Manuel Salazar Salvo - Las letras del horror. Tomo II - La CNI

En las horas siguientes el coronel Manuel Contreras fue ascendido a general junto a otros siete coroneles y destinado al Comando de Ingenieros. Pocos días después una delegación de oficiales del arma de Ingeniería, al mando del director de la Escuela de Tejas Verdes, coronel Julio Bravo Valdés, llegó hasta las instalaciones del Comando en calle Santo Domingo, en Santiago.

–Soy un oficial disciplinado. Si mi general Pinochet tomó la decisión de terminar con la DINA, por algo será. Él es el comandante del Ejército. Yo ahora dedicaré todos mis esfuerzos a conseguir que la mayor cantidad de oficiales del arma de Ingenieros ingrese a la Academia de Guerra y llegue a los altos mandos de nuestra institución. Ese es ahora mi desafío y quiero pedirles a ustedes que me ayuden a conseguirlo –les dijo Contreras.

No obstante, la complacencia del general tuvo un vuelco inesperado cuando se enteró de que Pinochet había nombrado como director de la CNI a uno de sus principales enemigos, el general (r) Odlanier Mena, a quien Contreras creía haber vencido para siempre hacía dos años. Todas las informaciones que tenía indicaban que el elegido para ese cargo sería el general (r) Fernando Paredes. La designación de Mena lo indujo a pensar que estaba siendo marginado del principal anillo de influencias que rodeaba al comandante en jefe. Presintió también el peligro, el inesperado riesgo de que algunos de sus hombres fueran entregados a la justicia estadounidense. Desconfiaba profundamente de algunos de los asesores más asiduos al piso 22 del Edificio Diego Portales, donde tenía su despacho Pinochet, a quienes consideraba demasiado sumisos a los intereses de Washington.

Mena había sido un aventajado miembro de la inteligencia militar durante nueve años, antes de que en 1973 lo designaran comandante del Regimiento Rancagua, con asiento en Arica. Ahora Pinochet lo reintegraba al Ejército y lo traía de regreso de Uruguay, donde estaba como embajador.

El nuevo director de la CNI llegó a comienzos de diciembre de 1977 al cuartel central de calle Belgrado 11 con un grupo de ayudantes de su total confianza. En las siguientes tres semanas fueron eliminados cerca de mil agentes, la mayoría civiles, a través de renuncias voluntarias o despidos. Decenas de miembros de lo que había sido la DINA debieron abandonar sus puestos.

Los removidos estaban en una lista que se distribuyó en todos los accesos y puestos de guardia de la CNI. La orden era perentoria: los incluidos no podían ingresar a ninguna oficina ni cuartel de la institución.

A la jefatura de Inteligencia Interior accedió primero el coronel Juan Jara Cornejo, que luego ocupó la Dirección de Operaciones, dejando su puesto al coronel (r) Daniel Concha.

Una tarde de enero de 1978 Concha apareció en el cuartel central acompañado de Andrés Terrisse Castro, ingeniero electrónico dedicado a la computación y asesor del mayor Ítalo Seccatore Gómez en L5, la Unidad de Computación de la CNI. Estaban haciendo una encuesta sobre los métodos de trabajo de la DINA. Mena transformó a L5 en un centro de apoyo a la dirección y lo trasladó al primer piso de un edificio ubicado en Vicuña Mackenna 69. Terrisse diseñó un sistema que permitía archivar, procesar la información y centralizar el trabajo de las brigadas.

Como unidad operativa piloto se eligió a la brigada Caupolicán, a cargo de los partidos de izquierda, al mando del capitán Manuel José Provis Carrasco (“Francisco Valenzuela”) y recién instalada en el Cuartel Borgoño, un vetusto edificio que había pertenecido al Servicio Nacional de Salud, ubicado en el comienzo de lo que es hoy la comuna de Independencia.

