Mara Laudonia - Los buitres de la deuda

Entonces se supo que NML tenía detrás como dueño al fondo Elliott, que litigó con éxito contra Perú y cuya cabeza visible era un reconocido administrador de activos en Manhattan especializado en hacerse de ganancias a través de litigios por defaults, Jay Newman. NML comenzó litigando por unos cientos de millones, si bien luego fue adquiriendo más bonos en default, ya que a la fecha acumula sentencias de más 2.300 millones de dólares reclamados a la Argentina.

En Halloween, los verdaderos piratas del Caribe no estaban afuera enmascarados en las calles de Nueva York sino adentro de la Corte, ante Griesa.

Tras el default, el fondo NML salió a la caza de activos argentinos pero no eligió cualquier bono. Entre ellos, adquirió la mayoría de la serie emitida de los denominados Floating Rate Accrual Notes (FRAN), que fueron emitidos en 1998 con vencimiento en 2005, en la última etapa de Menem, cuando Roque Fernández era ministro de Economía.

Los bonos FRAN tuvieron un curioso diseño, producto del estigma de la era menemista del festival de bonos. Para captar la atención de los inversores internacionales, fueron instrumentos emitidos por el país a una tasa variable, calculada sobre la base del mecanismo de atar la misma al rendimiento que el mercado le asignaba a otros títulos de la Argentina. Este mecanismo les aseguró a los acreedores cobrar tasas exorbitantes, en momentos en que el país se encontraba en peor situación económica.

La deuda emitida total en default no representa más de 289 millones de dólares, el valor nominal de la deuda emitida. Pero, a causa de este esquema de rendimiento diseñado en los 90, los juicios por esta deuda –entre capital e intereses acumulados impagos– totalizan la friolera de 2.800 millones de dólares, casi diez veces más que la deuda nominal total.

Esto le permitiría a NML y otros tenedores de esta deuda ganar cerca de 1.000% de la inversión nominal, si llegaran a cobrar algún día el total sus reclamos. Sin embargo, al presumir que adquirieron los bonos a valor de 25 centavos por dólar, el rendimiento asciende al 4.000%.

Esta tasa que era del 9,158% anual en el momento de la emisión de los FRAN, llegó a valores cercanos al 100% en los picos de crecimiento del riesgo país argentino, que se alcanzó a mediados de 2002 en pleno default.[29]

La sentencia

Estos dos fondos buitre buscaron los mejores abogados de Manhattan. En los meses previos a la audiencia habían obtenido –o estaban en proceso de obtener– sentencias a favor por los compromisos impagos de la Argentina, según la legislación neoyorquina de las emisiones de deuda de países. Buscaban avanzar un paso más en el cobro de sus acreencias, por lo que comenzaron con la búsqueda de activos para embargar, aun antes de que se conociera la oferta definitiva del futuro canje de deuda.

Durante la sesión, hubo un fuerte intercambio de declaraciones por cerca de dos horas y Griesa marcó el comienzo de lo que fue su estilo en la mediación entre las partes: dictaminó una solución salomónica, que esa vez en particular frenó la posibilidad de que los acreedores tuvieran la vía libre para interceptar activos susceptibles de embargo, pero a la vez demoró esa posibilidad sólo por noventa días, a partir de los cuales los acreedores comenzarían con la caza de activos.

Griesa argumentó que no quería entorpecer el proceso de negociación con los acreedores que la Argentina había iniciado. A la vez, se había molestado con los buitres porque denotaban ansiedad por salir a la pesca de activos, sin conocer aún los detalles de la oferta final, que llevaría meses en conocerse.

El juez no dio lugar a especulaciones sobre las posibilidades de una “mala oferta” que denunciaban los acreedores y, al no declarar los litigantes ningún activo detectado, consideró que tampoco había apuro por un eventual cobro. Y agregó que, finalmente, “la oferta puede resultar mejor de lo que ustedes pueden obtener” con el rastreo de bienes argentinos diseminados por el mundo, razonó el juez.

