Juan Carlos Guerrero Fausto - La administración pública del futuro

Estado de bienestar

En esta forma de Estado, conocida en inglés como Welfare State, se dejó de lado el concepto individualista del liberalismo. En este modelo, el Estado protege y promueve la generación de políticas públicas para la sociedad en general.

Bajo este modelo ya se comienza a ver al Estado como la organización que puede y debe garantizar a la sociedad que forma parte de él, estándares mínimos en temas tan importantes y sensibles como son la salud, la educación, la vivienda, entre otras cosas.

A diferencia del liberalismo, en el Estado de bienestar surgen las obligaciones que tiene el Estado para “apoyar” a los más necesitados y generar una verdadera igualdad material entre las diversas clases sociales. Busca la compensación de aquellas desventajas que recaen sobre cada cual como consecuencia de determinado sistema de vida (Luhmann y Vallespín, 1993: 32). Esta idea no se tenía en el liberalismo.

Es importante recordar que este modelo de Estado surgió con posterioridad al acaecimiento de diversos fenómenos que generaron crisis en gran parte del orbe. Finalmente, de estos fenómenos surgieron exigencias por parte de la sociedad para que aquella redistribución de la riqueza que no se había presentado ni en el Estado absoluto ni en el Estado liberal se presentará en el Estado de bienestar.

Así se tiene que la persecución del bienestar de la totalidad de la sociedad requería de una intervención contundente del Estado y de sus instituciones en el mercado, buscando en todo momento que el Estado promoviera distintas políticas tendientes a ampliar el catálogo de derechos y de las garantías correlativas de todas las personas.

De esta manera también se concluyó que los agentes económicos por sí mismos no tendrían entre sus fines primordiales ampliar esos derechos de todas las personas, pues como ya había quedado demostrado, frente a esa disyuntiva en muchos casos habían optado por seguir concentrando la riqueza.

No obstante, para lograr que este modelo fuera exitoso, el Estado requería de una cantidad de recursos muy alta que invariablemente llevaría a generar desequilibrios en las finanzas públicas y con ello a poner en riesgo la estabilidad del Estado mismo. Ideas como las de la política económica contracíclica de John Maynard Keynes obligaban a que la intervención del Estado en la economía precisara de abundantes recursos públicos para destinarlos, por ejemplo, a la construcción de obra pública y de esta manera alentar la creación de empleos.

Bajo esta idea, el Estado, con la inversión suficiente de recursos (que en muchos casos hacía que se gastara más de lo que se ingresaba) se convertiría en un agente capaz de estimular la economía y que esto produjera efectos positivos en toda la sociedad.

Estado neoliberal

Frente al descomunal gasto público que generó el Estado de bienestar surgió este modelo, en el cual, más allá de buscar una ampliación en el catálogo de derechos y de sus garantías para toda la población, se buscó enfocar los esfuerzos por parte del Estado en los sectores de la sociedad particularmente insolventes, ganando de paso llevar a cabo una reducción sustantiva del gasto público.

Asimismo, luego de que en el Estado de bienestar esta organización política se convirtió en un agente económico que participaba en buena parte de los sectores de la economía al ser propietario de un número importante de empresas e instituciones relevantes para cada uno de ellos, en el Estado neoliberal comenzó un proceso en que este último se desprendió paulatinamente de varias de ellas denominándose esto como la privatización. De ser el Estado el propietario de muchas empresas, se transfirió esta propiedad a manos privadas por las ineficiencias propias que el gobierno generaba al ejercer su función administrativa.

Cabe decir que este modelo está sustentado en una teoría política y económica en la cual el Estado se ve reducido por la privatización y la desregulación iniciadas. Es a finales del siglo pasado cuando este modelo logra establecerse en una parte importante del mundo, coincidiendo por una parte la liberalización del mercado y por otra la promoción de la democracia. Tanto el ámbito político como el económico se convirtieron en dos elementos indisolubles cuya coexistencia se consideraba necesaria siempre que el Estado respectivo quisiera formar parte de una realidad globalizadora en que los procesos de integración estarían cada vez más presentes.

A pesar de lo anterior, las desigualdades sociales siguieron presentes y en muchos casos se profundizaron, con lo cual el modelo neoliberal se ha visto severamente cuestionado en los últimos años y ha encontrado alrededor del mundo frentes abiertos que sustentan su posición en el hecho de que las viejas discusiones que supuestamente se verían superadas con el establecimiento de un nuevo modelo no lo estuvieron y los problemas persistieron.

Importantes líderes políticos como Margaret Thatcher o Ronald Reagan y teóricos de la economía como Friedman, Von Hayek y Von Mises fueron defensores y promotores de un modelo en el que la intervención del Estado y de sus instituciones en el mercado sufriría una nueva reducción otra vez, bajo la idea de un “dejar hacer”. También, frente al incremento gradual de los impuestos que era necesario en el modelo del Estado de bienestar para mantener un ritmo de gasto importante, bajo el neoliberalismo se comenzó a propugnar por una reducción de los impuestos, una prestación de servicios públicos a la baja y una participación cada vez más activa de los agentes económicos en la vida cotidiana de la sociedad.

Para el doctor Jaime Cárdenas Gracia, las características jurídicas del modelo neoliberal son las siguientes:

1 Poderes fácticos nacionales y trasnacionales sin límites y controles jurídicos suficientes;

2 Derechos fundamentales sin garantías plenas de realización, principalmente respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;

3 Débil democratización, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de las instituciones del Estado y de las trasnacionales;

4 Supremacía de los tratados internacionales, principalmente los relacionados con el comercio, las inversiones y la propiedad, por encima de las constituciones nacionales;

5 Mecanismos débiles de derecho procesal constitucional para no proteger con suficiencia los derechos fundamentales de carácter social ni los derechos colectivos;

6 Instrumentos anticorrupción compatibles con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales;

7 Reducción de la democracia participativa, deliberativa y comunitaria, y con ello, impulso de una democracia electoral manipuladora de los derechos políticos de los ciudadanos;

8 Entrega del patrimonio de las naciones —sus recursos naturales— y de su explotación a los intereses foráneos;

9 Inadecuada defensa de la soberanía nacional, y

10 Implantación del modelo económico neoliberal globalizador para someter al derecho y al Estado nacional en su provecho (Cárdenas Gracia, 2017: 193-194).

Relación de la administración pública con el mercado

Con lo estudiado líneas arriba se puede dejar patente la relación permanente que existe entre la administración pública y el mercado, relación en algunos momentos colaborativa, en otros momentos asumiendo la primera un papel de competidora y también siendo reguladora en otros tantos.

El poder público como aquella parte del Estado que tiene entre sus funciones el diseño de las normas, su aplicación y la resolución de las controversias que puedan surgir en estas relaciones, encuentra precisamente en la aplicación de los preceptos normativos la función administrativa. Esta función es desempeñada por la administración pública, que se encuentra presente, en el caso mexicano, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos, no solamente en el orden federal sino también en los demás órdenes.