El complejo entorno económico, social y ambiental -y desde luego, el de justicia y Estado de derecho- que actualmente vivimos los mexicanos, nos llama a innovar para transformar el estado actual de las cosas. Son tiempos para impulsar cambios profundos de paradigmas, de actuar con profunda responsabilidad, con una visión global de corto, mediano y largo plazo, de sumar ideas innovadoras que transformen e impulsen el desarrollo nacional con certeza y de cara al futuro.
Son tiempos para atrevernos a transformar nuestra realidad apoyados en la cultura de la innovación, de coordinar esfuerzos y de reconocer las buenas prácticas y experiencias locales, regionales e internacionales, de pensar exponencialmente amparados en nuevos marcos jurídicos y de políticas públicas, así como en herramientas y avances tecnológicos. Sí, son tiempos para fortalecer la visión y misión innovadora del Estado en el ámbito público y privado.
Para materializar este proceso de transformación, es imperativo que surjan y que se impulse a líderes sociales, empresariales, académicos y gubernamentales dispuestos a innovar y a transformar la visión colectiva de México y sus regiones, para avanzar con la firme convicción de que nuestra pluralidad y nuestras diferencias nos hacen más fuertes, productivos y competitivos. Son tiempos para que todos los mexicanos vivamos los principios de la economía verde, para proyectar al país hacia nuevos estadios de desarrollo económico, social y ambiental.
Reconocidas instituciones internacionales y líderes mundiales ya impulsan y promueven el desarrollo sostenible incluyente por medio de la innovación; lo anterior como una impostergable medida ante las crisis económicas, sociales y ambientales que actualmente enfrenta el planeta y resulta urgente atender. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por mencionar algunas, reconocen la importancia de impulsar la economía verde para dar solución a estas problemáticas.
Ciudades de todos los continentes, incluso naciones enteras, están en proceso de diseñar, dirigir e implementar políticas públicas innovadoras, necesarias para adoptar este tipo de economía; en cada región o continente existe una ciudad que ha logrado convertirse en la «ciudad más verde» gracias a sus mejoras en ámbitos como la movilidad, la energía, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la infraestructura para ciudades inteligentes y, en general, por el progreso económico de su sociedad en conjunto; lo que demuestra que sí es posible dejar atrás las prácticas del modelo de desarrollo económico marrón, vigente hasta entonces, para transitar hacia una economía verde que esté en armonía con el medio ambiente.
En esos lugares se han dado casos exitosos y tangibles de la práctica de este nuevo tipo de economía. Por ejemplo Copenhague, capital de Dinamarca, se ha posicionado como la ciudad más verde de Europa gracias a su inversión en infraestructura para transporte público, y a la incentivación del uso de la bicicleta como medio de transporte. En lo que respecta al continente americano, países como Canadá y Estados Unidos son los que cuentan con un mayor número de ciudades verdes; entre ellas destacan Vancouver (Canadá) y San Francisco (EUA) por las acciones que han tomado respecto a la gestión de los residuos sólidos urbanos. En Latinoamérica, la ciudad brasileña de Curitiba es una de las ciudades verdes más representativas, debido a su implementación de medidas de movilidad, reflejadas en el aumento de calles peatonales (Martínez, 2014).
Además de las ciudades mencionadas, existen otros casos de localidades que, desde su diseño, fueron concebidas a partir del concepto de economía verde; es decir, son ciudades pensadas por completo para que sean autosustentables, en donde la naturaleza, la sociedad y la economía conviven en armonía. Tal es el caso de Tianjin Eco-City, que busca colocar a China como líder en materia de innovación en medio ambiente a nivel internacional; se trata de una ciudad diseñada y construida para incorporar tanto la movilidad sostenible, como el aprovechamiento máximo de las energías eólica y solar por medio la infraestructura ecológica; se espera que esta ciudad sea operativa para el año 2020 y que albergue a 350 000 habitantes (Abilia, 2017).
En algunas regiones del mundo, la sociedad tiene ya un amplio interés y una genuina preocupación por las cuestiones del medio ambiente y su evidente deterioro; personajes influyentes en el ámbito económico, político, organizaciones sociales y comunidades de científicos, subrayan la necesidad y la urgencia de generar una transformación que permita vivir en armonía con el entorno natural y que, al mismo tiempo, reduzcan las desigualdades económicas y sociales. Tenemos el caso, por ejemplo, de los científicos especialistas que integran el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los mismos que junto con Al Gore -exvicepresidente de Estados Unidos-, recibieron en 2017 el Nobel de la Paz por su trabajo para mitigar el cambio climático (IPCC, 2017).
Dado el complejo entorno global y la difícil situación económica, social y ambiental que los mexicanos vivimos, surge esta agenda de innovación como una propuesta para transformar, desde los estados, las regiones y sus municipios, el país entero. Un Estado innovador es el máximo garante para iniciar un proceso de aceleración de las acciones y de la implementación de estrategias que detonen y fortalezcan el camino hacia el crecimiento económico verde incluyente.
Durante las últimas décadas, México ha enfrentado varias crisis que han generado no solo un detrimento en la calidad de vida de la población, sino una situación de hartazgo y enojo debido a la incompetencia, los abusos y, en ocasiones, la ausencia de sensibilidad hacia las necesidades de la gente y del medio ambiente. No se trata de una visión pesimista, por el contrario, esta visión representa una genuina apreciación de que las cosas no marchan bien, y de que necesitamos actualizar y modernizar las políticas públicas que definen el rumbo y la proyección de nuestros municipios, regiones, estados y del país entero, hacia la consolidación de un economía verde.
¿Por dónde empezamos?
Detonar la economía verde requiere de transformaciones y cambios de paradigmas que involucran diferentes estructuras institucionales del país; algunos podrían ser graduales, otros disruptivos, pero resulta prioritario reconocer que es necesario iniciar con la voluntad de innovar. En este sentido, la transformación que se propone comienza desde las pequeñas localidades, los municipios, las regiones y los estados del país; lugares en donde se amplíen las oportunidades del desarrollo social fundado en el emprendimiento, la capacitación y una revolución educativa y tecnológica encaminada a proteger verdaderamente al medio ambiente como el bien público que representa y, al mismo tiempo, se fomente una economía más inclusiva que se exprese en un ganar-ganar para toda la sociedad.
Para comenzar con este proceso, resulta necesario que cada individuo innove para mejorar el entorno, rompiendo las barreras mentales que impiden el propio progreso y el proceso de transformación como sociedad. Cambiar hábitos y actitudes negativas ayudará a ser creativos y a transformar el entorno con la aportación de nuevas ideas o productos y servicios que beneficien a la sociedad en general.
La economía verde no es una utopía, sobre todo si tomamos en cuenta que la innovación es el motor del desarrollo y del crecimiento económico de muchos países; debido a ello, no es casual que las naciones que ocupan los primeros lugares en el ranking de innovación, coincidan con las que tienen un mayor nivel de ingreso y una mejor calidad de vida. En 2016, el Índice Mundial de Innovación, publicado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), situó a México en la posición número 61 de 128 países que conforman el ranking; lo que indica que, si bien se ha avanzado cinco lugares desde el 2014, la brecha entre los países desarrollados que encabezan la lista y nuestro país, aún es demasiado amplia (OMPI, 2016).
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