María Eugenia Ulfe - Reparando mundos

Las reparaciones se enmarcan en el derecho internacional de recuperación de una condición anterior al daño ocasionado y, como veremos más adelante, se toman formas particulares en los países donde se han desarrollado programas de compensaciones o reparaciones. Para su aplicación, es necesario definir quiénes serán estos/as potenciales beneficiarios/as y, para ello, se usa comúnmente el vocablo «víctima».

Si nos remitimos al Código Procesal Penal peruano, la víctima queda definida como el agraviado o agraviada, esto es, el sujeto sobre quien se ha cometido una falta grave que atenta contra su persona. Esta condición no se remite al pasado, ya que puede ser actual o inacabada. Esta definición nos lleva a una dimensión del trabajo del Estado, pero hay otras dimensiones. Por ejemplo, cuando los Estados implementan políticas en justicia transicional, definen «ciudadanos» como «víctimas» en términos no de su condición, sino siguiendo los instrumentos y mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad o la categoría de víctima (Madlingozi, 2010, p. 208; Fassin, 2008 y 2011).

En comisiones de la verdad, la categoría de «víctima» se contrapone a la de perpetrador. A partir de esta relación casi dicotómica, las comisiones estudian periodos de violencia o de conflicto basándose en hechos (casos), actores (víctimas, perpetradores, agentes del Estado) y el papel del Estado. La CVR asumió esa relación como estructural y dedicó un capítulo extenso a conocer quiénes eran estas víctimas, cuáles eran sus lugares de procedencia, cuáles eran los hechos y quiénes eran estos perpetradores, sus afiliaciones y procedencias, y nuevamente los hechos y las razones.

El Informe final de la CVR plantea comprender el periodo que va entre 1980 y 2000 como:

una inmensa oportunidad histórica para el Perú: la refundación de la democracia, la creación de un nuevo pacto social que verdaderamente incluya a todas las peruanas y peruanos en los beneficios y obligaciones de la ciudadanía y en la riqueza cultural que solo una sociedad tolerante y pluralista puede crear. La reflexión sobre el significado histórico del periodo que hemos experimentado está íntimamente vinculada a la expresión de una voluntad renovadora, que busca prevenir de manera permanente el riesgo de un nuevo conflicto armado interno (2003, p. 31).

Sin embargo, esta propuesta de refundación de un pacto social, como plantea Carmen Ilizarbe (2015), no tuvo un claro camino.

Además, el Informe final de la CVR otorga centralidad a la figura de víctima. Se traza una caracterización doble de víctima, ya que se deja entrever que uno no solo es víctima de un suceso concreto o de un ataque específico, sino que también es víctima estructural de un sistema que lo coloca en una posición vulnerable. En este sentido, las elecciones terminológicas de la CVR y los programas que fueron planteados a partir de ella no pueden comprenderse sin el debate de nombres y vocablos que se tuvo en 1980. Así como la CVR peruana se nutre de los debates del movimiento de derechos humanos, también recoge los aportes y reflexiones de otras comisiones de la verdad. Al ser la número 22, a partir de estas experiencias se construyen otras y se intenta superar sus limitaciones configurando su propia especificidad (Burt, 2011; Hayner, 2011; Theidon, 2013).

