Edier Alberto Alzate Sanabria - Responsabilidad del Estado por actos terroristas

De manera específica puede evidenciarse la categoría de terrorismo de Estado en España debido a que durante la dictadura franquista hubo una pretensión hacia la unificación española a la fuerza que conllevó a una vulneración sistemática de derechos humanos con la reiteración de actos como ejecuciones, desapariciones forzadas, prácticas esclavistas, trabajo forzado y torturas de grupos opositores.

Añádase a esto que dichas actuaciones han quedado en la impunidad como consecuencia de la Ley 46 de 1977, por la cual se estableció una amnistía para “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”. 29

Puede decirse entonces que en la actualidad los hechos mencionados que pueden catalogarse como terrorismo de Estado no han sido investigados formalmente por los órganos jurisdiccionales, generando la preocupación de los españoles y de las organizaciones para la protección de los derechos humanos por la latente impunidad. Al respecto, puede citarse la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual dijo sobre las violaciones del pasado:

El Comité expresa y reitera su preocupación (CCPR/C/ESP/CO/5, párr. 9) por la posición del Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. El Comité está preocupado por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, en particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate. El Comité también está preocupado por las dificultades en el acceso a los archivos, en particular, los archivos militares (arts. 2, 6 y 7). 30

Una vez expresado lo previo, se postula que en Colombia y España pueden identificarse muestras del fenómeno del terrorismo de Estado por la existencia de una serie de actuaciones sistemáticas fuera de la legitimidad del uso de la fuerza con la finalidad de desestabilizar y aminorar a la oposición. Se hace la salvedad de que los contextos son diferentes y que la manera en que se cometieron los actos son un reflejo de la historia de cada país.

4. Narcoterrorismo

Otra categoría específica de estudio de la temática es el narcoterrorismo. Se formula entonces que en esta noción confluyen dos fenómenos muy complejos: el narcotráfico y el terrorismo. Sin el ánimo de postular una visión simplista, es posible hablar de narcoterrorismo cuando estamos frente a actuaciones indiscriminadas en contra de la población o la institucionalidad estatal que se ejecutan o son financiadas por grupos narcotraficantes con la finalidad de demostrar su supremacía sobre el Estado y el orden establecido.

Bajo esta lógica, dicho fenómeno debe ser analizado desde su origen y la finalidad que tiene. 31Al hablar de su origen el elemento determinante es la intervención de estructuras criminales centradas en el narcotráfico que financian o ejecutan ataques vehementes para causar la desestabilización de los entes gubernamentales y el debilitamiento de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, al referirse a su finalidad, puede resumirse que los andamiajes delictivos dedicados al narcotráfico recurren a actos terroristas con la pretensión de mostrar una supremacía de poder y mantener el control de las rutas para el tráfico de estupefacientes, que conlleve a que dichas organizaciones puedan detentar el dominio del mercado de narcóticos.

Puede observarse que el crecimiento de grandes carteles en Colombia dedicados al narcotráfico hacia la década de los ochenta y la alianza con las guerrillas existentes es el mayor ejemplo de dicha vertiente del terrorismo, porque dentro de este contexto se propició la comisión de actos delictivos que iban desde secuestros, torturas y homicidios con la modalidad de sicariato, hasta la explosión de artefactos explosivos en puntos estratégicos para los criminales.

Lo previo refleja que en el caso del Estado colombiano se han vivido dos formas de este fenómeno atroz, identificadas fácilmente por sus principales promotores. Por un lado, debe traerse a colación una etapa mucho más larga en el marco del conflicto armado interno sostenido entre el Estado colombiano y las distintas fuerzas guerrilleras, como las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 32y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales surgieron como agrupaciones campesinas que eligieron la lucha armada como resistencia a las fuerzas estatales pasada la mitad del siglo XX.

Dichas guerrillas en su origen se oponían a las ideologías y prácticas que por la época se propugnaban por el Gobierno, cuestionando los intereses de las élites terratenientes en relación con el dominio político, territorial y militar que estas ejercían. Sin embargo, con el pasar de los años la lucha que para muchos podría considerarse lógica perdió su rumbo y con el pretexto de dar la batalla por los menos favorecidos en Colombia, se convirtió en una sucesión de actos reprochables.

Dentro de los actos ejecutados se pueden ejemplificar la toma a poblaciones civiles indefensas; las masacres; las bombas a torres de energía, gasoductos, estaciones militares y templos religiosos; además de la instalación de minas antipersona, la comisión de secuestros y las mutilaciones como muestras de la vulneración sistemática e injustificada de los derechos humanos vivida en la nación. 33

Todo esto fue consecuencia de la lucha armada que consumía las vidas del país, en la que los grupos guerrilleros, aún manifestando su intención de forjar un cambio sustancial en el modelo político, económico y social imperante, se centraron en la defensa de sus intereses particulares. Añádase, pues, que dichos intereses han sido el dominio de grandes extensiones de tierra abandonadas por el Estado, la posesión de los cultivos ilícitos, la dirección de la minería ilegal, la producción de alucinógenos, aunados al control de las rutas para comercializar las drogas al exterior a cambio de millones de dólares, armamento militar y apoyo a su causa.

Por otra parte, puede hacerse referencia a que con el crecimiento impetuoso de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, Colombia sufrió ataques que hacían más gravosa la situación interna ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Uno de los nombres principales que se relaciona con este fenómeno cruel es el de Pablo Escobar Gaviria, líder del denominado Cartel de Medellín y máximo exponente de la confrontación de las organizaciones criminales contra la institucionalidad gubernamental en un tiempo en el que se discutía la posibilidad de aprobar la extradición de los cabecillas de los carteles a Estados Unidos.

Solo por mencionar algunos episodios del llamado narcoterrorismo de este cartel, es posible enlistar el atentado contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) perpetrado con un carro bomba el 6 de diciembre de 1989, 34la muerte de varios de los candidatos presidenciales en las elecciones presidenciales de 1990, el ataque al avión de la aerolínea Avianca en que presuntamente se desplazaría César Gaviria, 35al igual que las decenas de petardos-bomba, secuestros y homicidios de servidores públicos, familiares de políticos y personas civiles.

Como se ve, esta es una de las caras del narcoterrorismo vista desde la historia de un país como Colombia, pero la verdad es que su dimensión no se queda allí debido a que también pueden mencionarse los problemas que se viven desde una óptica regional en lugares como Centroamérica. En esa zona geográfica países como México han sufrido reiterados golpes por parte de los carteles que batallan por el control del negocio del narcotráfico, quienes no han escatimado fuerzas ni recursos para enfrentarse a las instituciones federales que se les oponen.