Alfonso Pérez Medina - No lo sé, no recuerdo, no me consta

Tamayo, por su parte, se mudó a Guinea Ecuatorial, donde comenzó a hacer negocios relacionados con la asesoría empresarial y la construcción en 2009. Once años más tarde, en 2020, un juzgado de Vigo llegó a imputarle por una presunta extorsión a un empresario — junto al líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad—, pero la Audiencia Provincial de Pontevedra archivó la causa por falta de indicios.

Uniendo todas las piezas del puzle, se llega a la conclusión de que el PP tenía abiertos canales de comunicación con Tamayo y con las personas que posibilitaron su escapada en un momento en el que el partido recibía aportaciones millonarias para su caja B de grandes constructoras, empresas que, a cambio, multiplicaron sus beneficios en la Comunidad durante el auge de la burbuja inmobiliaria. La deserción del socialista contribuyó decisivamente a que la izquierda no haya vuelto a gobernar en Madrid desde 1995. Pero el «Tamayazo» nunca se llegó a investigar en los tribunales. El entonces fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, más tarde ministro de Justicia con el PSOE, aseguró en 2007 que recibió órdenes para no hacerlo 14. Al frente de la Fiscalía General del Estado se encontraba en aquel momento Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno de Aznar. Los perfiles que se publicaron sobre Cardenal le definían como «un alma educada, disciplinada, obediente y muy conservadora», que además era miembro del Opus Dei 15.

Dieciocho años después de aquellos hechos, charlo con el principal afectado del «Tamayazo», Rafael Simancas, el hombre que pudo ser presidente. Repite los mismos argumentos que decía en aquel lejano 2003. Si cierro los ojos, me puedo ver a mí mismo, con veintipocos años, tomando notas en alguna de las maratonianas ruedas de prensa que Simancas protagonizaba en la Asamblea de Madrid o en la destartalada sede de los socialistas madrileños en la calle Santa Engracia. Simancas es el único protagonista que sigue en primera línea de la política, como portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, desde el que defiende al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez frente a la oposición de derechas. Continúa negando con la misma contundencia que el «Tamayazo» se debiera a presiones entre las familias socialistas: «Fue una operación artera, ilegítima y antidemocrática que les dio una sensación de impunidad extraordinaria», afirma muy serio. Reconoce, meneando un poco la cabeza, que la traición le causó «una gran frustración personal» y que supuso «una decepción colectiva» para su organización. Pero, sobre todo, lamenta las consecuencias para la sociedad madrileña: «Urbanismo salvaje, depredación de lo público y privatización de la sanidad y la educación».

Para Simancas, lo que propició aquel episodio negro fue el enriquecimiento desbocado de la burbuja inmobiliaria: «Estábamos en los tiempos en los que la legislación de Aznar liberalizaba el suelo, y algunos entendían que las recalificaciones urbanísticas eran el gran maná. De pronto, aparece un candidato que habla de someter el suelo a una mayor regulación; de hacer un plan de estrategia territorial en el que iban a participar las universidades y en el que los ayuntamientos, de uno y otro color, no iban a tener vía libre para transformar suelo rústico o dotacional en suelo residencial». Mientras mueve las manos con vehemencia, añade: «¡Unos cuantos decidieron que mejor no!, ¡que quiénes eran los madrileños para elegir a su presidente!, ¡que para eso estaban ellos!». Simancas sostiene que el «Tamayazo» abrió la puerta de la corrupción en Madrid: «Fue el principio de toda esta escalada de corruptelas que han protagonizado los Gobiernos del Partido Popular. Allí, en buena medida, empezó todo; significó la barra libre. Si podían comprar un Gobierno y salir impunes, recalificar un par de parcelas y repartirse los beneficios, o ejercer de comisionistas y poner la mano ante los contratistas en la Administración, eso eran asuntos menores. Si habían podido hacer lo mayor, ¿por qué no iban a hacer, con total impunidad, lo menor?».

