Isabel Lifante-Vidal - Contra la corrupción

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Estado de Derecho y transparencia

CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Estado de Derecho y transparencia

Primera edición Digital, junio 2021

© Isabel Lifante Vidal

© Palestra Editores S.A.C.

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Diagramación y Digitalización: Gabriela Zabarburú Gamarra

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2021-05563

ISBN Digital: 978-612-325-191-8

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Contenido

INTRODUCCIÓN

Capítulo 1

SOBRE EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN

1. Las tesis de Rodolfo Vázquez sobre la corrupción

2. Algunas ideas sobre responsabilidad y corrupción

3. De nuevo sobre la definición de corrupción y sobre los mecanismos para su prevención

Bibliografía

Capítulo 2

SOBRE EL VALOR DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

1. La seguridad jurídica como exigencia del Estado de Derecho

2. Un análisis de la previsibilidad jurídica

3. ¿Qué previsibilidad es valiosa? De nuevo sobre el valor de la seguridad jurídica

Bibliografía

Capítulo 3

SOBRE LA DISCRECIONALIDAD Y LA ARBITRARIEDAD

1. Algunas aproximaciones a la “discrecionalidad jurídica”

2. Una propuesta de reconstrucción conceptual

3. Dos fenómenos bajo el rótulo “discrecionalidad”

4. La caracterización de los poderes discrecionales

5. Tipos de discrecionalidad: discrecionalidad técnica y discrecionalidad política

6. El control del ejercicio de los poderes discrecionales: la interdicción de la arbitrariedad

Bibliografía

Capítulo 4

SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1. La administración pública en un Estado Constitucional

2. Algunas observaciones conceptuales sobre la responsabilidad

3. ¿Qué tipo de deberes implica una responsabilidad?

4. La evaluación del desempeño de las responsabilidades públicas

5. Un catálogo de “vicios” de la administración pública: corrupción, formalismo, desidia e incompetencia

6. Algunas ideas —muy preliminares— para la mejora del desempeño en el sector público

Bibliografía

Capítulo 5

SOBRE LA EXIGENCIA DE PUBLICIDAD NORMATIVA

1. Un punto de partida: la concepción de la publicidad normativa en la obra de Bruno Celano

2. La concepción de la publicidad normativa como conocimiento común

3. Sobre las conexiones entre rule of law y el positivismo jurídico

4. Hacia una concepción no formalista de la publicidad

Bibliografía

Capítulo 6

SOBRE EL CONTROL DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. El control de la transparencia en un Estado Constitucional

2. La regulación estatal española de la transparencia: la ley 19/2013

3. El control de la transparencia en el ámbito autonómico español

4. Una valoración de los modelos de control de la transparencia

Bibliografía

Introducción

Este libro se ocupa de algunos de los desafíos que afronta el Estado de Derecho, especialmente de aquellos relacionados con la corrupción o, más en general, con aquellos comportamientos indebidos por parte de las autoridades públicas en el ejercicio de sus cargos. Con este objetivo, y tras analizar conceptualmente el fenómeno de la corrupción, el libro reflexiona, desde una perspectiva fundamentalmente institucional, sobre los mecanismos necesarios para luchar contra este fenómeno, prestando especial atención a aquéllos relacionados con el principio de transparencia, que puede verse como una de las exigencias normativas de un Estado constitucional de Derecho.

Pero junto a ese propósito, declarado en el título, este libro también persigue un segundo objetivo: ofrecer una visión “constitucionalista” (vinculada a esta específica concepción del Derecho) de algunos de los requisitos definitorios del Estado de Derecho; requisitos que se encuentran plasmados en una serie de principios que recogen los rasgos centrales de este ideal normativo: la seguridad jurídica (que sería un principio que, a su vez, engloba algunos de los principios que a continuación se mencionan), la publicidad normativa, la interdicción de la arbitrariedad, la transparencia y la responsabilidad de la Administración Pública.

Como ha señalado en numerosas ocasiones Josep Aguiló, los Estados constitucionales se caracterizan no solo por poseer una constitución rígida y normativa, sino también por la asunción de los fines y valores del constitucionalismo político, que se conectan con la limitación del poder político y la garantía de los derechos. De modo que esos rasgos “formales” del constitucionalismo, la rigidez y la normatividad constitucionales, han de ser entendidos instrumentalmente, es decir, como garantías de aquello que dota de valor al Estado constitucional y que serían precisamente los derechos del constitucionalismo. Derechos que pueden verse como dirigidos a evitar los distintos males que toda dominación política puede potencialmente llegar a producir: la arbitrariedad (los derechos vinculados al debido proceso), el autoritarismo (los derechos de libertad), el despotismo (los derechos de participación política) y la exclusión social (los derechos sociales y de igualdad real).

Cuando hablamos de “Estado de Derecho” hacemos referencia a un ideal normativo que se plasma en una serie de exigencias institucionales al servicio de la consecución del ideal de justicia en una sociedad, y que coincidiría con el efectivo desarrollo de esos derechos del constitucionalismo a los que acabamos de hacer referencia. Se trata (nos decía Elías Díaz, en su ya clásica obra Estado de Derecho y sociedad democrática) de un rótulo evaluativo que usamos para designar a aquellos Estados que cumplen, al menos en determinado grado, con ciertas exigencias que implican el sometimiento del Estado a su propio Derecho, a través de la regulación y el control de todos los poderes y actuaciones del Estado por medio de leyes; leyes que deben haber sido creadas democráticamente, es decir, según procedimientos de libre y abierta participación popular. Esta es, por tanto, una concepción “robusta” del Estado de Derecho, en la cual no solo encontramos el requisito del imperio de la ley, sino también la división de poderes, el principio de legalidad de la actuación de la Administración (es decir, su actuación según la ley y la existencia de un suficiente control judicial sobre la misma) y, por último, la garantía jurídico formal y efectiva realización material de los derechos y libertades fundamentales. Es importante darse cuenta de que, en esta caracterización, los distintos elementos no se encuentran en un mismo nivel: mientras que el primero (el imperio de la ley) gozaría de prioridad tanto lógica como histórica frente al resto, sería sin embargo el último de estos elementos, la exigencia de hacer efectivos los derechos y libertades —entendidos como exigencias morales—, el que dotaría de valor a las instituciones que lo hacen posible, es decir, al modelo jurídico-político que denominamos Estado de Derecho y, en ese sentido, sería este último elemento el que tendría una prioridad justificativa frente al resto.