Francisco Antonio Ramírez Sánchez - Gestión fiscal. ADGD0108

Iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas.

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12. Si un contribuyente recibe una carta de pago de impuesto que vence el día 15 del mes siguiente y pide un fraccionamiento del importe, ¿cuándo comienza el período ejecutivo para el cobro de la deuda?

Este procedimiento se tramita de forma separada a la aplicación de los tributos recogidos en la LGT, salvo renuncia expresa del obligado tributario, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente.

Antes de comenzar con el estudio de las fases del procedimiento sancionador, es importante conocer cuáles son las infracciones y sanciones en el sistema tributario.

Los sujetos infractores son, recogidos anteriormente en el artículo 35.4 de la LGT, quienes efectúen acciones u omisiones calificadas como infracciones en la normativa.

Por otro lado, las infracciones están clasificadas en leves, graves o muy graves, en función de dos criterios:

Ente los artículos 191 y 206 bis de la LGT, se regula la clasificación de las infracciones y sanciones tributarias, que son:

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Sanción tributaria

Es la pena que imponen los órganos de la Administración. Tiene carácter pecuniario, ya sea una cantidad fija o proporcional, y no pecuniario, de carácter accesorio.

Las sanciones se gradúan en función de los siguientes criterios:

El procedimiento se inicia siempre de oficio, mediante la notificación del acuerdo del órgano competente. Los procedimientos iniciados por una declaración, procedimiento de verificación de datos, comprobación e inspección, no podrán iniciarse respecto de la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de 3 meses desde que se hubiera notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.

Durante el desarrollo del procedimiento sancionador, se podrán adoptar medidas cautelares según lo que establece el artículo 146 de la LGT.

Una vez terminadas las actuaciones, se enunciará la propuesta de resolución en la que se detallarán los hechos, calificación jurídica y la infracción en la que se haya podido incurrir, o, en su caso, la declaración de ausencia de infracción.

La finalización del procedimiento sancionador se realizará a través de resolución o por caducidad, debiendo este concluir en el plazo máximo de 6 meses desde la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento.

La resolución que pone fin al procedimiento sancionador es susceptible de reclamación o recurso (art. 212 LGT).

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13. ¿Qué pone fin al procedimiento sancionador? Explique su respuesta

La revisión de los actos administrativos puede llevarse a cabo por la vía administrativa cuando son los propios órganos de la administración los que llevan a cabo la revisión; por vía judicial, cuando la revisión es llevada a cabo por los tribunales de justicia, a través del recurso contencioso-administrativo.

Así, la LGT establece que los actos y las actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones serán revisados mediante:

Los procedimientos especiales de revisión.

El recurso de reposición.

Las reclamaciones económico-administrativas.

Los procedimientos especiales de revisión

Estos procedimientos están regulados en los artículos 217 a 221 de la LGT. Se considera así a la revisión de actos nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad de actos anulables, la revocación, la rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos.

Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho

Según el artículo 217 de la LGT, la nulidad de pleno derecho de los actos tributarios se podrá dar en los siguientes supuestos:

Cuando lesionen los derechos y libertades amparados constitucionalmente.

Cuando los actos hayan sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio.

Cuando tengan un contenido imposible.

Cuando sean constitutivos de infracción penal.

Cuando los actos tributarios hayan sido dictados total o parcialmente de los procedimientos y de las normas recogidas en la ley.

Cuando los actos sean contrarios a la normativa por no reunir los requisitos para su formalización.

Cualquier otro que se establezca en la ley.