De aquella bochornosa comisión de investigación del «Tamayazo», en la que solo salieron a la luz las miserias políticas de los socialistas madrileños y en la que la política quedó enfangada en lo que se llamó la «táctica del calamar» —echar la tinta sobre el oponente, por decirlo finamente—, emergió un político simpático y campechano, encargado de presidir la mesa que controlaba los interrogatorios. Lo hizo con mesura y sentido común, y fue elogiado a izquierda y derecha por la sensatez con la que había manejado una situación institucional tan delicada. Su ascenso en el partido, paralelo a los negocios que años después fue desvelando el sumario del caso Púnica, resultó meteórico.

Francisco Granados Lerena llegó a la Asamblea de Madrid como el alcalde de moda en el PP, pues había conseguido romper el cinturón rojo de la izquierda en Valdemoro y encadenar un par de mayorías absolutas consecutivas. Su flechazo con una parte de la prensa fue inmediato, hasta el punto de que, al término de la comisión de investigación, celebró el final de las sesiones con una cena en un restaurante oriental a la que asistieron varios informadores. No estuve en ese encuentro, pero no por un don para detectar a políticos relacionados con asuntos turbios, sino porque estaba fuera de Madrid de vacaciones.

En las elecciones repetidas en octubre de 2003, que se desarrollaron en un clima de apatía y desmovilización de la izquierda, con casi siete puntos menos de participación, Aguirre recuperó la mayoría absoluta por 28.000 votos y le arrebató al PSOE los dos escaños que necesitaba para gobernar en solitario. IU subió en porcentaje de voto casi un punto, pero el crecimiento no bastó para aumentar sus nueve diputados. Nuevo Socialismo, el partido que lideró Tamayo para «centrar» a los descolgados del PSOE madrileño, consiguió 6.176 votos, un 0,22 % del electorado. Durante la campaña, visité su sede en una pequeña oficina de uno de los edificios más cochambrosos de la plaza de Castilla. Al cabo de unos meses, no quedaba ni rastro de ella.

El sábado 22 de noviembre de 2003, en la Real Casa de Correos, Esperanza Aguirre tomó posesión de su cargo con un mensaje a los madrileños: podían estar «tranquilos» porque tenía «el mejor equipo» de gestión de la «historia del Estado autonómico de España». Eran nueve hombres y dos mujeres, y a dos de ellos se les veía especialmente radiantes: Ignacio González, quien, tras su paso por el Ministerio del Interior, fue nombrado vicepresidente regional y consejero de Presidencia con amplios poderes; y Francisco Granados, al que Aguirre le entregó la Consejería de Obras Públicas, desde la cual iba a acometer la mayor ampliación del Metro de Madrid de su historia.

El acto de aquella toma de posesión de los cargos públicos no lo organizó la trama Gürtel, a la que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo más de seis millones de euros de contratos durante los años siguientes 1 , no organizó el acto de aquella toma de posesión, pero sí muchos de los que vinieron después, como el homenaje a las víctimas del 11M, que se troceó en más de diez facturas diferentes para que ninguna superara el límite de 12.000 euros que obligaba a publicitar el concurso. En aquel momento, nada auguraba algo así, pero la «doble G» del Gobierno de Aguirre, Granados y González, los enemigos íntimos que ordenaban espiarse y que se cruzaban dosieres sobre sus negocios, acabaron su trayectoria política sentados en el banquillo de los acusados por gravísimos delitos de corrupción. Los dos, señalados como presuntos líderes de sendas organizaciones criminales cuyos entramados desentrañaron las investigaciones judiciales de las operaciones Púnica —Granados— y Lezo —González—. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió dos macrosumarios en 2014 y 2016, respectivamente, que investigaron decenas de amaños de contratos públicos a cambio de mordidas, así como el saqueo de instituciones públicas como el Canal de Isabel II o la empresa Áreas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada, S. A. (Arpegio). El «Gobierno de los mejores» acabó siendo el de los mejores abogados de Madrid, que asumieron la defensa en los tribunales de los políticos implicados a cambio de elevadas minutas.