Gerardo Barbosa Castillo - El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia

El propósito de elaborar un documento alrededor de lo ocurrido durante los años de conflicto en Colombia, que tenga en cuenta la diversidad de explicaciones dadas a lo largo de la historia y en la multiplicidad de fuentes y de voces, lo inició la CEV el 29 de noviembre de 2018, día en el que inició oficialmente su mandato. “En una emotiva ceremonia, su presidente, el padre Francisco de Roux, aseguró que la verdad ‘debe ser un bien público, un derecho y un bien ineludible’. Vamos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas, una verdad dolorosa, pero necesaria, sin sesgos ni negociaciones, buscada con la mayor libertad posible, sin intereses políticos’, aseguró” ( El Espectador , 29/11/2018a). Esta tarea no está exenta de tensiones y críticas pero también hay quienes señalan su pertinencia. El excomisionado de paz Humberto de la Calle señaló en artículo de prensa:

Creo que es la comisión de las verdades. Porque precisamente no se trata de imponer una verdad sobre otra, que es otra de las dolencias que padecemos. Parte de la polarización actual es que nadie quiere ceder un ápice a la verdad del otro. Hubo masacres de un lado y del otro. Cada masacre, siendo de signo contrario, es sin embargo verdadera. Algunos piensan que es mejor el olvido. Barrer debajo de la alfombra y ya está. No es así. De la misma manera que en la justicia no caben las amnistías generales, hay que afrontar las verdades si queremos extirpar la semilla de la violencia (De la Calle, 30/11/2018).

Finalmente, y luego de un enfrentamiento de más de medio siglo, el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP, acordaron poner fin al conflicto armado interno. Tal decisión implica, en primera medida, la terminación del sufrimiento que han causado los diferentes enfrentamientos armados y, segundo, el inicio de una fase de transición que contribuya a una mayor integración de los territorios, a la inclusión social y al fortalecimiento de la democracia, como se señaló en el Acuerdo Final, que contempla seis puntos:

1. Reforma rural integral : la cual se enfoca en la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienes y buen vivir para la población rural.

2. Participación política : relacionada con la construcción y consolidación de la paz. Se requiere el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad.

3. Cese el fuego, dejación de las armas y reincorporación de las FARC : tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP y la conversión de un actor válido dentro de la democracia por parte del grupo armado ilegal.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas : se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando el enfoque general de derechos humanos y salud pública.

5. Víctimas : se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuya a la lucha de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales que contribuyan al escla-recimiento de lo ocurrido. Tal sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición.

6. Mecanismos de implementación y verificación : al igual que el anterior punto, se crea una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento y servir de instancia para la resolución de diferencias.

Como parte del punto número cinco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y con el fin de situar a las víctimas en el centro del proceso, el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP acordaron crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que junto a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se articulan dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene como propósito consolidar un escenario institucional transitorio apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, a la vez que contribuir a la reconciliación nacional. Los tres elementos que lo componen buscan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los perjuicios de diferente naturaleza que hubieren padecido.

Estos objetivos suponen un panorama complejo y con diversos enfoques. Por un lado, sus actividades pueden estar comprendidas como un mecanismo de transición ficticia de la guerra a la paz (Gómez, 2017, p. 4), como ha sucedido en escenarios transicionales, entre ellos Perú y Guatemala o, por el contrario, concretarse como un proceso que contribuya en una verdadera transformación social, situación que ha de hacerse posible solo mediante estrategias concretas que habiliten la posibilidad de cambio asignada a estos sistemas con base en la historia, la verdad y la memoria de las víctimas.

Es de interés, por lo tanto, identificar el potencial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en términos de aclaración de hechos violentos y alcance de la verdad propuestos en el Acuerdo y reglamentados por el Decreto 588 del 5 de abril de 2017.

La Comisión es una entidad autónoma e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio, como lo señala el Acuerdo, establecida para un período de tres años, y un lapso previo de hasta seis meses para la preparación de su funcionamiento. En palabras de su presidente, el padre Francisco de Roux, su misión será la de “construir un informe final que establezca patrones de violencia y hechos victimizantes”, en la búsqueda de “la reconciliación y que contribuya a la no repetición de lo ocurrido” ( El Espectador , 29/11/2018b).

El resultado del trabajo de la Comisión permitirá la construcción y preservación de la memoria histórica, así como el entendimiento de múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, aunque siempre ha sido clara en el hecho de que no busca la elaboración de una única historia o versión, una historia oficial, sino contribuir al conocimiento de las verdades, en plural, así puedan ser contradictorias. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales, conforme al Decreto 588 (05/04/2017):

1. “La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en el género, entre otros.”