Gerardo Barbosa Castillo - El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia

En “ Algunas reflexiones sobre las percepciones de la Fuerza Pública en Colombia”, su tercera contribución a este volumen, Rodríguez presenta una aproximación preliminar a algunas de las percepciones que se han generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas han tenido en la sociedad civil.

Para alcanzar su propósito, el autor realiza una selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la participación de las víctimas en la construcción de la memoria y la relación con los actores institucionales; revisa la información existente en torno a la presencia de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado y desarrolla una caracterización del lenguaje usado al referirse al adversario, lo cual también impacta en tales percepciones mutuas.

Rodríguez Gómez adopta como eje central de su trabajo la percepción como resultado de la sensación generada por un discurso y otras formas de comunicación que producen y se constituyen, por sí mismas en “modelos culturales”. En consecuencia, el análisis está basado en una amplia selección de documentos periodísticos y algunos textos escritos por víctimas y testigos excepcionales del conflicto. En el texto se subraya la percepción que la sociedad civil ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado y luego avanza con el estudio de una parte de la bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario del conflicto, teniendo como punto de partida la participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.

En el artículo “ El amparo económico de los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad por actos de servicio”, Magdalena Correa Henao se pregunta sobre la forma como el Estado colombiano ha abordado la problemática de los miembros de la Fuerza Pública que han quedado en situación de discapacidad mientras se encontraban en actividades propias del servicio. Para responder a este interrogante, Correa lleva a cabo un estudio sistemático de las normas y medidas que se han adoptado para asegurar la inclusión laboral o económica de los soldados y policías que se hallan en esa situación, producto de su participación como Fuerza Pública en el conflicto armado.

Este análisis de carácter exhaustivo explora y describe el concepto de discapacidad y su diferencia con las nociones de invalidez e incapacidad . Posteriormente, la autora vincula este análisis con el tratamiento jurídico de protección que ofrecen las líneas del derecho internacional, constitucional, legal y la jurisprudencia a las personas en situación de discapacidad, el caso particular de los integrantes de la Fuerza Pública en esta condición y las garantías constitucionales de inclusión económica y laboral.

En su siguiente contribución, titulada “ Responsabilidad de los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, Magdalena Correa indaga sobre el régimen de responsabilidad de los funcionarios del Sistema. Para abordar esta cuestión, Correa divide su texto en tres partes: en primer término, analiza la estructura y configuración del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; en la segunda sección, describe el régimen de responsabilidad penal y disciplinaria de cada una de las entidades que integran el sistema a través de las diversas fuentes del derecho que lo determinan; y en la última parte presenta sus conclusiones y consideraciones finales.

El estudio puntualiza que el diseño institucional en relación con la responsabilidad de los funcionarios del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ofrece garantías razonables para que estos servidores públicos afronten las consecuencias en caso de desconocer su compromiso con la búsqueda de la verdad, de los desaparecidos, la construcción de una justicia restauradora y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, persisten cuestiones por indagar en el futuro sobre este tema, en especial en relación con las formas en que se concreta el control a dichos funcionarios y en el sentido de que el sistema de investigación y juzgamiento ofrezca garantías suficientes para que las conductas sean imparciales, sujetas a derecho y que no estén mediadas por intereses de terceros. Lo anterior es de importancia manifiesta, frente a la singularidad y responsabilidad de estas entidades en la observancia de los objetivos de justicia y verdad en la implementación de los Acuerdos de Paz.

En “ Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares: recomendaciones teóricas”, Édgar Solano se propone identificar y proponer los criterios jurídicos que permitan delimitar el uso de la fuerza en la planeación, preparación y ejecución de operaciones militares en un escenario de postacuerdo. Con esta finalidad, el artículo se divide en tres etapas: una etapa de contextualización sobre el concepto de uso de la fuerza en operaciones militares, una parte descriptiva de casos particulares sobre aplicación de esta normativa y la última parte presenta una propuesta de regulación del uso de la fuerza en operaciones militares.

Solano González indaga por un procedimiento complementario para la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza en una operación militar específica, como mecanismo de fortalecimiento jurídico del actual proceso militar de toma de decisiones mediante la inclusión de parámetros y principios desde la perspectiva de la responsabilidad política en la toma de decisiones. Esto último es de los aportes determinantes de este razonamiento que prevé la posibilidad de atribuir responsabilidades a las autoridades civiles que tienen un cierto margen de apreciación en la toma de decisiones sobre operaciones militares que tengan como fin la neutralización de objetivos militares de alto valor estratégico (OMAVE) y objetivos militares de interés nacional (OMINA).

Por su parte, en “ La prolongación del conflicto armado no internacional en Colombia como presupuesto material de aplicación del derecho internacional humanitario: investigación y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares”, Solano presenta un conjunto de argumentos fácticos y jurídicos sobre la necesidad de continuar con el uso de la normativa del derecho internacional humanitario en el periodo de postacuerdo, dada la prolongación del conflicto armado en la mayor parte del territorio nacional.

El trabajo de Solano aborda con precisión el estudio de los elementos objetivos de carácter fáctico que permiten constatar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Posteriormente, se exponen los criterios jurídicos que autorizan a las Fuerzas Militares a hacer uso de la fuerza conforme al derecho internacional humanitario y justifican la aplicación de esta normativa durante las etapas de investigación y juzgamiento de las presuntas conductas punibles cometidas por sus integrantes, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento armado.

A su vez, María José Viana Cleves ha contribuido a este volumen con el texto titulado “ Las competencias del Ejército Nacional para combatir a los Grupos Armados Organizados: un análisis normativo”. El objetivo del estudio es determinar de qué manera debe el Ejército Nacional ejercer sus competencias para combatir a los Grupos Armados Organizados, dentro del marco normativo vigente, contenido en las directivas 15 y 16 de 2016, la Ley 1908 de 2018 y el Proyecto de Ley 180 de 2018.

Frente a la problemática que plantea la transformación de las denominadas “bandas criminales” (Bacrim) en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), por la modificación del tratamiento dado a los primeros mediante la normativa que regula a estos últimos (las directivas 15 y 16 de 2016 y la Ley 1908 de 2018), Viana Cleves realiza un breve análisis crítico de estas disposiciones. La autora construye un ejercicio de ponderación acerca de los efectos objetivos y jurídicos a los que conduce el cambio de caracterización de estos grupos y sus implicaciones para la actuación de las Fuerzas Militares y la jurisdicción competente para investigar y juzgar a sus integrantes.