José Joaquín Brunner - De Piñera a Boric.

El gran problema de la derecha, en cambio, asegura el autor, fue su simplicidad, “característica que puede ser en muchos ámbitos una virtud, pero en política es definitivamente un pecado”. La derecha “no tuvo en estas tres décadas elementos que la tensionaran y provocaran por ello una reflexión”. Para ambas “enfermedades”, el abogado sugiere sus remedios.

Por su parte, la también abogada Constanza Hube analiza “desde dentro” el proceso constituyente. En su calidad de convencional, identifica lo que en su opinión está en juego en la discusión: “Si hay un derecho fundamental que está en juego en esta discusión constitucional, y que es base de cualquier democracia, es el derecho a la igualdad ante la ley”. En su ensayo “Hacia una Constitución de la desigualdad”, afirma que “este derecho básico de toda democracia a nivel mundial está alterado gravemente en las discusiones aprobadas en informes de las diversas comisiones. Cuando se argumentó a favor de una Nueva Constitución se sostuvo que el objetivo era combatir la desigualdad, y al parecer esta solo ha aumentado”.

Cierra este conjunto de ensayos el escrito “Los duros dilemas de Boric”, de Sergio Muñoz Riveros. En él el autor define lo que a su juicio es el desafío más importante para el presidente Gabriel Boric: no naufragar. “Lo mejor será que actúe sobriamente”, dice, y para ello es imprescindible la estabilidad. Estabilidad que está amenazada por distintos flancos: el actuar de la Convención Constituyente, el terrorismo, el crecimiento de la economía.

Muñoz, un ex militante comunista, resalta la especial admiración de Boric por el expresidente Salvador Allende, y concluye: “Le conviene tener muy presente la experiencia de Allende y la izquierda socialista/comunista entre 1970 y 1973. Allí están concentradas las enseñanzas acerca de todo lo que no debe hacer”.

Elecciones 2020-2021:

La suma de todos los miedos

Gonzalo Arenas Hödar

Abogado.

Académico Universidad San Sebastián.

Violencia, miedo y Convención Constituyente

El llamado estallido social de octubre de 2019 y la violencia desatada hasta marzo de 2021 marcaron a fuego la sociedad chilena. El país fue testigo de más de 2.900 hechos de violencia graves, de los cuales el 85% ocurrieron entre octubre y noviembre de 2019, dejando un saldo de 118 estaciones de metro vandalizadas, 35 de ellas incendiadas y 7 destruidas por completo; cerca de 300 supermercados saqueados; 544 cuarteles policiales atacados, más de 1.000 vehículos policiales dañados y casi 5.000 carabineros lesionados, de los cuales 126 fueron heridos a bala. A lo anterior se deben agregar cerca de 10.000 civiles lesionados y más de 30 fallecidos.

Esta realidad inundó de miedo el ambiente político y social del país. El miedo a ser víctima de la violencia, el miedo a no poder retomar la actividad económica sacudida por el estallido, el miedo a un futuro político y social totalmente incierto.

El miedo fue también, aunque algunos de sus protagonistas lo nieguen, el origen del acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019 que estableció el Plebiscito Constituyente. Miedo al que, por último, se sumó la pandemia por Covid-19, la que mostró sus primeros efectos a partir de marzo de 2020 y que fue la causa real del término de la violencia.

Debido a las alarmantes cifras de la pandemia de Covid-19, el Plebiscito Constituyente fijado para el 26 de abril de 2020 se aplazó para el 25 de octubre del mismo año, fecha en que, a pesar de la mejora en las condiciones sanitarias, el país volvió a vivir la amenaza de la reactivación de la violencia callejera. Una especie de recordatorio al electorado sobre las posibles consecuencias de un resultado “no deseado” en el plebiscito.

