Laura Raquel Valladares de la Cruz - Activismo, diversidad y género

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El libro da cuenta de los resultados de diez investigaciones elaboradas desde una mirada antropológica sobre las distintas formas y expresiones de la violencia en la vida de las mujeres indígenas, mestizas y afromexicanas en distintos contextos. El hilo conductor que recorre los relatos y reflexiones de las autoras es la violencia estructural que viven mujeres de distintos sectores sociales, procedentes de diversos pueblos indígenas: zapotecos, mixtecos, me'pha'a, tun savi, tzotziles, triquis, así como entre jóvenes y mujeres afromexicanas y con migrantes hondureñas, en diferentes geografías socioterritoriales y entornos, sea en sus comunidades de origen, en ciudades o comunidades a donde las ha llevado la migración o el desplazamiento forzado. Se trata de estudios en donde el sujeto histórico son las mujeres que han enfrentado histórica y sistemáticamente la opresión y la dominación de un sistema patriarcal, pero fundamentalmente se trata de etnografías que buscan dejar testimonio de la agencia de las mujeres en su lucha por enfrentar y confrontar distintas condiciones de vida adversas que las colocan en situaciones de enorme violencia y vulnerabilidad, como es el caso de la prostitución o de violencia política de género, o en la lucha por su autonomía, la de sus pueblos y las disputas por su autorrepresentación política, sea en la Cámara de Diputados, en los gobiernos municipales o en sus comunidades de origen. Los escenarios de las luchas de las mujeres protagonistas y resistencias son los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

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En el caso particular de la sede académica de El Mezón y través de un diagnóstico comunitario, se decidió la donación de un terreno para la universidad, inaugurada el 12 de octubre de 2012, junto con el fundador y profesor Bulmaro Muñiz, compartimos vivencias y trabajos colectivos con la primera generación conformada por 15 estudiantes: dos de ellos provenían de Vano, uno de Ahuacachahue, nueve de El Mezón, uno de El Mezón Chico, dos de Azozuca y una de Atocutla. 14

Las autoridades locales, principales, 15mujeres y niños se sentían identificados con la universidad. En ese entonces, los habitantes mezoneños repetían que no hablaban ninguna lengua materna. Era interesante observar cómo, por el hecho de que no hablaban un idioma materno “no eran considerados como indígenas” por los hablantes del tù`ùn sávì y del mè`phàà de las comunidades de alrededor. En el proceso de la lucha colectiva se fueron configurando identidades (en plural) y se transitaba hacia la difícil frontera de la autoadscripción política. Después de un sumario de labores de concientización realizado por la Unisur, finalmente los estudiantes se preguntaban “entonces, ¿yo qué soy, cómo me autoidentifico?”, “no hablamos la lengua materna, pero también tenemos sangre indígena y hasta negra”, “nuestros abuelos hablaban el mexicano”, así se interpelaba la identidad homogénea que había prevalecido a partir de la construcción del Estado-nación y que, por ende, tendía a la homogeneización de la identidad nacional y de la diversidad cultural.

Las y los estudiantes de las comunidades vecinas a El Mezón, junto con las facilitadoras, conformábamos grupos de tres o cuatro y solíamos comer con las familias mezoneñas, cada día tocaba una casa diferente para el almuerzo, entonces, mientras las señoras mezoneñas echaban tortillas a mano o cocinaban, decían, “no nos dejan dormir tranquilas, maestra”. Esta forma de vincularse a la comunidad me permitió conocer, en términos de Myriam Jimeno, los testimonios de las mujeres que tenían efectos políticos en la comunidad (Jimeno et al., 2019).

Durante varias reuniones informales, autoridades locales, estudiantes y docentes de la Unisur, sosteníamos largas conversaciones con el dirigente orgánico Ernesto Gallardo Grande, quién más tarde sería nombrado comandante Neto (ex comandante regional del SSyJC de Xaltianguis, asesinado el 17 de octubre de 2020). Sentados, en forma de círculo y enfrente de la comisaría de El Mezón, Gallardo explicaba cómo se organizaron frente a la problemática social que atravesaban las comunidades:

Es aquí donde nace todo y desde aquí se pensaron los ideales del proyecto de desarrollo integral de los pueblos, primero caminábamos por las comunidades buscando la unidad, y una vez unidos, decidimos qué queríamos (palabras de Gallardo, 2012, en la comisaría de El Mezón).

