Eric D. Weitz - Un mundo dividido

El tribunal presidido por Marshall fundamentó sus sentencias en la Constitución, que nombra dos veces a los indios. 102La primera mención tiene una importancia enorme. La Constitución atribuye al Congreso la facultad de “regular el comercio con países extranjeros y entre los estados, así como con las tribus indias”; esta disposición, en la que se basaron todas las decisiones legislativas, administrativas y judiciales relativas a la vida de los indios, 103da a entender que las tribus eran naciones soberanas preexistentes a la fundación de Estados Unidos. 104Los indios podían, por tanto, negociar y firmar tratados con Estados extranjeros, lo que preocupaba a las autoridades estadounidenses, interesadas en asegurar la continuidad del país y la realización de sus ambiciones expansionistas en un continente donde los franceses, los ingleses y los españoles también reivindicaban territorios.

Las sentencias de Marshall, basadas en esos principios fundamentales, apoyaban el autogobierno y la independencia de los indios y la propiedad colectiva de las tierras; pero también aprobaban que se les desposeyera de ellas, siempre y cuando fuese por medios legales, es decir, en virtud de tratados o comprándolas. Y lo que era más importante, el tribunal de Marshall afirmaba la autoridad suprema del Gobierno federal para decidir la política india. En la práctica, sin embargo, los poderes ejecutivo y legislativo, los colonos y los Gobiernos estatales podían ignorar las sentencias del Tribunal Supremo en su afán por usurpar tierras a los indios y hacerlos desaparecer.

En la sentencia Johnson’s Lessee v. M’Intosh (1823), el tribunal atribuía al Gobierno federal, y no a los estados ni a los individuos, la competencia exclusiva para negociar con los indios y comprar sus tierras. 105El texto lo dice categóricamente: Estados Unidos tiene la “autoridad exclusiva […] para suprimir el derecho [de propiedad de los indios] y ceder la tierra”. 106La sentencia también expresaba una idea que el tribunal desarrollaría en casos ulteriores: la del derecho de los “descubridores”, los “habitantes civilizados que hoy dominan este país”, a “separar” a los indios de sus tierras, aunque solo por medios lícitos, esto es, en virtud de negociaciones y tratados, puesto que se reconocía a esos pueblos nativos como naciones soberanas. 107“La conquista otorga un derecho que los tribunales del conquistador no pueden negar”, decía la sentencia; 108pero, por otro lado, el “conquistado no debe ser oprimido […] ni sus derechos de propiedad dañados”. 109

La sentencia del Tribunal Supremo dejaba claro que los indios eran sujeto de derechos; los derechos que como naciones tenían sobre las tierras que sus tribus poseían. No se les otorgó, sin embargo, una carta de derechos como la que tenían los ciudadanos estadounidenses; el tribunal no concebía ni mucho menos que pudieran disfrutar de derechos individuales. Por lo demás, y en una decisión de enorme significación histórica, el tribunal limitaba sus derechos de propiedad. Los indios tenían un mero derecho de ocupación de las tierras: 110las poseerían mientras cazaran, pescaran y cultivaran la tierra en las zonas claramente definidas como suyas y no las cedieran a los blancos en virtud de tratados. Pero el “derecho absoluto y último” lo tenían los “descubridores”, es decir, los europeos que habían llegado a esas tierras remotas y sus descendientes. 111El tribunal invocaba la idea de civilización arguyendo que los indios eran “salvajes” que vivían de lo que encontraran en el bosque. “Dejarles en posesión del campo era dejarlo agreste” o, lo que era lo mismo, sin civilizar. 112

Pese a la protección parcial que les ofrecía la sentencia del Supremo en el caso Johnson’s Lessee v. M’Intosh, los indios siguieron viéndose desposeídos de sus tierras por individuos y estados. Georgia adoptó una política especialmente escandalosa. El Gobierno federal había prometido ayudar al estado a adquirir territorios indios, pero apenas había hecho nada, así que Georgia no esperó más y empezó a usurpar tierras, retando al Gobierno federal a que se lo impidiera. Los cheroquis demandaron entonces al estado de Georgia en un tribunal federal; era una de las primeras veces que los indios acudían a la justicia para defender sus tierras y su forma de vida. También se enfrentaban al Congreso y al presidente Andrew Jackson, partidarios de la Indian Removal Act (ley de deportación de los indios), aprobada en 1830, y que conduciría al Sendero de Lágrimas, como se conoce al desplazamiento forzado de los cheroquis y otras tribus de sus tierras en Georgia, Carolina del Norte y del Sur y Florida a territorios al oeste del río Misisipi, principalmente Oklahoma.

