Francisco Martín Peredo Castro - Tinta, papel, nitrato y celuloide

En consecuencia, existe ahora, por ejemplo, un reconocimiento pleno del hecho de que los procesos de comunicación son procesos que deben ser jurídicamente regulados, pero no únicamente desde la perspectiva en la que se contemplan los intereses de los grupos políticos y empresariales (principales usufructuarios y beneficiarios de la comunicación hasta hace muy poco tiempo), o las cuestiones de regulación tecnológica, territorial, de mercadeo, etcétera, sino también desde la perspectiva de los individuos y los grupos sociales que tienen derechos reconocidos en materia de comunicación e información.

El reconocimiento del derecho de las personas en materia de comunicación e información, implica admitir que si la comunicación es básica para la vida de los individuos y las sociedades, es por lo mismo de crucial importancia que se investiguen las cuestiones relativas a la incidencia de los procesos de comunicación en la conformación cultural, en el acceso a entretenimientos de calidad, y a la información necesaria, expedita, oportuna, veraz e imprescindible, para que los individuos estén en posibilidades de realizar una adecuada toma de decisiones (en lo individual, y en su participación ciudadana). También es innegable el derecho a la comunicación libre de sesgos ideológicos, prejuicios, ocultamientos, falseamientos, distorsiones, censuras, etcétera, en entornos sociales en los que tendría que primar el acuerdo social entre los protagonistas de los procesos de comunicación, para alcanzar cada vez más mayor calidad en el suministro de la información, la cultura y el entretenimiento a través de los medios.

Junto con todo lo anterior, los derechos y responsabilidades de los comunicadores, así como la jurisprudencia cada vez más creciente en materia de atención a los atentados contra el derecho a la comunicación, han devenido en factores de gran interés y atención por parte de los grupos políticos y empresariales, que forzados por las organizaciones de la sociedad civil han debido poner, o tratar de poner, coto a los monopolios; han impulsado la necesidad de que la sociedades dispongan de formación para la comunicación y la recepción de productos culturales de los medios, por medio no únicamente del estudio de estas cuestiones en la currícula de las instituciones de educación superior, o los centros de investigación, sino también a través de la creación de organismos, asociaciones o consejos. ciudadanizados en la mayoría de los casos. En algunos países éstos operan de manera que independientemente de la formación de profesionales en el estudio, la práctica, o la docencia y la investigación de la comunicación, los grupos sociales distintos de las clases políticas y empresariales disponen también del derecho a comunicar, del derecho al respeto a sus identidades, a su diversidad; del derecho al conocimiento y, en concreto, del derecho a la comunicación que facilita la toma de decisiones (en lo individual y para la vida en sociedad), y la protección de ese conjunto de garantías que forman parte, a no dudarlo, de los derechos ciudadanos, de las garantías individuales y de los derechos humanos.

De cuestiones como las referidas en el ejemplo anterior, y de varios otros que podrían citarse, se desprende la certeza de que el desarrollo teórico en la investigación y la docencia de la comunicación exige el replanteamiento de los abordajes científicos frente a la complejidad de los procesos sociales en los que la comunicación es protagonista fundamental. De ahí que en el estudio e investigación de la comunicación se haya trascendido del mero estudio de la práctica del comunicador, al estudio de aspectos específicos de la relación de interacción de los miembros de los grupos sociales (entre sí y de todos ellos con otros grupos y/o con sus gobernantes): la comunicación política, la comunicación cultural, la comunicación organizacional, etcétera. Esto, sabemos ahora, debe realizarse mediante enfoques que hace mucho tiempo dejaron atrás el mero “estudio de los medios”, para abordar a los productores (creadores, emisores, proveedores de informaciones, mensajes, productos culturales) y a los receptores (audiencias, espectadores, usuarios de mensajes, contenidos, informaciones, etcétera), desde perspectivas en las que la circulación de informaciones y productos diversos de carácter informativo –noticioso, de entretenimiento, de carácter cultural, etcétera–, no son vistas como aspectos inocuos de la convivencia social y política, sino como aspectos fundamentales en contextos en los que la circulación de informaciones y productos, su acceso o inaccesibilidad, y el ocultamiento, las distorsiones, los falseamientos y otras formas de manipulación de la comunicación, determinan el desarrollo y desenlace de procesos como los electorales, judiciales, sociales o, en concreto, el carácter de los procesos históricos que viven actualmente las sociedades en nuestro “mundo globalizado”.

En este panorama, entonces, pueden cobrar cabal sentido estudios como los que se proponen en este libro, y que en este capítulo inicial, introductorio, se definen como adheridos a la metodología de la historia cultural. Una historia en la que, por ahora, se han tomado como ejes protagónicos al cine, la literatura y la prensa, de manera individual, pero siempre en sus interacciones con los resortes de la política, la diplomacia y la vida social de los diferentes contextos que en cada capítulo se analizan y se explican, en una nueva propuesta de crítica, análisis interpretación y explicación histórica. En todos los casos aquí analizados el objeto de investigación, trátese de prensa, cine o literatura, es visto como fuente y, a la vez como agente, del proceso histórico con el que aparece entrelazado.

Bibliohemerografía

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