Roberto Gargarella - El castigo penal en sociedades desiguales

Diseño:Gerardo Miño

Composición:Laura Bono

Edición:Primera. Septiembre de 2012

ISBN:978-84-18095-98-6

Lugar de edición:Buenos Aires, Argentina

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Índice de contenido

Sobre los autores

Prólogopor Ezequiel Nino

En contra de los pobres: justicia penal y prisiones en América Latina. El caso de Colombia por Libardo José Ariza y Manuel Iturralde

La (in)justicia penal en la democracia constitucional de derechos por Ramiro Avila Santamaría

Desigualdad, delito y seguridad en la Argentina por Gabriel Bouzat

Injusticia penal, justicia social por Roberto Gargarella

Democracia + Garantías por Juan F. González Bertomeu

Pobreza y responsabilidad penal por Rocío Lorca Ferreccio

Del instrumentalismo al cumplimiento voluntario del derecho por Catalina Pérez Correa

Seguridad y desigualdad: ¿desprotegidos y perseguidos? por Lourdes Peroni

Libardo José Ariza. Abogado de la Universidad de Los Andes, M.A. en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y Doctor en Derecho de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.

Ramiro Avila Santamaría. Doctor en Jurisprudencia por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Master en Derecho por Columbia University (New York), profesor de Constitucionalismo Contemporáneo, Garantismo Penal y Teoría de los Derechos Humanos. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador.

Gabriel Bouzat. Master en Derecho, Yale Law School, Yale University, EE.UU. y Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario, Yale Law School. Se desempeñó como profesor de Defensa de la Competencia, Maestría en Derecho Empresario, Protección Constitucional de la Empresa, Universidad de San Andrés; Defensa de la Competencia, Derecho Constitucional, Maestría en Derecho Penal, Universidad de Palermo; Derecho Constitucional y Adjunto Interino de Teoría del Derecho y/o Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires. Tiene numerosos artículos sobre temas de su especialidad.

Roberto Gargarella. Abogado y Sociólogo. Doctor en Derecho (Universidad de Chicago y Universidad de Buenos Aires). Profesor de Derecho Constitucional en las Universidades Di Tella y de Buenos Aires. Investigador del CONICET y del C.Michelsen Institute.

Juan F. González Bertomeu. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y LL.M. y candidato doctoral en New York University School of Law. Director de la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo.

Manuel Iturralde. Abogado de la Universidad de los Andes, con Maestría y Doctorado en Derecho de London School of Economics. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes desde 1998. Junto con Libardo Ariza coordina la Relatoría de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Rocío Lorca Ferreccio. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, ha trabajado como docente de esa universidad y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y como investigadora de la Defensoría Penal Pública de Chile. En 2010 obtuvo el grado de Magíster en Teoría del Derecho por New York University donde actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado.

Catalina Pérez Correa. Doctora y maestra en derecho por la Universidad de Stanford en California. Actualmente es profesora - investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, México. Estudia temas de procuración de justicia penal, funcionamiento del sistema de justicia penal y el cumplimiento de las normas legales.

Lourdes Peroni. Abogada por la Universidad Nacional de Asunción (1999), LL.M. por la Universidad de Harvard (2004) e investigadora de doctorado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante (2009-presente).

~ Ezequiel Nino 1~

América Latina es un territorio en el que pueden acontecer distintos procesos aparentemente contradictorios al mismo tiempo. Entre otros procesos, mientras que en la última década se produjo un notable crecimiento económico de la gran mayoría de sus países, se consolidó también a la inseguridad como la principal preocupación de la mayoría de la población. Según un estudio reciente, desde 2004 a 2010, el porcentaje de personas que la seleccionaron como el problema central de sus respectivos países pasó de 9% a 27%.

Hablar sobre criminalidad en esta región requiere derribar varios mitos. El primero es la idea corriente de que la mayor proporción de delitos que se producen se refieren a los vinculados con la inseguridad. Si bien los sistemas penales y los medios de comunicación masivos se centran en esta clase de ilícitos, lo cierto es que los delitos económicos (como la corrupción, el lavado de dinero, la evasión impositiva o las defraudaciones) también son sumamente frecuentes. La distorsión es tan evidente que cuando cotidianamente se discuten problemas de “criminalidad” se los asocia solamente con aquellos delitos comunes contra la propiedad, contra la integridad física o la vida. El funcionamiento del propio sistema judicial alimenta esta percepción. La impunidad de los delitos económicos sumado al aumento de la población carcelaria compuesta de personas que aguardan juicio o han sido juzgadas por delitos comunes no hace más que validar la idea general de que los verdaderos delitos son aquellos que han sido cometidos por las personas de bajos recursos. La paradoja reside en que los delitos económicos suelen tener implicancias mayores en el patrimonio de los habitantes que los delitos más resaltados en los noticieros. De acuerdo a la declaración de Nyanga, se ha estimado en 20.000 a 40.000 millones de dólares la cifra perdida, a través de hechos de corrupción, por los países en vías de desarrollo durante las últimas décadas.