María Teresa Palacios Sanabria - Desafíos migratorios - realidades desde diversas orillas

Todos los derechos, llámense civiles, políticos, económicos o culturales, tienen un costo y prescriben tanto obligaciones negativas como positivas. Los derechos civiles no se agotan en obligaciones de abstención por parte del Estado: exigen conductas positivas, tales como la reglamentación —destinada a definir el alcance y las restricciones de los derechos—, la actividad administrativa de regulación, el ejercicio del poder de policía, la protección frente a las interferencias ilícitas del propio Estado y de otros particulares, la eventual imposición de condenas por parte del poder judicial en caso de vulneración. El Estado dispone de muchos recursos para la protección del derecho de propiedad: a ello se destina gran parte de la actividad de la justicia civil y penal, gran parte de la tarea policial, los registros de la propiedad inmueble, automotor y otros registros especiales, los servicios de catastro, etc. Todas estas actividades implican un costo para el Estado, sin el cual el derecho no resultaría inteligible y su ejercicio carecería de garantía.

Resulta no solo importante sino urgente e impostergable el lograr la plena vigencia y efectividad de los derechos sociales sin límites y restricciones, a fin de lograr lo más pronto posible la tan ansiada justicia social, que hoy más que nunca la humanidad reclama. No cabe ya seguir considerando a los derechos económicos, sociales y culturales como promesas políticas, sino que deben ser considerados como normas jurídicas obligatorias.

Referencias

Arango, R. (1997). El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis.

Abramovich, V. y Courtis, C. (2002). Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta.

Boaventura de Sousa, S. (1998). La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación. Bogotá: Universidad Nacional.

Ceballos Medina, M. (2010). Impacto de las migraciones forzadas de colombianos a Ecuador en las relaciones interestatales. Medellín: Carreta Social Editores.

Díaz Müller, L. (1991). Manual de derechos humanos. México: Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Diccionario de acción humanitaria. Desplazados internos. Recuperado de http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/74(consultado el 15 de mayo de 2018).

Ferrajoli, L. (1989). Derecho y razón. Madrid: Trotta.

Ferrajoli, L. (2004). “El derecho como sistema de garantías”. En Derechos y garantías. La ley del más débil (pp. 180) 4.ª ed. Madrid: Trotta.

García Abad, R. (2001). El papel de las redes migratorias en las migraciones. Revista electrónica de Geografía y Ciencias, 94(11). Recuperado de http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-11.htm(consultado el 20 de abril de 2018).

García de Enterría, E. (2006). La constitución como norma jurídica y el tribunal constitucional, 4. aed. Madrid: Editorial Civitas.

González, M. A. (2016). Los refugiados y desplazados son responsabilidad de todos. Revista Dinero. Bogotá. Recuperado de https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/losrefugiados-y-desplazados-son-responsabilidad-de-todos-pormaria-gonzalez/224349(consultado el 2 de mayo del 2018).

Gosta Esping, A. (1993). Los tres mundos del Estado de bienestar. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim.

Habermas, J. (1989). Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid: Catédra.

Heller, H. (2004). Teoría del Estado. Granada: Editorial Comares.

Massey, D. S., Durand, J. y Malone, N. J. (2009). Detrás de la trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos. México: Universidad Autónoma de Zacatecas.

Mejía, Ó. y Giraldo, T. (2008). Estatuto epistemológico de la cultura política. Bogotá: Editorial Universidad Nacional.

Montoya Brand, M. (2008). Constitución de 1991, conflicto armado y control constitucional. Colombia Estudios de Derecho. LXV, (145), 33-66.

Ocampo González, M. y Arboleda Cardona, S. (2016). Colombia y los flujos mixtos de migrantes en el derecho internacional de los refugiados. Opinión Jurídica, 15(30), 93-108.

Papacchini, A. (1997). Filosofía y derechos humanos. Santiago de Cali: Universidad del Valle.

Pérez Luño, A. E. (1991). Las generaciones de derechos humanos. Madrid: Centro de Estudio Constitucionales.

Prieto Sanchís, L. (1990). Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid: Debate.

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es(consultado el 9 de septiembre de 2018).

Robert, A. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Rodríguez, J. (1998). La legitimidad en el Estado social de derecho. Bogotá: Ed. Leyer.

Rodríguez, M. L. (2008). “John Rawls y el pronunciamiento Constitucional”. En J. I. González y M. Pérez, Pluralismo, legitimidad y economía política (pp. 237-264). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Uprimmy, R. y Guarnizo, D. (2006). ¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresividad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana. Bogotá: Universidad Nacional, Centro de estudios de derecho Justicia y Sociedad.

Vallefín, Carlos A. (2002). Protección cautelar frente al Estado. Buenos Aires: Ed. Lexis Nexis.

Vidal, IL. (1999). La teoría de Ronal Dworkin: la reconstrucción del derecho a partir de los casos. España: Universidad Rioja, Dialnet.

Notas

*Abogada de la Universidad de La Sabana, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Investigadora del Grupo de Investigación CIFAD de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.

**Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador de la Universidad de Boyacá.

***Auxiliar de investigación, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.

1Entiéndase como justiciabilidad al mecanismo que tiene cualquier persona para acceder a instancias judiciales nacionales o internacionales, con el fin de lograr que se le reconozca el derecho y su posible reparación.

Capítulo 2

Constitucionalismo utópico y realidades vergonzosas Refugio en el Mediterráneo

Fernanda Navas-Camargo *Jaime Cubides-Cárdenas **Natalia Pérez Cagua ***

Constitución, instrumento fundamental

Una Constitución debe ser la declaración escrita de los principios de una nación. El respeto por toda la humanidad, desde el punto de vista de los derechos humanos, es la afirmación central en esas cartas fundamentales. Sin embargo, ante esa declaratoria que incorpora territorios, personas, culturas, creencias y normas de convivencia, se traza una línea divisoria que permite ubicar en un peldaño superior a aquellos que gozan de un reconocimiento de ciudadanía, frente a los que no disponen de ella pero que por motivos de diversa índole se han incorporado dentro de un territorio, ahora compartido. Se surten nuevas formas de relacionarse, y en algunos casos se comienza a ver al foráneo como un extraño indeseado. Ese proceder que no tendría por qué ser natural cobra validez cuando, al acudir a la Carta Magna de un Estado cualquiera, se encuentra que, de manera discriminada y afirmativa, en efecto, el foráneo no ha de ser tratado como igual.

Los derechos constitucionales raramente se abordan para la protección de migrantes y refugiados. En los últimos años, el número de migrantes y de solicitantes de asilo de refugio ha aumentado en cifras sin precedentes, generando una situación que ha sido tildada como crisis humanitaria. Los países europeos que tras el inicio de la oleada migrante del año 2015 se mostraban simpatizantes, paulatinamente fueron generando resistencia, y caminando así en contravía de un anhelado proceso de integración. Largas estancias en campos de refugiados a la espera de decisiones burocráticas, cuotas de recepción incumplidas y obstáculos frente al cumplimiento de principios de derecho internacional han sido una constante.