Alejo Vargas Velásquez - La Fuerza Pública Colombiana en el posacuerdo

El Estado nacional europeo, que se organizó en la forma de organización política determinativa a lo más tardar en el siglo XIX, es el producto final de un proceso de selección y competencia que duró siglos. Las guerras que príncipes y reyes se declararon entre sí casi sin interrupción para ampliar con ellas su territorio y su ámbito de poder fueron al mismo tiempo la palanca más importante para agilizar la consolidación interior del Estado. Sirvieron para gravar a los ciudadanos con impuestos regulares, para propiciar la formación de un ejército estable y una administración eficiente, para impulsar la apertura de calles y canales, para fomentar la economía, etc. (Waldmann y Reinares, 1999)

De esta manera, se puede ver que el concepto de guerra compenetra los inicios de las estructuras estatales, así como su desarrollo y conclusión. En el caso de Europa, esta interrelación se hace evidente a lo largo de los siglos y muestra el transcurrir de la estructura estatal.

Entonces, podemos referir la noción de Estado a la relación de dominación y articulación básica de una sociedad, que refleja en su interior las contradicciones y los conflictos derivados de los diversos posicionamientos institucionales y de la pugna de fuerzas. Esta relación de dominación se conforma a partir de las desiguales distribuciones de poder real entre sectores sociales como desequilibrio fundamental y de las desigualdades entre culturas, razas y regiones como desbalances secundarios.

De esta manera, el Estado se construye sobre los siguientes elementos: 1) la igualdad de los individuos y su posibilidad de intercambiar mercancías libremente; 2) la disociación entre el sujeto vendedor de mercancías en el ámbito del mercado y el ciudadano, con iguales derechos ante las instituciones estatales; 3) la encarnación de las instituciones estatales y del monopolio de los medios de coerción física como tercer sujeto social que obra como garante para todos; y 4) la autorrepresentación del Estado como expresión del “interés general”, que termina por asociarse a los intereses de las clases dirigentes.

Es necesario señalar que el poder político —en el sentido de Max Weber (1998)— hace referencia al monopolio de la violencia física legítima (es por ello primariamente coactivo), lo que lo diferencia del poder económico o del poder ideológico, aun cuando sus cercanías son muy grandes. Pero necesariamente va a requerir de su aceptación por parte de aquellas personas (o de un sector importante de ellas) que van a ser sujeto de ese poder regulador; es decir, se requiere niveles de consenso que contribuyan a velar el aspecto coercitivo del poder político, porque, como afirma Landa (1990), “cada poder tiene necesidad de una forma específica de legitimación, aun cuando la autoconciencia de legitimidad no haya existido desde siempre” (p. 30).

Por tanto, se puede partir señalando que las relaciones de dominación social son constatables en las sociedades humanas. En todos los grupos humanos hay relaciones asimétricas, producto de desequilibrios sociales multifactoriales. En esa dirección, se dice que el Estado es el aspecto político de esas relaciones de dominación social, remitiendo fundamentalmente a algo que es inherente a las instituciones estatales: el monopolio de la coerción, que caracteriza la dominación que el Estado ejerce en la sociedad.

El Estado monopoliza la coerción legítimamente —o la pretende—, si se quiere, a manera de violencia organizada, para que dicha violencia no la ejerzan los particulares. En otros términos, esa es la esencia del poder que ejerce el Estado, pero también por ello podemos decir que:

[…] los militares siempre han tenido un cierto tipo de poder político en la sociedad. En todas las sociedades desde que Macchiavello, en el siglo XVI, lo teorizó en El Príncipe , el monopolio de la fuerza y su uso radica en el Estado que lo ejerce a través de las Fuerzas Armadas. De ahí viene la base de toda la teoría del Estado moderno […]. (Maira y Vicario, 1991)

Aun así, no es suficiente el monopolio de la coerción y la existencia de una legitimidad; se requiere también un ordenamiento legal. Por eso el Estado moderno, y en particular el denominado Estado de derecho, tienen su basamento en una normatividad constitucional que les proporciona su estructura jurídica-formal. Ella constituye la norma jurídica fundamental, en el sentido de Kelsen, a la cual los otros textos legislativos son subordinados (Seiler, 1982) 2.

Sin embargo, como bien lo anota Ferdinand Lasalle (1984), “los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen” (p. 119). Por ello, en las mismas limitaciones que se realizan en el ordenamiento legal existen dinámicas de poder que reflejan el componente de dominación social ya señalado. Es fundamental señalar esto, dado que se debe reconocer al derecho enmarcado en los límites que se le dan a partir del poder; es decir, el derecho no es justo per se .

Adicionalmente, existe un tercer atributo que tiene esa pretensión monopólica de la coerción que reclama para sí el Estado: la territorialidad. El monopolio de la coerción solo es aplicable para el espacio territorial propio del Estado-nación, porque una vez traspasados los límites de este va a existir otro Estado-nación con las mismas pretensiones. De esta manera, es en buena medida sobre el respeto a ese atributo que las relaciones internacionales entre Estados se materializan, acotándose además al precepto de espacios vacíos, el cual afirma que no hay ningún territorio del mundo que no se encuentre regido por alguna estructura estatal. Esta es la base de lo que varios autores denominan el Estado westfaliano, cuyo fundamento es el ejercicio de la soberanía sobre su territorio.

Al respecto, Armando Borrero (2017) afirma:

El Estado nacional moderno sigue vivo, en medio de su crisis, como el marco regulatorio más importante de la vida social en todo el planeta. Pero ha desaparecido la soberanía excluyente del Estado westfaliano, al compás de la globalización de la economía, la cesión de soberanía a instancias supranacionales y las enormes disparidades de poder entre los Estados. (p. 6)

Sobre esto, es importante rescatar dos elementos descritos por el autor: en primer lugar, el Estado sigue siendo el marco de regulación fundamental en las sociedades actuales. No obstante, y en segundo lugar, hay unas dinámicas de transformación que se deben tener en cuenta y que si bien no le quitan el protagonismo, sí cambian sus características.

Por otro lado, el monopolio de la coerción no es la única pretensión del Estado-nación. Los Estados modernos también aspiran al menos a tres controles monopólicos más: 1) el de la justicia —ellos serán los únicos con potestad, legitimidad y legalidad para aplicar justicia—, 2) el de la tributación —todo Estado aspira a ser el único que impone impuestos que deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de los habitantes de ese espacio territorial— y 3) el monopolio del control del territorio, entendiendo como tal no solo la presencia de la fuerza pública (fuerzas militares y policía), sino también de lo que podríamos denominar la “dimensión institucional civil” del Estado, incluyendo la vigencia de la legalidad que, en su conjunto, configuran la presencia del Estado en el territorio y construyen una legitimidad en los pobladores de esos territorios.

Por supuesto, este es un campo importante de controversias, teóricas y analíticas, que se ven materializadas en los debates sobre la evolución doctrinal y organizacional tanto de la fuerza pública como de la institucionalidad civil estatal. Martín Moreno (2017) anota que: