Luis Bustos - Temas de derecho minera- energético

En cifras concretas, el 50 % de las víctimas del conflicto son mujeres y se encuentran concentradas en Bogotá y Antioquia, de igual manera se ha identificado que casi todas las víctimas viven en condiciones de pobreza, justamente en la actualidad se han registrado 181 000 víctimas del conflicto armado, en las que su gran mayoría son mujeres, de similar manera, el 50 % de este grupo pertenece a jóvenes, usualmente sin libreta militar, y el 45% de estos sin estudios secundarios. Asimismo, el 32 % de esta población son técnicos y tecnólogos y el 15 % cuenta con experiencia ocupacional. Todo lo dicho, bajo el entendido de que casi el 90 % de las víctimas son desplazados 101.

Es importante destacar que los descuentos tributarios a los posibles empleadores no son tan determinantes y podrían ser impulsados como una herramienta para la generación de más empleos formales por parte de algunos sectores industrializados de la economía que permitan reducir costos en las operaciones, al igual que el impulso de más y mejores incentivos vinculados a los puntajes adicionales para licitaciones en las que participen empresas comprometidas con la contratación de víctimas y desmovilizados del conflicto armado 102.

Necesariamente, en este contexto se deberá apoyar a los municipios en la estructuración de los diferentes proyectos de desarrollo ejecutados en sus territorios en una etapa de posconflicto, la intención es lograr que su falta de experiencia no sea una barrera para la buena implementación de estos, no obstante, en la actualidad, la ejecución de proyectos se constituye como uno de los déficits de gran parte de los municipios de nuestro país, sin importar su categoría.

En búsqueda de un paliativo a la situación descrita en el párrafo anterior, el DNP ha propuesto que por medio de una adecuada coordinación y participación entre tres niveles de organizaciones identificadas como: financieras de orden nacional 103, articuladores de esfuerzos con entidades territoriales 104y organizaciones, tanto de capital público como privado, encargadas en sus zonas de influencia 105, brindar un sustento y lograr constituir mejores resultados en la estructuración y ejecución de los proyectos por parte de los municipios, en concreto, una adecuada coordinación de este grupo de entidades resultaría más que efectiva en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios 106.

En nuestro concepto, resulta fundamental el papel que desempeña el capital privado en el esfuerzo por mejorar la calidad en la ejecución de proyectos por parte de los municipios, más aún, cuando gran parte de las empresas mineras y energéticas tienen importante presencia en los territorios. Ahora bien, este tipo de estrategias se puede ver como una ventana de oportunidad para aproximarse a las autoridades municipales y constituirse como gestores de cambio en la implementación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las políticas de RSE bien pueden ser dirigidas por parte de las empresas a la construcción de capacidades en las autoridades municipales para el correcto planteamiento y presentación de proyectos de desarrollo y para alcanzar la consolidación de una buena ejecución de sus recursos, también se debe mencionar la importancia que poseen los programas de contenido local con destino a los habitantes de estas zonas del país.

La vocación de estas acciones de RSE nunca deberán tener por filosofía el reemplazo de la presencia del Estado en la ejecución de políticas públicas para el territorio, su enfoque debe consistir principalmente en la creación de capacidades por parte de los pobladores, los réditos de estas acciones se verán reflejadas en la construcción de confianza y creación de alianzas con los pobladores, quienes en últimas son determinantes en la obtención de la anhelada Licencia Social para Operar (LSO) 107.

Existe un plan muy ambicioso elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Colombia que plantea una serie de retos para enfrentar temas neurálgicos como el cambio climático, los desafíos del posconflicto, la desigualdad social y el desarrollo sostenible, el plan fue presentado en 2015 y tiene por pilares los siguientes aspectos: implementar sistemas de control para respaldar la transparencia en la inversión pública, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la estandarización para recaudar, procesar y verificar datos, y, por último, la búsqueda de coordinación en las políticas públicas nacionales con los compromisos internacionales 108.

Como resultado de lo mencionado, se aspira en el 2030 contar con un país ideal; sin embargo, cuando apreciamos en detalle las bases para la obtención de recursos para este tan esperanzador programa tropezamos con vacíos sobre la financiación de este 109. El DNP calcula que la iniciativa antes descrita tendrá un costo de 5,7 billones de pesos en los que 1,8 billones de pesos provendrían de la cooperación internacional y 3,9 billones deberán ser aportados por dineros públicos y aportes privados contribuidos bajo la figura de asociaciones público privadas e inversiones ciento por ciento privadas 110.

Finalmente, el objetivo es mencionar una serie de elementos, efectos y retos, los cuales asumiría el país en el devenir de la consolidación de la paz acordada con las FARC.

Dividendos económicos de la paz

En el 2015, el DNP planteó un estudio, el cual arrojó como principal conclusión que tras el cierre del conflicto colombiano existiría un aumento en la inversión interna y externa potencializada por la aparición de una mayor confianza 111, específicamente, el documento diferenció los países que terminaron su conflicto por medio de la firma de un proceso de paz frente a los países que bien pudieron llegar a este mismo resultado por causas múltiples y no solo por la firma de un acuerdo entre las partes, por ende, se destacan dieciocho países con similares características al caso colombiano 112.

El estudio presenta un marco general de la situación económica de los países posterior al advenimiento de la paz, también revela que los mejores resultados en términos de crecimiento económico son reflejados durante los primeros tres años posteriores al inicio de cierre del conflicto. En similares términos especifica que existe un efecto práctico sobre la tasa de inversión de un 79 % de los países que hacen parte de la muestra y un aumento paralelo de la confianza que se valora de manera externa al medir una mayor inversión extranjera en cada Estado estudiado, lo anterior resulta respaldado por una notoria mejoría del comercio gracias al aumento de las exportaciones. Por otra parte, se puede apreciar que de manera interna la confianza crece expresándose en el incremento del consumo de los hogares en un 40 % de los países y en el aumento de la ya mencionada tasa de inversión. Todo lo anterior sustentado en cifras positivas para los indicadores de empleo e ingresos de cada gobierno 113.

El estudio también señala que en un 74 % de los casos estudiados, la tasa de ahorro de la economía aumentó notoriamente respaldándose en una mejoría por parte del ingreso disponible y en el mayor crecimiento general. Asimismo, en un 69 % de los países, se acrecentó su oferta exportadora basada en la progresión de la demanda interna junto con la búsqueda de satisfacción de las necesidades propias de modernización en la economía y un desarrollo de las importaciones. Por último, se pronostica por parte del estudio un fortalecimiento en el largo plazo de ciertos sectores de la economía como agricultura, industria y construcción, lo cual hizo presencia en el 100 % de los países estudiados 114.