Juan Sebastián López López - Juicio político a presidentes en Colombia (1982-2018)

Los partidos aliados al presidente, como lo mencionamos previamente, permanecen en un juego de poderes que mide fuerzas desde los diversos extremos de lucha. Tanto los miembros aliados del Congreso o de los partidos políticos como los miembros enemigos calculan el apoyo al presidente. En el caso de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016), la crisis económica, junto con los casos de corrupción, socavó la credibilidad de su partido y redujo el apoyo popular. Las movilizaciones en pro y en contra de la presidenta no demoraron en manifestarse. Fue acusada de manipular el presupuesto y posteriormente fue enjuiciada por el Congreso que al final la sacó del gobierno de Brasil 14.

Por otro lado, el escudo protector popular, que depende de la relación votante-presidente, posee una variable fundamental: la cultura legal de los votantes. Los ciudadanos tienen mayor tendencia a defender a un presidente acusado en períodos en los que su gestión parece ser más exitosa, “cuando aceptan, al menos implícitamente, que el Poder Ejecutivo tiene autoridad para operar por encima de la ley si esto le permite actuar en beneficio de los ciudadanos” (Pérez-Liñán, 2016, p. 12). Por ello, cara a un posible juicio político, los ciudadanos tenderán a defender más al presidente si están dispuestos a tolerarle que se pase por alto la ley cuando está pasando por un momento bueno de su gestión presidencial:

Las orientaciones populares frente al juicio político no dependen solamente de la popularidad del gobierno, de las tendencias de la economía o de las características sociales de los votantes. Existe, de manera simultánea, una matriz cultural que remite, en mayor o menor medida, a la creencia de que los gobernantes están por encima de la ley o al principio de que dicha ley constituye la identidad misma de la comunidad política. La decisión de defender al presidente (presidenta) frente al juicio político no es independiente de esta matriz de cultura legal. (Pérez-Liñán, 2016, p. 30)

El escudo legislativo y el escudo popular pueden tener acercamientos y distanciamientos. Según corresponda el caso, las movilizaciones y el congreso podrían evitar o motivar un juicio político, o durante la ejecución del mismo podrían llevar a la culpabilidad o a la exoneración de los cargos.

En este juego también hay lugar para el poder judicial, quien juega un papel justamente político cuando se ve manipulado por los mismos presidentes a partir de diferentes estrategias. Pérez-Liñán y Castagnola (2009) en su artículo no mencionan explícitamente que el poder judicial pueda funcionar como escudo protector en momentos de crisis presidenciales y juicios políticos, pero Pérez-Liñán afirma que “la experiencia latinoamericana demuestra que es muy difícil proteger la estabilidad judicial en un contexto de inestabilidad política” (2011, p. 66). Los presidentes elegidos democráticamente algunas veces manipularon la corte, buscando tener jueces aliados 15.

A este panorama se añade el hecho de que los cambios constitucionales han minado la independencia de la rama judicial:

Los cambios constitucionales han sido uno de los mecanismos subyacentes más comunes a la toma de control de la judicatura. Las mismas reformas constitucionales que importaban instituciones fuertes de control constitucional y creaban nuevos instrumentos para el litigio constitucional sirvieron como un pretexto para socavar la autonomía de la judicatura. Las mismas reformas supuestamente concebidas para defender los derechos ciudadanos fueron también usadas para debilitar las instituciones encargadas de protegerlas. (Pérez-Liñán, 2011, p. 66)

La manipulación de la rama judicial puede verse como un mecanismo para beneficio del presidente que realiza la acomodación de jueces y leyes, y le viene muy bien como escudo en momentos donde le sea necesario manipular fallos legislativos, evitar escándalos o investigaciones, etc.