Fue así como, desde principios de octubre, se notó un aumento en los ataques de carácter terrorista en la llamada Macrozona Sur, los que el 3 de octubre de 2020 cobraron la vida del trabajador forestal Pedro Cabrera de 49 años; le siguió, el día 19 de octubre, uno de los mayores ataques que se recuerdan en la zona, con la quema de 13 camiones en las cercanías de Angol.

También regresó, en gloria y majestad, la violencia en la llamada Plaza Italia de Santiago, la que se radicalizó luego de la caída de un joven de 16 años desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho. Se acusó a un carabinero de haber producido el hecho al interceptarlo.

La angustia de los vecinos de Plaza Italia volvía a salir a la luz. “Desmanes reviven angustia de los vecinos de Plaza Baquedano”, informó la prensa, agregando que “en medio de un creciente número de viviendas que están quedando vacías, los residentes esperan que el plebiscito constitucional del 25 de octubre ponga fin a la violencia que se arrastra desde el año pasado” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9). En la misma nota se consignan las palabras de la presidenta de la junta de vecinos San Borja, Carmen León, de 77 años: “Había ilusión de que estábamos saliendo de esto, pero no fue así”.

Misma esperanza manifestó el presidente de la junta de vecinos del Parque Forestal, Héctor Vergara, quien confiaba que después del plebiscito regresaría la paz: “Tenemos esperanzas de que con una decisión mayoritaria, que es lo que se manifiesta en las calles, venga un aspecto más positivo para el barrio”. Por su parte, Francisca Fernández, locataria de la fuente de soda Blanco, manifestó también su esperanza: “Algunos dicen que con el plebiscito este tipo de manifestaciones ya no deberían existir” (El Mercurio, 9 octubre 2020, C9).

Acercándose la fecha del plebiscito, el 9 de octubre Plaza Italia vivió el día más violento de protestas desde marzo de 2020. Destrucción de bienes públicos y buses de transporte colectivo, con su tradicional secuela de barricadas e incendios. Un desconsolado alcalde de Santiago afirmó: “Los vecinos están sintiendo que están regresando a octubre de hace un año, cuando las manifestaciones terminaron con violencia y destruyendo prácticamente todo el barrio” (El Mercurio, 11 octubre 2020, C8).

Por otra parte, en el campo político, un sector de los partidos de oposición aumentaba sus esfuerzos por provocar la desestabilización del gobierno presentando una serie de acusaciones constitucionales, incluyendo al Presidente de la República, a quien además le pedían la renuncia. A pocos días del Plebiscito Constituyente también fueron acusados los ministros del Interior y de Salud.

Por último, al cumplirse un año del estallido social no podía faltar la violencia. El 18 de octubre de 2020, a solo seis días del plebiscito, se realizó una verdadera demostración de fuerza. Las iglesias La Asunción y San Francisco de Borja fueron espectacularmente incendiadas; imagen ícono de esa jornada fue la caída de la aguja envuelta en llamas de la Iglesia La Asunción, la que “se desplomó frente a decenas de encapuchados que saltaban, gritaban, aplaudían y se sacaban selfies con sus teléfonos celulares, ‘festejando’ la destrucción del templo inaugurado en 1876”. Ante la quema, un angustiado arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aós, exclamó: “Les suplico, ¡basta, basta de violencia!” (El Mercurio, 19 octubre 2020, C1).

El país también fue testigo de los ya rutinarios saqueos a locales comerciales, farmacias, edificios públicos y ataques a comisarías de Carabineros. La “celebración” terminó con 22 carabineros heridos y 4 comisarías atacadas. Los hechos de violencia se repitieron en Antofagasta, La Serena y Punta Arenas.

En este ambiente de violencia extrema y miedo generalizado, más de 7 millones y medio de chilenos fueron a votar para el plebiscito constitucional, registrándose un inesperado aumento de votantes menores de 40 años. Los resultados fueron contundentes: Apruebo: 78,8% (5.892.832); Rechazo: 21,72% (1.635.164).