A partir de la preocupación por el hostigamiento, por parte de actores externos a la comunidad, hacia los ganaderos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa se reforzaban las estrategias organizativas para hacer frente a las amenazas: “Empezaban a cobrar el derecho de piso”, 16“la gente tenía miedo de ir a Ayutla por los secuestros y aparte lo golpeaban, le quitaban el dinero, los asaltaban, ya no había libertad”, “venía la judicial y se llevaba a quien topaba”, “si alguien hablaba, los subían al taxi y les cosían la boca”. 17

Fue desde el año 2011 que Vicente Morales, Gilberto Reyes, Ulises Gallardo, Ernesto Gallardo, Estreberto Palma y Gonzalo Lozano, oriundos de El Mezón, recorrieron las comunidades de Atocutla, Zapote y Coxcatlán, “éstos son los pueblos que nos hicieron fuertes por primera vez”, para después buscar a líderes que tenían experiencia en el proceso de formación de policías comunitarias, fue así que llegaron a la comunidad de los fundadores de la CRAC, Cirino y Bruno Plácido Valerio. Entonces, se empezó a conformar la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), principalmente para la defensa y control del territorio comunitario disputado por poderes fácticos en complicidad con las autoridades públicas del estado, aunque formalmente se consolidó a partir de 2012. La Unisur siempre acompañó el proceso de lucha colectiva de la UPOEG en el ámbito municipal de Ayutla y se asignaban tareas específicas, mandatadas mediante asambleas comunitarias.

Los excesivos recibos de luz:

“Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”.

Tía Ofe, principal de la comunidad.

Además de este panorama de múltiples violencias, los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaban “exageradamente caros” (testimonio de Beto Zúñiga) a las comunidades, quienes protagonizaban diversos bloqueos carreteros, como el del “famoso puente de Marquelia” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga), donde se aglutinaron más de seis mil personas para manifestarse y poner un alto a los abusos de la CFE (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, en 2012).

En la comunidad, algunas mujeres me mostraban el recibo de luz y con un tono indignado narraban cómo se armaba “tremendo pleito” cada que iban los trabajadores a la comunidad para intentar cortar la luz por falta de pago: “Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”, narraba la tía Ofe que así increpaba a los trabajadores de la CFE. Las mujeres mezoneñas manifestaban su molestia por los excesivos precios “cuando apenas uno tenía tres focos y un refri o una tele”. Una de ellas contaba que un trabajador de la CFE (de la comunidad de Pozolapa) intentaba cortar la luz con insistencia: “¿Tú no fuiste campesino? [le decía], ¿tus padres no son campesinos?, ¿estás en la CFE porque es más fácil robarle al campesino que trabajar en el sol, en el campo, verdad? [le volvía a decir], ‘sí’ [decía], ‘mis padres son campesinos’ ”, y dejaba el medidor de la luz como estaba.

Mientras se organizaban en el nivel comunitario, Bruno Plácido Valerio, fundador y promotor de la UPOEG, lideraba el proceso de gestión para que las autoridades gubernamentales, principalmente la Secretaría de Gobernación, atendieran esta situación de los precios excesivos. Ante esta problemática, la UPOEG encabezó una emblemática caravana hacia la Ciudad de México, y asistíamos durante el mes de octubre de 2012 “afuera del Congreso de la Unión” para realizar un plantón donde se presentaron cuatro demandas puntuales: 1) establecimiento de tarifas eléctricas bajas para la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; 2) cumplimiento de acuerdos de construcción de tramos carreteros; 3) atención a la salud y educación, reconocimiento a la Unisur, y 4) respeto al territorio de los pueblos originarios y rechazo a las mineras. Uno de los logros fue conseguir “una tarifa preferencial de la energía eléctrica” destinada a los pueblos indígenas, además que saldaron una deuda de 65 millones de pesos a la CFE. El Congreso de la Unión otorgó 35 millones y el gobierno estatal 15 millones (Plácido, 2018). A partir de esta lucha contra los altos costos de la electricidad, la UPOEG encabezó gestiones para la construcción de ejes carreteros, principalmente de los tramos de Tlapa-Marquelia-Ayutla-Colotipla-Ayutla San Marcos y Pascala del Oro-Ayutla, “en general buscamos el mejoramiento de la infraestructura social” (Cervantes, 2012); así, la UPOEG empezó a adquirir fuerza como un movimiento para restablecer el desarrollo y la paz social en la Costa Chica de Guerrero.

“Era secuestro tras secuestro”.

Tía Ofe, principal de la comunidad.

En el ámbito del municipio de Ayutla, además del comandante Ernesto, también participaban activamente el comandante Guerrero 18y el comandante Gonzalo. En las asambleas se les veía juntos con las autoridades locales. Los comandantes insistían en lo que después se convirtió el lema del SSyJC: “Un territorio con seguridad, es un pueblo con justicia”.

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