1Un régimen democrático cumple con cuatro características: 1) gobierno elegido por justas y libres elecciones, 2) protección de las libertades civiles, 3) el electorado comprende la mayoría de la población adulta y 4) no hay intromisión en los poderes elegidos de actores militares o de aquellos que no han sido elegidos. Cuando se compromete parcialmente una o más de estas condiciones, se tiene un régimen semidemocrático. Cuando se pasa por alto completamente alguna de estas, se tiene un régimen autoritario o no democrático (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005, p. 15; 2016, p. 268). Sobre la clasificación de los regímenes políticos (democráticos, semidemocráticos y autoritarios) puede verse Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán (2001), Pérez-Liñán y Mainwaring (2014) y Mainwaring y Pérez-Liñán (2013).

2Pérez Liñán afirma que “la expresión ‘juicio político’” describe un tipo especial de juicio al presidente mediante el cual se faculta al Congreso (a veces con acuerdo necesario del Poder Judicial) a remover al presidente de su cargo” (2009, pp. 25-26). “Por ‘juicio político’ entiendo ampliamente todo proceso legal por el cual el Congreso delibera para remover al presidente de su cargo. En América Latina existen tres modelos constitucionales de juicio político: el esquema legislativo —esencialmente tomado de la Constitución estadounidense— en donde el Congreso remueve al presidente sin depender de otras instituciones; el esquema judicial, en donde el Congreso autoriza una acusación que es evaluada por el poder judicial, y el sistema mixto, que combina elementos de ambas tradiciones” (2000, p. 68). Para profundizar en algunas figuras de juicio político en países latinoamericanos pueden verse los casos de Ecuador (Mejía y Polga-Hecimovich; 2010; Oyarte, 2005; Salgado, 2004), Perú (Cairo, 2013; Eguiguren, 2008; García, 2008; Matsuno, 2007; Rivas, 2016), Chile (Rubano, 2012; Zúñiga, 1993), Argentina (Llanos, 2010; Sagüés, 2002; Serrafero, 1997; Zaffaroni, 2008) Bolivia (Buitrago, 2010) y México (Arteaga, 2008; Gutiérrez M., 2015; Luna, 2008, 2010; Vázquez, 2016); además, en perspectiva comparativa (Forno, 2013; García, 2013; Serrafero, 1996). La bibliografía sobre los casos de Brasil (Gentili, 2016; Patto, 2017; Secco, 2016) y Paraguay (Balbuena, 2013; López, 2014; Marsteintredet, Llanos y Nolte, 2013), refleja no solo el funcionamiento del juicio político en cada constitución, sino además el estudio de las experiencias recientes de juicios políticos a Dilma Rousseff y Fernando Lugo respectivamente.

3Existe una variada terminología para referirse a un mismo fenómeno confeccionada por algunos autores: “inestabilidad presidencial (Ollier, en este número), caídas presidenciales (Hochstetler, en este número), fracasos presidenciales (Edwards, 2007), remoción del presidente (Pérez Liñán, 2007) o presidencias interrumpidas (Kim y Bahry, 2008; Negretto, 2006; Valenzuela, en este número)”. Esto es referible a presidentes electos que por motivos políticos “concluyen su mandato antes de tiempo por motivos –se diría con cierta elegancia eufemística– ajenos a su voluntad” (Pérez-Liñán, 2008, p. 107).

4Pese a que nuestro interés está en examinar el caso colombiano a la luz de la teoría que propone Pérez-Liñán y otros teóricos como Polga-Hecimovich y Mainwaring, es importante mencionar varios trabajos que han estudiado la interrupción y las crisis presidenciales en Latinoamérica muy útiles para profundizar en este tema. Estas investigaciones han versado fundamentalmente en entender las causas y las consecuencias de las crisis presidenciales y las interrupciones presidenciales mayormente en Latinoamérica, cuyas propuestas han sido también analizadas o tenidas en cuenta en los balances teóricos de Pérez-Liñán (Aversa, 2016; Edwards, 2007, 2014, 2015; Hochstetler, 2006; Hochstetler y Edwards, 2009; Kim y Bahry, 2008; Llanos y Marsteintredet, 2010; Marsteintredet, 2008, 2009, 2014; Marsteintredet y Berntzen, 2008; Martínez, 2015, 2017; Negretto, 2006; Ollier, 2008; Pérez-Liñán, 2008, 2009, 2014; Valenzuela, 2008).