Varios autores - Política y movimientos sociales en Chile. Antecedentes y proyecciones del estallido social de Octubre de 2019

Si algo dejó al descubierto el estallido es que el malestar social carece de articulación política. Y sin dicha articulación –y sin conocer la realidad de aquellos que se dice querer representar–, los partidos de izquierda pueden disputar elecciones con el alcalde de matinal de turno. Se trata solo de elegir bien la candidatura. Pero, al igual que el alcalde y que Sebastián Piñera, no calculan el riesgo de terminar con el cargo, pero sin el poder. Porque el poder se fugó de la arena institucional.

Santiago, mayo de 2020

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3Profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad –CAPES.

4Este artículo se basa en la adaptación de argumentos previamente presentados en la serie «Crisis del sistema político», publicado por CIPER (ciperchile.cl), y editado por Juan Andrés Guzmán, así como en un conjunto de argumentos introducidos en el artículo de mi autoría: «¿El fin de los partidos políticos?», publicado en Diálogo Político 1, 2017. Las secciones 2 a 5 reproducen íntegramente secciones incluidas en dicho artículo.

5J. Schumpeter, con su visión de los partidos políticos como meros estructuradores de la oferta electoral, es, tal vez, la voz disidente más potente en este sentido.

6Como síntesis de esta corriente véase el libro: La Política de las Políticas Públicas , editado por el BID en 2006.

7No obstante véase, por una visión discrepante: J.P. Luna, (2016). «Chile’s Crisis of Representation», Journal of Democracy , 27-3, pp.129-138, y Luna, J. P., & Rosenblatt, F. (2012). ¿Notas para una autopsia? Los partidos políticos en el Chile actual. Democracia con partidos. Informe para la reforma de los partidos políticos en Chile . Santiago, CEP y CIEPLAN. Luna, J. P., & Mardones, R. (2010). «Chile: are the parties over?» Journal of Democracy , 21(3), 107-121.

8Sobre la gestión del Estado en Perú y la fuerte inserción tecnocrática en este ámbito ver Dargent (2015).

9Entrevista personal con Ricardo Soberón, marzo de 2015, realizada en conjunto con Andreas Feldmann en la ciudad de Lima.

10Me baso en estimaciones provistas por Ernesto Calvo en «Anatomía política» de Twitter en Argentina.

11Sobre este punto véase: .

María Ignacia Fernández 12

En Chile, con mayor frecuencia, estamos siendo testigos de la emergencia de movimientos sociales de protesta vinculados a asuntos que, en sentido amplio, podemos llamar territoriales.

Algunos de estos movimientos son orgánicos y persisten en el tiempo; otros son reactivos y coyunturales; otros no llegan a constituirse como tales y se manifiestan en una serie de protestas que alcanzan grados variables de visibilidad y eficacia. Más allá de sus diferencias, en el origen de todos ellos hay un elemento común: la creciente irrupción de conflictos socio-territoriales que expresan la existencia de visiones contrapuestas sobre el acceso y uso de los recursos naturales.

Un conflicto socio-territorial supone desacuerdos entre actores con intereses y prioridades diferentes sobre un determinado territorio. El objeto de disputa es el territorio, su definición, uso y significado, generalmente asociados a la estructura de propiedad, al uso y manejo de los recursos naturales y al aprovechamiento de las oportunidades de riqueza o bienestar asociadas (Fernández, 2018: 5).

Según el mapa de conflictos socioambientales, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Chile se registra en la actualidad un total de 92 conflictos activos (62) o latentes (30), además de otros 24 cerrados. Se trata de conflictos que surgen como reacción a las externalidades negativas derivadas de actividades productivas, tales como la minería, la pesca, la agroindustria, la producción de energía, o la gestión de residuos, que impactan directamente en el bienestar de las comunidades, así como también en el medioambiente. Sin embargo, es un tema de escasa prioridad para las políticas públicas, que se ocupan de los conflictos casi exclusivamente en reacción y respuesta a las manifestaciones sociales, en tanto representan una amenaza para el orden público, el normal funcionamiento de la actividad económica o el bienestar de los ciudadanos directamente perjudicados.

Es difícil analizar el papel de estos movimientos, o el grado en que pueden estar significando un renovado impulso en lo colectivo, sin atender a la complejidad de las dinámicas territoriales que están sobre la base de los conflictos.