Leonardo Gasparini - Desiguales

En contraste, el argumento de la desigualdad como un mal social es mucho más discutido. Después de todo, ¿cuál es el problema con que dos personas tengan ingresos distintos? En particular, ¿cuál es el problema si ninguna de ellas sufre privaciones? ¿En qué sentido las desigualdades económicas nos resultan socialmente preocupantes? En la superficie, estas preguntas podrían parecer de respuesta obvia, pero basta notar la cantidad de filósofos y científicos sociales que han escrito y debatido sobre el tema —Platón, Rousseau, Marx, Rawls, Sen, por citar unos pocos— para reconocer su dificultad conceptual. Reflexionar sobre estas preguntas no es un mero ejercicio intelectual: las respuestas tienen implicancias directas y profundas sobre la necesidad de hacer o no políticas redistributivas, sobre su intensidad y sobre el papel del Estado, es decir sobre las cuestiones más centrales del debate en política y economía.

Comencemos por ordenar la discusión. Existen dos razones fundamentales por las que preocuparse por la desigualdad: la primera es moral y la segunda instrumental. Nos preocupa la desigualdad como un problema ético y también nos preocupa por sus efectos nocivos sobre otros factores que valoramos, como la estabilidad institucional, la seguridad o el crecimiento económico. Comencemos explorando estos motivos instrumentales.

Imaginemos una sociedad ideal. Seguramente compartamos con los lectores algunas características generales: sería una sociedad integrada, con bajos niveles de conflicto y sin violencia, donde haya confianza en el prójimo, instituciones estables y pleno funcionamiento de la democracia. Pues bien, todas esas características están negativamente afectadas por el nivel de desigualdad económica. Numerosos estudios de distintas disciplinas sugieren que cuando las brechas de ingreso, riqueza y oportunidades económicas son muy amplias, las sociedades se segregan en grupos que se alienan en sus propias realidades, y en consecuencia la confianza en el prójimo se reduce, las instituciones políticas se vuelven más inestables y los conflictos se hacen más frecuentes y violentos. Algunas de las voces más autorizadas en temas distributivos —el premio Nobel Angus Deaton, Anthony Atkinson o el más mediático Thomas Piketty— han advertido que el aumento de la desigualdad económica en los países desarrollados podría comprometer el propio funcionamiento de la democracia: en un contexto de grandes disparidades de riqueza el sistema político es más fácilmente capturado o influenciado por los grupos económicamente más poderosos y los mecanismos básicos de la democracia dejan de actuar con normalidad.

El problema es potencialmente más grave en países con niveles de desigualdad más altos y sistemas democráticos más frágiles, como los latinoamericanos. En un estudio realizado en el CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata, encontramos que en América Latina la volatilidad en las instituciones políticas, la fragilidad en el cumplimiento de las leyes y el conflicto social están estrechamente asociados a la desigualdad y la polarización económica. El efecto desestabilizador de las grandes desigualdades no es solo una amenaza posible; es un fenómeno que se ha repetido muchas veces en la historia. Noah Webster nos recuerda que “Las causas que destruyeron las antiguas repúblicas fueron numerosas; pero en Roma, una de las causas principales fue la enorme desigualdad de fortunas”.

Las consecuencias disfuncionales de la desigualdad no se agotan en la inestabilidad institucional y se extienden a otros aspectos de la vida civil. Muchos estudios, por ejemplo, sugieren que la desigualdad incentiva los comportamientos delictivos y violentos. En un reciente trabajo para América Latina, Ernesto Schargrodsky y Lucía Freira encuentran que los niveles de crimen están estrechamente asociados al grado de desigualdad económica. Un elemento clave en esta conexión es el sentimiento de injusticia que genera la desigualdad: si las diferencias económicas son percibidas como inequitativas, la aceptación de las normas sociales se debilita y los comportamientos disruptivos y desafiantes se vuelven más frecuentes.

Muchos afirman que la elevada desigualdad es perjudicial también para el crecimiento económico. En su excelente libro sobre los orígenes de la prosperidad, Daron Acemoglu y James Robinson aseguran que la clave está en el tipo de instituciones que se desarrollan y prevalecen en un país: extractivas o inclusivas. Las primeras están diseñadas para extraer rentas y riquezas del resto de la sociedad con el fin de beneficiar a una élite. Uno de sus ejemplos nos toca de cerca: las instituciones que implantó la conquista española en América Latina —encomienda, mita, repartimiento— se diseñaron con el objeto de extraer toda la renta posible de los recursos naturales y del trabajo de los pueblos indígenas. Las economías segmentadas resultantes en cada territorio hispanoamericano generaron riquezas para la Corona española, los conquistadores y sus descendientes, pero no contribuyeron a sentar las bases para un desarrollo inclusivo. El mismo argumento se aplica a las instituciones diseñadas por Portugal en la ocupación del actual Brasil y por otras potencias europeas en el Caribe: Inglaterra en Jamaica, Francia en Haití, los Países Bajos en Surinam.

La relación entre desigualdad y crecimiento no se remite solo a la historia. Hay argumentos que subrayan los efectos nocivos que la desigualdad puede tener sobre el crecimiento a través de las distorsiones en la asignación de recursos y en las oportunidades de inversión, ya sea en capital físico o humano. La desigualdad de ingresos o riqueza puede implicar que quienes ocupen ciertas posiciones, realicen ciertas tareas o se embarquen en ciertos emprendimientos no sean los más aptos, los más capacitados y eficientes, sino simplemente aquellos que tuvieron la oportunidad económica de hacerlo. No son necesariamente los mejores los que acceden a ser médicos, ingenieros, jueces, artistas, científicos y gobernantes, sino los que tuvieron la oportunidad económica de sortear todos los escollos para llegar a esas posiciones. Seguramente este libro podría haber sido mejor escrito por alguien que jamás tuvo la oportunidad de hacerlo.

El caso del fútbol masculino es ilustrativo. A diferencia de la mayoría del resto de las actividades, es relativamente fácil detectar el talento deportivo a temprana edad. Adicionalmente, si esa presunción se concreta y el niño talentoso se convierte en un futbolista exitoso, la retribución económica es enorme. Como consecuencia de estas dos condiciones, existe una extraordinaria red de búsqueda de talentos que incluye tanto canales formales como informales. Es muy difícil que un potencial gran futbolista en América Latina no sea descubierto a tiempo. Alguien lo ve jugar en un potrero y le avisa al club de barrio, que lo convence de acercarse y al poco tiempo ya lo están mirando de clubes más importantes de la ciudad y su nombre empieza a circular en la lista de ojeadores profesionales que le arreglan una prueba en un club nacional importante. Esa gigantesca red de búsqueda de talentos que brinda oportunidades a casi toda la población por igual tiene sus frutos: hay una enorme cantidad de jugadores latinoamericanos exitosos. Larga es la lista de estrellas del fútbol que tuvieron una infancia humilde en distintos países de América Latina y que fueron descubiertos a tiempo. Sin ese trabajo extenso y continuo de brindar oportunidades a los talentosos no tendríamos ninguna chance de competir de igual a igual con las selecciones de países más poblados y económicamente más poderosos.