Juan Carlos Guerrero Fausto - La administración pública del futuro

De aquí que se confirme que efectivamente hay una relación de veras muy intensa entre la administración púbica y el mercado, y que seguramente lo seguirá siendo. A continuación se abordarán algunos aspectos de esta relación, en donde la versatilidad y adaptabilidad de ambos debe hacerse presente.

La administración pública como reguladora del mercado

Como parte de un nuevo paradigma en el modelo de Estado, se encuentra que luego de los vaivenes existentes en la relación entre este y el mercado, actualmente se ha dado una explosión en la creación de instituciones públicas que tienen como fin primordial llevar a cabo lo que se conoce como una función regulatoria, para de esta manera promover la libre competencia y la libre concurrencia.

Luego de una etapa en la que se dotó de amplias libertades a los agentes económicos, se tuvo como resultado que, lejos de lograr la creación y el crecimiento de muchos jugadores en los diversos sectores de la economía, se presentó un fenómeno en el que la concentración de la riqueza en algunos agentes económicos los convirtió en factores reales de poder capaces de manipular la oferta y la demanda, logrando imponer condiciones para el intercambio de bienes y servicios, acabando o reduciendo a sus competidores y estableciendo las condiciones a los compradores. Del anterior fenómeno surgió la necesidad de repensar el modelo de Estado, creando instituciones que subsanaran las fallas existentes, a través del ejercicio de importantes facultades que les fueron atribuidas en las constituciones y en la legislación emanada de estas.

En el caso mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al Estado regulador como:

[…] el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes —de los órganos políticos y de los entes regulados— para depositar en estas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas (SCJN, 2016).

Las agencias independientes a las que hace alusión el presente criterio han surgido en México bajo distintas naturalezas jurídicas, siendo ejercidas directamente, por ejemplo, por dependencias de la Administración Pública Federal, por órganos desconcentrados de alguna dependencia o incluso por organismos constitucionales autónomos; teniendo que sin duda todos ellos forman parte del grupo de instituciones que llevan a cabo una función administrativa.

Como se puede observar, el Estado regulador es un ejemplo de cómo es que el mercado y la administración pública tienen una estrecha relación. En este caso, ésta última interviene en los casos en que se torna necesario el ejercicio de importantes potestades públicas para brindar cierta equidad a los agentes económicos que participan en algún sector.

La administración pública como empresa versus otros agentes económicos del mercado

A pesar de que durante la etapa en que el neoliberalismo logró su cénit el Estado privatizó buena parte de las empresas de la que era propietario, debe decirse que en algunos sectores de la economía sigue siendo dueño de diversas empresas que han alcanzado una participación en el mercado muy importante y hasta en algunos casos preponderante, pues como sucede en varios países, en México el Estado aún se reserva para él mismo y de forma exclusiva el desempeño de alguna actividad económica.

Sin embargo, desde hace algunos años se ha vivido una marcada tendencia que ha generado que aquellos sectores en los que se permitía constitucional o legalmente la existencia de monopolios se hayan abierto a la competencia de manera gradual.

Por ejemplo, como parte de las reformas estructurales vividas en México en tiempos recientes, el 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que se conoce como la Reforma Energética.5 En esta reforma se establecieron nuevas reglas del juego respecto del sector energético, especialmente dentro del sector hidrocarburos y del sector eléctrico. Ante la necesidad creciente de energía en un país que aún crece demográficamente y con un cambio en los hábitos de la población, el sector energético requería de cada vez una mayor inversión de recursos que mejoraran la infraestructura existente y que fuera paulatinamente más amigable con el medio ambiente.

Por ello, se buscó que el sector viviera una apertura que diera la bienvenida al capital privado para invertir, encontrando que otras empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, se convirtieran en nuevas figuras denominadas Empresas Productivas del Estado y que a partir de ese momento serían sujetas a la competencia con otras empresas de capital privado nacionales y extranjeras, buscando aumentar su eficiencia y que todas juntas mejoraran la labor desarrollada en la totalidad del sector energético mexicano.

De esta manera el Estado, a través de sus administraciones públicas, se convierte en propietario de empresas que desde ese momento verían replanteados sus gobiernos corporativos, con la intención de que al convertirse en un competidor más sin la ventaja que significaba la existencia de un monopolio permitido, dichas empresas fueran cada vez mejores y más eficientes. Así, la administración pública también es capaz de guardar una relación con el mercado y convertirse en un agente económico más.

La administración pública contrata proveedores para suministrar bienes y servicios para el Estado

De conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la administración pública, por su incapacidad técnica o administrativa, necesite adquirir bienes, servicios o realizar obras públicas, tiene facultad de contratarlos con un particular o particulares, mismos que deberán ser escogidos mediante el procedimiento de licitación pública o cualquiera de sus excepciones (la invitación restringida o la adjudicación directa), buscando en todo momento preservar el principio de igualdad y libre competencia.

De esta forma, la administración pública también tiene otra manera de interactuar con el mercado, pues a través de la inversión pública se convierte en cliente de las empresas privadas, las que para ser sus proveedoras deben cumplir con una serie de requisitos contenidos en la Constitución y en diversos cuerpos normativos.

Retos hacia el futuro

Derivado de lo anterior, es de señalar que, como ha sucedido históricamente, en la actualidad existe una relación estrecha y de suma importancia para la sociedad entre la administración pública y el mercado. Si bien a lo largo de la historia los roles han cambiado y han oscilado cíclicamente (desde que el Estado tenía una intervención excesiva en el mercado hasta cuando redujo dicha intervención a lo mínimo posible), se ha observado que esta relación, a pesar de jamás haber permanecido estática, se ha tornado cada vez más cercana y en el futuro puede incluso ser de codependencia.

Las necesidades crecientes de la sociedad y la cada vez más pronunciada escasez de recursos harán indispensable que tanto la administración pública como el mercado asuman una nueva actitud en la que la colaboración rija sus muy diversas formas de interrelacionarse.

Esa colaboración entre la administración pública y el mercado debe generar en cada uno de ellos una intención clara de ser, en muchos sentidos, más eficaces y eficientes. Esto debido a que ambos pueden retroalimentarse y fungir como promotores del desarrollo regional y nacional, para luego buscar tener un impacto positivo en el desarrollo global.

Relaciones como las que se dan en las asociaciones público-privadas tienden a ser cada vez más comunes, pudiendo encontrar en estos tipos de colaboración verdaderos ejemplos de cómo protagonistas tan disímiles dentro de una sociedad pueden trabajar en conjunto en aras de buscar el bienestar de todas las personas que la integran, derribando una a una las asignaturas históricamente pendientes, como la brecha de desigualdad que subsiste o la tan exigida redistribución efectiva de la riqueza.