La información precedente sirve para mostrar que en México hoy en día existe un “tendido”, red o, como se ha denominado en otros lugares (Chávez, 2021), una constelación de MPC amplia y que está en constante crecimiento en el ámbito rural o que enfocan su trabajo a este ámbito territorial. Este hecho lleva a pensar que la gobernanza rural transita paulatinamente hacia un escenario, al menos como pretensión normativa y con cierto grado de operacionalidad, de mayor concurso y participación de los actores no gubernamentales en la labor de gobierno, en el proceso de las políticas públicas y en la atención de los asuntos y problemas sociales. En este aspecto, al menos desde una visión jurídico-institucional, están sentadas las bases para ello, pero conviene apuntar que no sólo se requiere tener mayor certeza y claridad sobre esta constelación o red, sino también sobre su calidad, como una unidad, y en cada uno de los MPC que la integran. Se considera que con la información oficial con que se cuenta hoy, no es suficiente para avanzar en el logro de este propósito.
Con estos debates en mente, la contribución ofrece al lector que se adentra en estas páginas respuestas a preguntas tales como: ¿cuál es el contexto global y nacional en el que se desarrolla la gobernanza rural en México, desde el debate de la gobernanza?, ¿teórica y conceptualmente como se puede comprender a la gobernanza rural desde la perspectiva mexicana?, ¿qué herramientas metodológicas y tipológicas se pueden y deben construir para observar la calidad de los arreglos, redes, estructuras o espacios de gobernanza?, ¿existen experiencias concretas exitosas o de fracaso sobre las que se pueden obtener hipótesis y nuevas preguntas de investigación?, ¿cuáles son estos casos?, ¿cómo es conveniente ponerlos a discusión?, ¿qué críticas se pueden y deben hacer al paradigma de la gobernanza rural desde la experiencia mexicana?, ¿cuáles son los límites y problemas que enfrenta la gobernanza rural en México?, ¿cómo se pueden trabajar y solventar estas críticas y problemas, tanto teóricamente como en la práctica para potenciar tanto los procesos como los espacios o arreglos de gobernanza rural en México?, entre algunas otras.
CONTENIDO DEL LIBRO
Para aproximar algunas respuestas a estas interrogantes el libro se organizó en tres partes. En la primera, se ofrecen consideraciones contextuales, teórico-conceptuales, metodológicas y tipológicas sobre la gobernanza rural.
La colaboración de Omar Valencia es útil para enmarcar y acotar el debate sobre la gobernanza. Desde este ángulo funciona como asidero contextual conceptual de arranque. La ruta que sigue es ofrecer una diferenciación del concepto desde un enfoque normativo o como un proceso de interacción social concreto entre actores públicos y privados que interactúan en mecanismos o arreglos en los que se abordan asuntos y problemas públicos. El autor reconoce que la gobernanza es un proceso en el que deben ser consideradas las diferencias cognitivas y culturales de los actores que participan en espacios de esta naturaleza, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que éstos terminen bajo el control de los más poderosos.
El segundo apartado, escrito por Carlos Chávez Becker, es una aproximación al debate global sobre la gobernanza rural, desde una perspectiva fundamentalmente académica. Este capítulo es el asidero teórico-conceptual del libro. En el trabajo se hace un análisis de la gobernanza a partir de las generaciones de estudio del concepto y su carácter, cuestión que da paso a un recorrido y análisis amplio del desarrollo del concepto de gobernanza rural. Tomando como base algunas aportaciones consideradas precursoras en la discusión sobre la gobernanza rural en México, se avanza en la construcción de una versión del concepto que puede ser útil para el estudio del fenómeno en nuestro país, con lo que es posible localizar agendas de investigación y áreas de estudio confluyentes hacia el futuro. En el trabajo se concluye que la categoría de gobernanza rural es útil para estudiar y analizar novedosos y complejos procesos de gobierno en el ámbito de lo rural desde una visión poco abordada en el país.