El problema de trazar una relación dicotómica entre víctima y perpetrador tiene también su propia historia. Nelson Manrique (2002) la subrayaba al describir el papel de la izquierda de 1970: su falta de visión sobre lo que era Sendero Luminoso y su interés por tomar el poder con el fusil. Esto genera que, desde muy temprano, se busque representar un sujeto víctima sin adscripciones políticas que fuese clasificado y nombrado de acuerdo con su tipo de afectación. Esta despolitización tuvo su punto de quiebre en el caso de Edmundo Cox Beuzeville, quien fue capturado en 1981 y torturado en prisión. Su caso fue asumido por un sector de la Iglesia (tenía un tío que era obispo) y hasta publicaron anuncios en los diarios exigiendo un debido proceso para los perpetradores de la tortura. Sin embargo, la respuesta del entonces gobierno de Belaunde fue categórica: «Si la Iglesia quiere canonizar a uno de estos terroristas, que los canonice» (citado en Youngers, 2003, p. 88). Este caso resultó crítico porque, tiempo después, se evidenció que Cox sí era un alto miembro de Sendero Luminoso. A partir de este caso, la defensa de los derechos humanos se hizo privativa de las personas que no estaban involucradas con los grupos subversivos y el movimiento de derechos humanos puso mayor cuidado en la investigación de antecedentes de las personas que pasaría a defender. ¿Cómo quedaría la figura del señor Antonio? Obligado a ser jefe de cuadra, sin mucha formación ideológica, él sentía tanto miedo de ser confundido con senderista como de ser considerado delator.

La metáfora «entre dos fuegos», propuesta inicialmente por Carlos Iván Degregori (1985b) para explicar la manera en que los campesinos peruanos se encontraban ubicados entre la violencia de Sendero Luminoso y la represión autoritaria de las fuerzas armadas, no nos ayuda a entender estas zonas complejas y grises del conflicto ni las relaciones de poder que se tejen cuando la convivencia entre víctimas y perpetradores es tan cercana. Más bien, permite la emergencia de un sujeto víctima despolitizado en el gran texto nacional y que se encuentra ubicado en medio del cruce de violencia que ejercen sobre su cuerpo y su localidad los militantes de los grupos alzados en armas y también los miembros de las fuerzas armadas. La metáfora es importante, porque ayuda a poner atención y dar centralidad a la víctima en el relato nacional, pero no ayudará a mirar la complejidad en su propia densidad histórica y la cotidianidad del conflicto. En los testimonios que recogió la CVR, encontraremos menciones a lugares y eventos que darán forma al testimoniante, pero muy pocas veces a la voz y figura del perpetrador, que aparecerá de forma más gaseosa, menos explícita y ubicable. Los términos «víctima» y «perpetrador» se excluyen mutuamente y no permiten mirar lo que la cotidianidad del conflicto generó en las propias localidades, por ejemplo, don Antonio.

Lo que sí permite esta manera de percibir al sujeto víctima es definirlo y aquí tenemos algunos rasgos claros. La violencia será descrita como «masiva», pero «selectiva». Como hemos dicho anteriormente, queda claro que la víctima en el caso del conflicto armado interno peruano tiene un rostro indígena, rural y pobre. A pesar de que el número mayoritario de víctimas directas en el conflicto armado interno fueron de género masculino, el vocablo víctima suele asociarse, más bien, a una víctima femenina. En este sentido, se haría referencia a quienes quedaron. Cuando desde el Estado se habla de víctimas para fines de programas concretos como el PIR, en la mayoría de los casos no se hace referencia a las víctimas directas, sino a quienes quedaron: las viudas, los viudos, los huérfanos, los torturados y torturadas, las violadas.

Aquí notamos dos niveles de uso y significado que se traslapan en una misma categoría. Tenemos a la víctima que ha sido afectada en un momento dado del conflicto armado interno, es decir, que tiene una ubicación espacial y temporal concreta en ese momento y que pudo no haber sobrevivido. Por otro lado, también está la víctima que queda luego de ese evento traumático, que puede ser incluso otra persona, por ejemplo, la viuda o el huérfano, o la misma persona que se transforma en otra tras el evento, como han sido los casos de violencia sexual y tortura (como doña Marcelina).

En el debate de justicia transicional ya se habla de «modelos» establecidos de comisiones de la verdad6. En estos modelos, el posicionamiento de la figura de víctima se convierte en el punto de partida para construir a la de perpetrador y dar la legitimidad a «los emprendedores de justicia transicional» (Madlingozi, 2010).