La exmirista Luz Arce, colaboradora de la DINA, cuenta en su libro:

Tuve acceso a parte del trabajo de Andrés Terrisse. Además del desarrollo y del sistema que comenzó a probarse en Caupolicán, existía otro denominado “LIDES”, nemotécnico con el cual hacían referencia al “Listado de Desaparecidos” […] También se comenzó a ingresar la información del archivo de microfichas de la subdirección de la CNI. Es un trabajo que realizó el personal de digitadores de L5 […] En una oportunidad le dije a Andrés Terrisse que la información de los detenidos de la DINA la había manejado el suboficial Manuel Lucero Lobos. Dijo no saber nada al respecto 8.

El 7 de diciembre de 1977 la comisión de las Naciones Unidas que investigaba la situación de los derechos humanos en Chile resolvió en contra del gobierno de Pinochet. Una semana después, el 14 de diciembre, la Asamblea General aprobó la resolución “con preocupación especial e indignación” por el “incumplimiento de promesas del gobierno chileno de que mejoraría la situación de los derechos humanos”. Noventa y seis países votaron en contra del gobierno de Pinochet, 26 se abstuvieron y solo 14 se pronunciaron a favor.

Pinochet decidió convocar a un plebiscito –que luego llamaría Consulta Nacional– para el 4 de enero, argumentando que el pueblo chileno debía manifestarse frente a la condena de las ONU. Al día siguiente de la convocatoria, la Fuerza Aérea condenó el acto señalando que era “propio de regímenes personalistas” y que violaba los estatutos de la Junta, sobrepasando los propios límites que se había fijado el jefe de Estado.

El almirante José Toribio Merino, por su parte, lo consideró improcedente tanto en el fondo como en la forma. La Armada agregó que Pinochet “con su actuar, ha vulnerado y atropellado las atribuciones de la Honorable Junta de Gobierno y la ha marginado de la más importante de las decisiones políticas de los últimos años”, insistiendo en su completo desacuerdo con la realización del plebiscito, al igual que todos los almirantes.

Héctor Humeres, el Contralor de la República, también coincidió con la ilegalidad de la consulta. Lo mismo que los expresidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Gabriel González Videla.

El 27 de diciembre Pinochet informó que convocaría a la consulta a través de un decreto supremo –el DL 1308– sin necesidad de pedir la firma a los miembros de la Junta Militar de Gobierno. Al día siguiente, el Contralor insistió públicamente en que la consulta no tenía sustentación jurídica, recomendando que se tramitara mediante un decreto ley que requería la firma de todos los miembros de la Junta. Humeres afirmó ante los periodistas que la Contraloría rechazaba en la forma y en el fondo la consulta.

Pinochet ordenó entonces que se diera curso a la jubilación de Héctor Humeres y nombró, en cosa de horas, mediante el decreto supremo 1295, a un nuevo contralor que le otorgara validez legal a la consulta: el elegido fue el abogado puntarenense Sergio Fernández, recomendado por Mónica Madariaga.

Los primeros días de 1978 se caracterizaron por una dura represión en contra de quienes se atrevieron a llamar a votar No. Sin las mínimas garantías que requiere un proceso plebiscitario, el 4 de enero el Sí obtuvo el 75 por ciento de los sufragios.

El 14 de enero, acusados de participar en reuniones políticas, fueron relegados a distintas localidades apartadas del país 12 integrantes del Partido Demócrata Cristiano que habían osado manifestarse públicamente a favor del No: ellos eran Tomás Reyes, Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Ignacio Balbontín, Juan Manuel Sepúlveda, Samuel Astorga, Guillermo Yunge, Hernán Mery, Georgina Aceituno, Elías Sánchez, Juan Claudio Reyes y Enrique Hernández.

El 7 de diciembre fue asesinado Augusto Heriberto Tadeo Carmona Acevedo (“Oslo”), 38 años, casado, dos hijas, periodista, redactor de la revista Punto Final , miembro del Comité Central del MIR y del secretariado que dirigía la resistencia en el interior. Carmona murió en un falso enfrentamiento con efectivos de seguridad, en un inmueble del populoso barrio de San Miguel.