En este razonamiento, primó el darle una oportunidad a los miles de acreedores que decidieron no litigar de antemano, y que luego optaron por ingresar a la operación.

Pese a que la Argentina enfrentó después cantidad de audiencias internacionales por el default declarado en 2001, que representaron verdaderos dolores de cabeza para el país con amenazas de embargos de los más diversos, la de la noche de brujas resultó clave: fue larga, hasta dramática por momentos, pero muy elocuente en varios aspectos, y marcó el suceso de los acontecimientos que vendrían después.

En primer lugar, la Argentina defendía por primera vez ante las cortes internacionales y con rigor técnico el esquema propuesto para la reestructuración de deuda en default más grande conocida hasta el momento, sobre la base de un pilar fundamental de la sustentabilidad de la deuda. Es decir, la Argentina buscaba demostrar allí su “buena fe” para resolver el default, pero a través de un esquema novedoso en materia de reestructuración de deuda para los países, que era acorde a su capacidad de pago, indiscutiblemente ligado al crecimiento futuro del país.

Un esquema contrario y “más amigable al mercado” ya había sido aplicado durante el megacanje de deuda de mediados de 2001 que realizó Cavallo, cuando el ministro de Economía padecía ya la asfixia en las cuentas públicas: propuso un canje sin quita, con el solo beneficio para el país de estirar el pago de los vencimientos, ofreciendo garantías complejas y elevando los intereses a pagar a niveles peligrosos, lo que a la postre se tradujo en un boomerang. Con el dato no menor de que hubo abultadas comisiones, del orden de 160 millones de dólares –según los registros periodísticos–, pues se privilegió discrecionalmente a bancos de inversión “amigos”. Al punto que se consideró que el megacanje violó la Ley de Administración Financiera, ya que no mejoró al menos dos de tres condiciones que exige la ley: disminución de monto de deuda, baja de intereses o extensión de plazos.[30]

El resultado de aquel megacanje para patear vencimientos de deuda, que se realizó tan sólo tres meses después de haberse negociado un paquete de ayuda denominado “blindaje” con el FMI y otros países por casi 40.000 millones de dólares, fue una crisis mayor de deuda que luego se tornó insostenible, luego se tradujo en crisis de confianza, y terminó con el “corralito” y la salida de la convertibilidad. El pulso por ese entonces lo marcaba día a día el indicador de riesgo país del JP Morgan (el EMbi Plus, un diferencial riesgo de un bono local respecto de otro considerado seguro, como un bono del Tesoro de Estados Unidos), que se popularizó entre los argentinos y podía escucharse hasta en la radio Rock & Pop.

En segundo lugar, esa audiencia de Griesa puso de relieve, una vez más, la existencia de un vacío legal para la resolución de conflictos de quiebras de países soberanos con sus acreedores –que continúa aún hoy–, a diferencia de las quiebras en empresas privadas, que tienen un proceso legal establecido.

Los países son soberanos en sus decisiones, pero al emitir deuda en el exterior se someten a la diversa legislación internacional y gozan de cierta inmunidad soberana en activos como embajadas y reservas internacionales, que no podrían ser embargados en caso de algún incumplimiento. Pero, en la práctica, no pueden disolverse como una empresa en quiebra, puesto que permanecen. Kirchner exponía el problema claramente esa tarde desde Buenos Aires: “Cuando una empresa quiebra en Estados Unidos paga 14 centavos por dólar, y nosotros pagamos lo que podemos”, sostuvo, en alusión al emblemático caso de quiebra de la energética Enron.

En tercer lugar, se comenzaba a advertir el verdadero peso de los fondos buitre, que tienen un tremendo poder de lobby internacional, pueden poner en jaque a los países y ser pacientes por años, esperando agazapados ad eternum para actuar y poder cobrar, aprovechando este vacío legal internacional. En esa circunstancia, Kirchner ya alertaba esa misma tarde a los argentinos de lo arriesgado y del terreno desconocido por el que se transitaría –y se transita aún– en la estrategia legal argentina a nivel internacional, y que era “factible” que “nos fallaran en contra” en la Corte de Nueva York.