En el capítulo siguiente, Alma de León propone una metodología para el análisis de la gobernanza rural en México. Dicha propuesta se construyó a partir del análisis de varios de los casos que componen el presente volumen. En su trabajo, después de explicar que la medición u operacionalización de la gobernanza es un reto metodológico importante, la autora plantea que la gobernanza puede ser analizada desde los actores en relación con el territorio, en donde éstos llevan a cabo sus actividades a partir de diferentes componentes o variables: Definición del problema público que atienden, instrumentos de relacionamiento, marco institucional, coordinación y características de los espacios de coordinación. Concluye que existe una variabilidad importante en los casos analizados, pero que, varios de ellos, constituyen interesantes experiencias de gobernanza.
Por su parte, Alberto Rojas Rueda, tomando como base los enfoques de la geografía crítica, la ecología política y particularmente el de derechos humanos, construye una tipología para el análisis de los espacios, estructuras, arreglos o mecanismos de gobernanza institucionalizados. A partir de un análisis de su naturaleza deliberativa, estructura y función, cataloga los “Mecanismos institucionalizados de participación ciudadana” (MIPC) tomando en cuenta estas dimensiones generales. Se trata de una tipología flexible que se adapta a un sinnúmero de posibilidades y alternativas y que permite, hasta cierto punto y entre otras cosas, hacer valoraciones sobre el diseño y operación de los MIPC, así como las desigualdades e inequidades de poder que el arreglo de dichas estructuras puede ocasionar o reproducir.
La segunda parte está compuesta por cinco estudios de caso en los que se analizan experiencias contemporáneas de gobernanza rural en México.
La primera de ellas es un análisis del llamado Comité Técnico Consultivo REDD+ (CTC-REDD+), que es un espacio de gobernanza orientado a la reducción de emisiones por deforestación, degradación forestal, así como el manejo sustentable de los bosques, producto de un acuerdo internacional en la materia firmado por México. El texto escrito por Raquel Jiménez plantea que este mecanismo de gobernanza ha alcanzado un grado importante de incidencia y se ha posicionado como una de las voces de mayor peso en la materia en México, debido fundamentalmente a la constante y experta participación de numerosos y muy relevantes actores no gubernamentales que tienen una amplia experticia en la materia, aspecto que se suma a la voluntad política que algunos actores gubernamentales han mostrado para que este mecanismo alcance un interesante grado de impacto en el sector en el que opera.
Un segundo estudio de caso es el de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) existentes en cinco municipios del oriente del Estado de México. En este capítulo, Óscar Figueroa plantea que estos consejos tienen graves problemas de diseño y operación, debido a que en ellos se observa un problema de representatividad, en tanto que los actores gubernamentales están sobrerrepresentados en detrimento de la participación de los actores no gubernamentales, como lo pueden ser miembros de organizaciones de la sociedad civil (OSC) o de centros académicos, entre otros. El autor plantea que en la región de Texcoco se requiere todavía mucho trabajo de desarrollo institucional para garantizar que la participación de la ciudadanía en los CMDRS sea más efectiva.
En el siguiente capítulo, Jorge Carbajal realiza un análisis del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte. En su contribución el autor pone especial énfasis en la perspectiva de los actores participantes, provenientes de ámbitos sistémicos muy diferentes, como pueden ser agencias gubernamentales, empresas, organizaciones de pescadores, academia, etc. En su investigación, el autor se centra en la calidad y los resultados del proceso participativo y concluye, entre otras cosas, que entre los participantes en el comité hay posiciones encontradas en cuanto a la valoración de la inclusión de los actores relevantes en el sector y hay una subrepresentación de algunos grupos sociales. Caso contrario a la percepción de los resultados que ha conseguido este espacio de gobernanza, en la medida en que la mayoría de los participantes sienten que tuvieron cierto grado de incidencia en la adopción de algunas decisiones importantes.
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