegir a sus representantes, el pueblo les de las directrices que considera fundamentales, aunque no haya mandatos imperativos. En la actualidad ningún sistema se atreve a cuestionar o rechazar abiertamente la ideología democrática, según la cual, como hemos visto, el poder emana del pueblo. Esto no niega que en muchas ocasiones este mandato sea tomado como una careta para esconder propósitos autoritarios vinculados a la concentración del poder. Latinoamérica está, y ha estado, plagada de ejemplos que lo confirman17.

2. No existe contradicción entre los planteamientos del Estado liberal y la participación directa del pueblo en los procesos políticos, pues presupuestos tales como el individualismo o el pacto en cuanto fundamento de la sociedad política, la igualdad civil y la soberanía popular se asientan en las propuestas de Rousseau sobre dicha forma de participación, lo que ha sido aceptado con variaciones en el Estado democrático contemporáneo. El debate sobre este punto se origina en torno a las ideas de representación aparecidas en el nacimiento y la evolución posterior de la Revolución francesa de 1789. Muy resumidamente, Rousseau sostenía que la soberanía radicaba en el pueblo y que la voluntad general, expresión de la soberanía, no era susceptible de ser representada, razón por la cual consideraba que la ley, para ser válida, debía ser aprobada directamente por el pueblo18. Montesquieu19 y Sieyes20, de otro lado, afirmaban que la voluntad general solo podía ser expresada a través de representantes y que la aprobación de estos era suficiente en materia de legislación, y que la soberanía era de esa forma transferida del pueblo a la asamblea de representantes. Como señala Wieland: «lo interesante de este debate es que lo que estaba en discusión no era tanto quién era el titular de la soberanía sino, más bien, en quién recaería la potestad o facultad para expresar la voluntad general, es decir, la voluntad del titular de la soberanía»21. Todos coincidían en que el verdadero titular de la soberanía era el pueblo, pero no en cuanto a su capacidad para expresar por sí mismo su propia voluntad, debido a que tanto Montesquieu como Sieyes consideraban que el pueblo carecía de conocimientos necesarios para expresar directamente la voluntad general22.

La posición de Rousseau llevaría a la consecución de un Estado plebiscitario que descansa sobre la decisión popular y se superpondría sin límite a la racionalidad jurídica institucionalizada. Frente a ella se erige el Estado legislativo, que se asienta en la legalidad y cuyo funcionamiento se refuerza con la participación de representantes del pueblo elector. Goza el primero de una mayor legitimidad, pero se terminaría imponiendo históricamente la participación representativa, con algunas excepciones, como por ejemplo aquellas vinculadas a reformas constitucionales. Este debate no se ha extinguido; de diversas formas, sigue presente en la promoción, defensa y difusión de la democracia directa. A través de las distintas modalidades de esta democracia, el elector reconquista, frente al sistema representativo, su soberanía: «el gobierno de todos por todos se veía así restaurado en la medida de lo posible»23, siempre que la totalidad del cuerpo electoral haya sido convocado para participar en la votación.

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