María Daniela de la Rosa Calderón - Servicios públicos y medio ambiente Tomo IV

En definitiva, si bien la participación en la prestación de los servicios se basa en los principios del libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, dicha libertad tiene límites constitucionales, empezando por la misma limitación del bien común, directamente impuesta por el artículo 333 (SSPD, Oficina Asesora Jurídica, s.f.). De esa manera, condicionar la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto y energía a la aplicación de incentivos económicos al consumo se encuadraría dentro de las limitaciones legítimas referidas, en tanto se justificaría por el estado de crisis ambiental que soporta el planeta y a cuyas consecuencias Colombia no es ajena. En ese entendido, tal condicionamiento no podría ser considerado como quebrantamiento del derecho a la libertad de empresa de las ESPD.

El fomento de un consumo responsable y sostenible es un aspecto fundamental del principio de responsabilidad compartida, y más precisamente de cooperación entre la Administración y los ciudadanos. La cuestión se basa en el reconocimiento del papel más activo que debe asumir la sociedad frente a cuestiones de interés general, entre las cuales la protección ambiental es, además, urgente y por ello exige el desarrollo de medidas que articulen las relaciones y actuaciones compartidas dirigidas a defender el medio ambiente.

Aparte de los esfuerzos por fortalecer, mediante políticas, programas o campañas de educación, concienciación e información ambiental, la conciencia relacionada con el impacto ambiental de las actuaciones individuales, se requieren también otros tipos de medidas de eficiencia más inmediatos. En ese sentido, los incentivos al consumo responsable constituyen instrumentos ideales para instaurar valoraciones de corte económico que condicionen las actitudes y comportamientos de todos los agentes y abran la puerta al reconocimiento de un mayor ámbito de libertad de los ciudadanos, ya sea como titulares de actividades económicas, o como consumidores en la toma de decisiones que afectan la calidad ambiental.

Esta reflexión es necesaria no solo con respecto a los bienes materiales que se consumen cotidianamente y que se enfocan principalmente en el uso de plásticos, el consumo de carne y los viajes aéreos, sino también respecto del consumo de servicios públicos domiciliarios, entre los cuales el acueducto y la energía tienen repercusiones ambientales indiscutibles. Si bien el uso del agua para labores domésticas no constituye un porcentaje alto (8%) en comparación con el sector agrario (47%), es preciso considerar que las previsiones anuncian un aumento de la población, lo que a su vez supone incrementos en el consumo del recurso en el sector residencial. Por su parte, el sector residencial consume un porcentaje significativo de la energía total del país (16,72%). Así las cosas, no se debe descuidar el fomento al consumo responsable de los servicios públicos en el sector domiciliario. Adicionalmente, el consumo consciente y responsable de esos servicios también repercute en el desempeño de las actividades económicas y en la actitud hacia la cultura social en general. Desde otra perspectiva, las políticas de ahorro y consumo responsable de agua y energía resultan oportunas, teniendo en cuenta que el agua es la principal fuente de energía en América Latina, y que en los últimos años la sequía ha sido protagonista en la meteorología de la región. Aun más: en últimas, la consciencia en el consumo influye en la innovación tecnológica, la eficiencia, la protección ambiental y la reconducción de la economía. Los incentivos financieros o jurídicos centrados en los recursos llevan a los productores a buscar métodos alternativos y más eficientes en función de los costos, para satisfacer la demanda de los consumidores.

Desde el punto de vista conceptual, los servicios públicos domiciliarios giran en torno a las nociones de Estado social de derecho, libertad de mercado e, incluso, a lo que se ha dado en llamar Estado ambiental de derecho, por lo que un concepto integral y actualizado de tales servicios debería reflejar la necesidad de que sean suministrados considerando los requerimientos de manejo, aprovechamiento y consumo responsable y sostenible.

En definitiva, los cambios de comportamiento frente al uso de los servicios públicos de acueducto y energía se estimulan eficazmente a través de medidas de tipo económico, particularmente mediante incentivos incorporados en el sistema tarifario que gestionan los respectivos prestadores. Las medidas normativas adoptadas para desincentivar el uso excesivo de recursos como la energía y el agua, es decir, para incentivar su uso responsable, han tenido en Colombia carácter temporal y no continuo, remarcadamente para responder a crisis puntuales hídricas y energéticas. Convendría profundizar y reflexionar más acerca de la pertinencia de establecer tales medidas legales de forma permanente, teniendo en cuenta que, de hecho, vivimos ya una crisis ambiental arraigada y preocupante, y que tales medidas constituirían una contribución de las prestadoras de los referidos servicios y, en últimas, de los consumidores, a la lucha contra dicha crisis ambiental.

Finalmente, desde el prisma de la libertad de empresa, cabe sostener que establecer jurídicamente condiciones para que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios apliquen incentivos, tales como reducciones o recargos, dependiendo de los límites de consumo propuestos y/o tarifas de discriminación horaria, a efectos de fomentar el consumo responsable de los respectivos servicios, constituiría una limitación legítima a la libertad de empresa por razones de índole ambiental y, por tanto, no cabría ser considerada como vulneración de la libertad de empresa de tales entes prestadores de servicios públicos.

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