Luis Bustos - Temas de derecho minera- energético

Sobre los resultados directos que se prevén y que pueden acaecer en el caso colombiano, el estudio indica que es posible se logre obtener un crecimiento adicional del 40 % para el sector de la construcción, un 22 % de mayor crecimiento agregado para el sector agricultura y del 20 % de crecimiento adicional para el sector industrial. Al mismo tiempo se espera un considerable aumento en la IED, conquistando cifras récord de (USD) 36 000 millones (IED) frente a la cifra de aproximadamente (USD) 12 000 (IED) que obtuvo la economía colombiana durante el último año y se podría contar con un incremento en las exportaciones que nos permitiría lograr unos (USD) 65 000 millones en el largo plazo. En síntesis, las cifras del estudio resultan muy optimistas e indican que estaríamos frente a un incremento potencial del PIB del país del 5,9, acompañado de un crecimiento sostenido del consumo de los hogares del 5 %. Esto exterioriza un comportamiento ideal de la economía para los años posteriores a la consolidación de un acuerdo 115.

Dividendos laborales de la paz

Un reto que el país estaría abocado a solucionar posterior a la consolidación de algún tipo de acuerdo es el de la informalidad laboral, la cual se presenta notoriamente en ciertos sectores como la extracción de oro (80 %), la explotación de madera (60 %) y las construcciones en general (50 %) 116. Definitivamente, se debe cambiar la cultura de la informalidad en el país, si lo que se busca es ofrecer mejores oportunidades y aumentar la presencia y gestión gubernamental para los territorios afectados por el conflicto.

Más aún, la oportunidad por la paz es tan solo una posibilidad, como tal tendremos que afrontar una etapa de transición que nos lleve a la estabilidad, según esto hay que pensar en una nueva forma de transformar el ámbito empresarial y es nuestro deber reconocer las diferentes habilidades y experiencias que poseen los desmovilizados que no se compadecen con lo exigido por el mercado laboral tradicional, se deberán evitar los sesgos urbanos y muy seguramente de la estabilidad social y de la obtención de una mayor seguridad en el campo dependerá el éxito de una política de empleo rural en el largo plazo 117.

Las etiquetas de víctima o desmovilizado que versan sobre las personas deberán constituirse como situaciones transitorias en las que rápidamente se logre pasar a un estado de normalidad, la categoría de víctima no puede ser aplicada sin límite de tiempo y se debe propender por la creación de presupuestos y planes de desarrollos especiales que apoyen la mencionada transición. Igualmente la visión del empresariado deberá ser en términos de rentabilidad social y no en términos de rentabilidad económica 118.

Dividendos ambientales de la paz

Del mismo modo, encontramos que el DNP también ha identificado una serie de beneficios de carácter ambiental que aparecerían en los años posteriores al cierre de un acuerdo, pues bien, la entidad mencionada creó ciertos valores de carácter parcial y total que funcionarían como referencia para ponderar este aspecto. Es así como en un escenario de país donde se reduzca la deforestación, se controlen parcialmente los derrames de crudo y se disminuya el uso del mercurio, Colombia se estaría ahorrando por año 2,7 billones en términos de degradación ambiental; análogamente, se plantea el DNP que, frente a un escenario más trascendental en el que cesen de manera absoluta los derrames de petróleo, se elimine totalmente el uso del mercurio y desaparezca la deforestación, el país presentaría un ahorro anual de 7,1 billones de pesos en términos de degradación ambiental 119.

De todas formas, no se debe desconocer que estos importantes escenarios serán más probables siempre y cuando se ejecuten de manera correcta planes nacionales con enfoque regional en temas específicos, como desarrollo forestal, reconversión agropecuaria, consolidación del SINAP y negocios verdes, entre otros, y, al mismo tiempo, se consiga hacer exitosos los planes nacionales de ordenación y formalización minera que deben ir de la mano con los planes nacionales para desincentivar la minería ilegal. En todo caso, el DNP estima que el financiamiento de ambos aspectos de la política nacional minera a 2030 puede llegar a costar 525,6 mil millones de pesos 120. Los planes de formalización se han venido tratando de implementar a lo largo del tiempo con resultados erráticos, por lo que debemos aprender de las experiencias pasadas bajo el entendido de que de su buena gestión dependerá el futuro de la actividad minera en las regiones 121.

Finalmente, vale la pena recordar que para el país resultaría ideal lograr acometer los ahorros ambientales descritos, puesto que Colombia debe cumplir con una serie de compromisos ambientales adquiridos ante la comunidad internacional que se vinculan con el cambio climático y el cumplimiento de los ODS 122.

La manera como se ha venido estructurando la realidad del sector minero colombiano ha generado ciertos efectos negativos, principalmente expresados en una notable disminución en la renta percibida por parte del Gobierno y en la intensificación de múltiples conflictos tanto sociales como ambientales expresados en los territorios, lo anteriormente mencionado ha venido acompañado por el final del ciclo económico denominado “ boom de los commodities (2004-2013)” 123. La combinación de estos factores ha consolidado una nueva realidad para la actividad que deberá ser afrontada y que, al mismo tiempo, se constituye como una oportunidad de corregir el curso y lograr afirmar al sector minero como motor de desarrollo y eje central de la economía del país.

En el estudio encontramos varios factores sobre los que se deberá prestar más atención en la búsqueda de la obtención de mejores resultados para los años venideros, se pueden mencionar, entre algunos de los componentes trabajados en el artículo: la búsqueda de una mayor coordinación institucional en la toma de decisiones, el mejoramiento del sistema de justicia y sus tiempos de respuesta, la búsqueda de una mayor coherencia del ordenamiento e institucionalidad ambiental, la solución a través de acciones constructivas de las movilizaciones sociales opuestas a la actividad minera, el mejoramiento de los sistemas de información que den respaldo a la creación de las políticas públicas para el sector, la efectiva formalización de la actividad y la lucha contra la minería ilegal.

Otro punto vinculante en la definición del futuro de la actividad minera en Colombia, que resulta más que relevante, es el de la participación y talante que tendrá la Rama Judicial del poder público frente al sector extractivo, en especial los efectos de la jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con la minería han venido determinando la realidad de esta actividad económica en el país, por tanto, resulta muy importante el establecimiento de reglas de juego claras y estables que construyan una serie de decisiones, las cuales permitan mejorar la perspectiva que posee el país frente a la inversión minera en su territorio.

En el texto se destacó la oportunidad que tiene el país de utilizar la coyuntura del proceso de paz para alcanzar mejores resultados en términos de crecimiento económico en Colombia, lo anterior es una constante que se ha establecido en otras latitudes y que se respalda en factores como el aumento en la tasa de inversión, el crecimiento de la confianza inversionista, una mejoría del comercio en general, el aumento de las exportaciones, el incremento del consumo de los hogares, la mejora en la tasa de ahorro de la economía, un ascenso del ingreso disponible, la progresión de la demanda interna y en una mejoría general de la economía en países que abandonan el conflicto en sus territorios. Lo anterior no es para nada despreciable cuando la inversión social de los años venideros es determinante en el éxito del proceso encaminado a la obtención de la paz. Hasta el momento, la inversión estatal se proyecta fundamentar en tres pilares básicos consistentes en el éxito de los sectores extractivos, la aplicación de una reforma tributaria y una posible reducción del gasto militar.