Anderson Manuel Vargas Coronel - Acción para la conciencia colectiva

En ese sentido, en medio de la multiplicidad de intereses políticos, económicos, sociales e incluso militares, que incidieron determinantemente en la redacción del nuevo texto constitucional, es preciso señalar el papel de los defensores de los DD. HH. en su apuesta por sintonizar la nueva Constitución con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de protección de tales derechos 165. Lo que comenzó como una manifestación en contra de la participación de los militares en el Gobierno, se convirtió el 6 de junio de 1989, durante el Encuentro Distrital por la Vida convocado por diferentes organizaciones sociales, en una suerte de reclamo sobre la efectividad de los DD. HH., a los que señalaron como una “simple teoría abstracta” que no tenía aplicación en medio de la doble constitucionalidad imperante, la de 1886 y la que resultó de la prolongación de los Estados de sitio. Los vientos de transformación fueron avivados en 1989 por la ya referida decisión de la CSJ de suspender el marco de legalidad que cubría a los grupos paramilitares, el asesinato del candidato liberal a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, y la oposición al terrorismo empleado por los grupos de narcotraficantes 166.

Ya para marzo de 1990, como preámbulo de las elecciones parlamentarias, líderes y candidatos de todos los partidos políticos anunciaron su respaldo a la Constituyente, con lo que las expectativas —aunque de muy diversa índole— sobre una reforma constitucional eran irreversibles. De hecho, ante la ausencia de un piso jurídico que permitiera convocar la Constituyente, personas de todas las tendencias coincidieron en generar la siguiente solución: en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, se prepararon 6 papeletas legales, una para Cámara de representantes, una para Senado, una para Asambleas departamentales, una para concejos municipales, una para alcalde, una de la consulta interna del Partido Liberal y una séptima papeleta, con la cual se le consultaría al pueblo sobre su voluntad de convocar a una Constituyente 167. Ante esta inédita medida, el 5 de marzo de 1990 los periódicos El Siglo y El Espectador publican el artículo “Salvemos la Séptima Papeleta” escrito por Álvaro Gómez, del cual se resalta lo siguiente:

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