En la sentencia Cherokee Nation v. State of Georgia (1831), el Tribunal Supremo reafirmó el poder exclusivo de Estados Unidos sobre las tierras indias y sostuvo que los cheroquis constituían un Estado, así los habían considerado los primeros colonos y Estados Unidos, y por eso habían establecido tratados con ellos. 113

Nada más afirmar este principio tan trascendental, el tribunal lo matizó. ¿Eran los cheroquis un “Estado extranjero”?, se preguntó Marshall. “La relación de los indios con Estados Unidos es quizá incomparable con la que tiene ningún otro par de pueblos existente”, sostuvo. 114En la sentencia, el presidente del tribunal acuñó una frase cuyas consecuencias se harían sentir durante decenios: los indios constituían “naciones internas independientes”, cuya relación con Estados Unidos era “análoga a la que tiene un pupilo con su tutor”. 115Dicho de otro modo: esas naciones no tenían plena soberanía, y eran extranjeras, aunque no un Estado extranjero. Vivían dentro de los límites jurisdiccionales de Estados Unidos, cuya autoridad era absoluta. 116

El juez Smith Thompson, que disentía de la decisión mayoritaria del tribunal, defendió sin reservas los derechos de los indios. Según él, los cheroquis reunían todas las condiciones para que se los considerara un Estado soberano. Se gobernaban a sí mismos conforme a sus propias leyes y costumbres y ejercían el “dominio exclusivo” sobre sus tierras. Pese a haber cedido algunas a los blancos en virtud de tratados, no habían perdido su soberanía. Era frecuente, en efecto, que un Estado se aliara con otro más poderoso para que lo protegiera, pero eso no significaba que renunciase a su soberanía. 117El juez Thompson condenó con gran elocuencia y profunda indignación moral las violaciones de la soberanía india por parte del estado de Georgia. Estas acciones, que calificó de “repugnantes”, constituían una “vulneración directa y evidente de los derechos de propiedad”. 118Los “daños” causados a los demandantes (la nación cheroqui) “suponen la total destrucción del derecho de los cheroquis. Los perjuicios son graves e irreparables”. 119En la historia de Estados Unidos han sido muy contadas las personas de alto rango que hayan hecho una apología tan rigurosa de los derechos de los indios como la del juez Thompson y su “hermano”, como llamaba al juez Joseph Story, que también emitió un voto particular discrepante.

En Worcester v. Georgia (1832), la última sentencia de la Trilogía Marshall, el Tribunal Supremo reiteró que la nación cheroqui formaba una “comunidad clara y definida” en su propio territorio, por lo que no estaba sujeta a las leyes del estado de Georgia. Estados Unidos tenía la facultad exclusiva de negociar con ella. 120Esta vez, Marshall ofreció una larga y elocuente exposición histórica para justificar la decisión del tribunal y, en particular, la idea de que los indios eran soberanos y a la vez dependientes de Estados Unidos. “Tras ocultarse durante siglos –escribió–, la empresa europea, guiada por la ciencia náutica, envió a algunos de sus hijos más audaces a este mundo occidental. Lo encontraron en manos de un pueblo que apenas había hecho ningún progreso en agricultura ni en industria y se dedicaba por lo general a guerrear, cazar y pescar”. 121¿Por qué tenían esos pioneros derechos superiores a los de los habitantes nativos?, se preguntó Marshall. La respuesta era sencilla: “El poder, la guerra y la conquista otorgan derechos”. En Norteamérica, las tres cosas eran consecuencia del descubrimiento de las tierras: “El derecho procedía del descubrimiento”. 122¿Qué ocurría con los pueblos nativos que ya estaban allí? El descubridor tenía el derecho exclusivo de comprar “cuantas tierras estuviesen dispuestos a vender los nativos”. 123