Alfonso Pérez Medina - No lo sé, no recuerdo, no me consta

El sector de la joyería fue uno de los más beneficiados con el saqueo de Caja Madrid. Matías Amat, ex director general del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, acumuló 10.000 euros en la Joyería Durán del barrio de Salamanca, 4.860 en Tiffany’s y Pomellato, y 3.500 en la Joyería Suárez. Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, quien igualmente participaba en el Consejo de Administración de la entidad, le endosó 235.817 euros a su tarjeta, que repartió entre tiendas de electrodomésticos y menaje del hogar, clubes deportivos, peleterías, joyerías, restaurantes, bombonerías o farmacias.

Por contra, el escándalo dejó un rosario de explicaciones que colocaron al país entre la hilarante incredulidad y la más que justificada indignación. En mayor o menor medida, salvo honrosas excepciones, los acusados intentaron justificar que merecían una tarjeta que no tributaba a Hacienda. Un grupo optó por demonizar el documento Excel que detalló sus gastos, listado que dio origen a la investigación cuando la intervenida Bankia se lo entregó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este organismo, creado para tratar de reconducir la pavorosa crisis, lo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. Aunque las defensas intentaron descalificar el documento como «sesgado» y «manipulado», el director de Auditoría de la entidad financiera, Iñaki Azaola, defendió que era un simple volcado de los datos. Azaola fue sometido a siete horas de interrogatorio por parte de algunos de los mejores abogados penalistas del país. Algunos procesados, como el exdiputado socialista Virgilio Zapatero, cuestionaron la existencia de gastos exagerados o muy seguidos en el tiempo, caso de comidas con media hora de diferencia o pagos simultáneos de varias plazas de aparcamiento. «Soy gordo, pero no tanto, no como para ir a tanto restaurante», apuntó Zapatero. Su compañero de partido José María Arteta, exalcalde de Móstoles, insistió en esa idea: «No puedes comer a las tres y a las tres y media otra vez».

El que mejor verbalizó el resentimiento generalizado hacia el Excel fue el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien cargó contra un archivo informático que no tenía voz para defenderse. «Estoy muy cabreado con esa hoja, no vale nada, es papel mojado», masculló. También resultaba sorprendente que aparecieran en el documento numerosos gastos de pequeña cuantía, bajo el concepto de «instrumento musical», probablemente por la compra de canciones para su reproducción. «¡Aquí, en vez de un consejo de administración, parece que tengamos una orquesta!», señaló, divertido, el abogado defensor José María de Pablo. Otros acusados intentaron hacer creer al tribunal que les habían clonado las tarjetas y que alguien había realizado por ellos los pagos que aparecían reflejados. «Lo único que reconozco es el daño que me ha hecho», señaló el sindicalista Rodolfo Benito. El consejero Javier de Miguel sacó la calculadora para asegurar que el Excel le atribuía 18.000 litros de gasolina, lo que, aplicándolo al consumo de su vehículo particular, le habría permitido «haber dado la vuelta al mundo 7,9 veces».

Otra estrategia muy repetida en el juicio, con el expresidente Miguel Blesa como máximo exponente, fue señalar que las tarjetas habían sido fruto de la herencia recibida de Jaime Terceiro, quien presidió Caja Madrid entre 1988 y 1996. Azaola, responsable de Auditoría, aseguró que las tarjetas de Blesa no tenían «nada que ver» con las que Azaola había creado en 1986. Y Azaola, que declaró como testigo, añadió que en su época eran «white» y que «se fueron oscureciendo» con la llegada a la Caja del compañero de pupitre de José María Aznar.

Si Blesa le echó el muerto a Terceiro, Rato hizo probar a Blesa su misma medicina y le atribuyó toda la responsabilidad. En su declaración, el exvicepresidente del Gobierno afirmó que, cuando llegó a Caja Madrid en 2010, ningún departamento le explicó el sistema de retribución de los consejeros. Incluso aseguró que no leyó el correo en el que se decía que las tarjetas, «black a efectos fiscales», tenían la «bendición presidencial». Sin embargo, varios testimonios coincidieron en apuntar a su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, como el encargado de emitir y gestionar los plásticos fraudulentos. En un alarde de ingenio, Blesa también trató de sortear su responsabilidad señalando a los organismos que visaban las cuentas de la entidad como los verdaderos responsables de no haber detectado las irregularidades. Apuntó como culpables del desfalco a los auditores de la entidad, a los técnicos del Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que habían certificado su funcionamiento. «Los auditores tenían suficientes pistas», llegó a soltar Blesa. «Teníamos empotrados analistas del Banco de España que tenían acceso online a todas las cuentas de la caja», apostilló Sánchez Barcoj.

Como muchos gastos consignados tenían difícil explicación, al tratarse de cargos en viajes, restaurantes, alcohol o tiendas de lencería, algunos de los acusados prefirieron defender que los pagos eran parte de su sueldo. «Cuando llega Blesa, queda claro que cada uno puede usar la tarjeta para lo que quiera», sintetizó el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, quien también se había hecho con un sillón en el Consejo de Administración. «Era un instrumento de liquidez», definió Rato. Algunos tuvieron los arrestos de presentarse en la Audiencia Nacional como víctimas, «apestados» y tratados como si fueran «chorizos» o «atracadores», cabezas de turco que estaban pagando el peaje de una época en la que los excesos en la banca fueron generalizados. El exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella acabó su declaración sollozando, mientras que Ignacio Navascués se quejó amargamente: «Se nos acusa hasta de la muerte de Manolete». Quienes optaron por una posición más humilde prefirieron hacerse perdonar por el tribunal, y defender que no tuvieron mala fe y que habían devuelto el dinero con la intención de reparar el daño causado. «Si me da la tarjeta la Caja, ¿por qué iba a pensar mal?», se excusó el exconsejero Ramón Ferraz. Rato fue uno de los primeros en devolver lo gastado, incluso antes de que el escándalo saltara a los medios de comunicación, porque, según declaró, «no quería líos con Bankia».

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