Diego García Ramírez - Economía política de los medios, la comunicación y la información en Colombia

• Prohibición del control de medios por grupos económicos no mediáticos.

Todas estas medidas reales y potenciales no han podido, sin embargo, impedir que la concentración sea la regla, por lo menos en América Latina, muy especialmente durante los primeros quince años del siglo XXI.

La expansión de grupos conglomerales que potencia la dirección concentrada del sector infocomunicacional en América Latina en el lapso 2000-2015 se produjo, aunque parezca paradójico, en el mismo momento histórico en el que se desplegó una novedosa producción de regulaciones que postulaban una posición más activa por parte de los Estados y que invocaban a la concentración como un problema de política pública. (Becerra y Mastrini, 2017, p. 193)

Es evidente la importancia del surgimiento del sector llamado infocomunicacional, el cual, aunque se presenta como una convergencia tecnológica (fusión de telecomunicaciones, informática e industrias culturales) y una muestra de la inserción en el desarrollo, desde el punto de vista de la economía política no es más que un proceso de centralización de capital. Como bien lo afirman Becerra y Mastrini (2015), “en América Latina el efecto de la inserción de las telecomunicaciones en los medios refuerza la tendencia a la concentración y a una configuración oligopólica con escasos conglomerados con proyección regional” (p. 191). No es menos importante, para los efectos de la política, la implicación que esto tiene en el pluralismo informativo, en la libertad de expresión y en otros aspectos relacionados con la democracia, aunque sea formal (Coa, 2016).

Las políticas de comunicación en Colombia

La regulación en Colombia siguió caminos separados para las telecomunicaciones y para la radiodifusión durante lo que podemos llamar la modernización o periodo del desarrollo, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La regulación de las telecomunicaciones

Para el caso de las telecomunicaciones, desde la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) en 1947, adscrita al Ministerio de Correos y Telégrafos, hasta 1994, cuando se adjudica a empresas privadas la operación de la telefonía móvil celular, podemos decir que hubo una regulación de tipo intervencionista. Esto en razón de que el Estado no se limita a cumplir funciones de árbitro, sino que asume funciones de agente económico y político.

A partir de 1994, empieza el proceso de desmantelamiento de las empresas estatales y de retiro paulatino del Estado de las telecomunicaciones en favor del sector privado. En ese año no se permitió la participación de Telecom en lo que era evidentemente el negocio del futuro, la telefonía móvil, aduciendo falta de capital. En 1997 se obliga a Telecom a prestar su infraestructura para que otros operadores puedan prestar servicios de larga distancia y se despoja a la empresa del monopolio sobre ese servicio. Con ello, se empiezan a menguar sus ingresos y utilidades para justificar su privatización. Aun así, la empresa seguía ganando mercado y produciendo ganancias, hasta que por fin en 2004, ya sin argumentos, pero con la decisión de beneficiar a un grupo económico, la empresa fue enajenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez a Telefónica de España, que, a su vez, hacía poco había sido privatizada por el gobierno de José María Aznar. No hay ninguna coincidencia en esas dos operaciones, dado el papel de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por Aznar, en la promoción del desmantelamiento de las empresas públicas en América Latina, en lo cual coinciden la ultraderecha colombiana y española (Arróniz, 2008).

A partir de ahí, pasamos a la regulación neoliberal, en la cual el Estado pretende ser solo el árbitro de la lucha de los capitales privados por explotar el negocio de las telecomunicaciones. El último golpe al patrimonio estatal es la adjudicación en 2013 del espectro para la operación de las tecnologías 4G a las mismas empresas de la telefonía móvil: Claro, Movistar, Tigo, Avantel y DirecTV.

En resumen, tenemos: a) un periodo de regulación con presencia del Estado entre 1947 y 1994; b) uno de coexistencia público-privada entre 1994 y 2003, cuando el Estado se despojó de su papel de agente en el sector; y, finalmente, c) un periodo de desregulación, a partir de 2004, en el que los agentes privados como oligopolios imponen su propia regulación, incluidas las barreras de entrada para la competencia.

La regulación de la radiodifusión: del Estado a la sociedad y al mercado

Respecto a la regulación de la televisión, consignamos en Narváez, Romero y Arbeláez (2016, pp. 142-143) lo siguiente: en lo que va de Inravisión a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y de esta a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), es decir, de la década de 1960 a la actualidad, hay una especie de retroceso en la relación entre el Estado y la nación. Esta puede sintetizarse diciendo que, mientras en el primer caso la televisión es un asunto exclusivo del Estado, en el caso de la CNTV hay un cierto viso de representación de la pluralidad de la nación, no solo por la autonomía de la Comisión, sino por la representación territorial (los canales regionales), la representación profesional (todos los agentes que intervienen en la realización y producción de la televisión) y la incipiente representación social que significa la participación de las asociaciones de televidentes y padres de familia, así como de la academia, y el carácter electivo de los representantes.

Sin embargo, la fuerte presencia del Ejecutivo, con dos de cinco comisionados, frente a la reducción de los tres sectores de la sociedad civil a un solo representante, deja clara la preeminencia del Estado sobre la sociedad. En el caso de la ANTV, el balance se hace aún más desfavorable, pues además de la misma presencia del Ejecutivo, ahora está el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con voto, con lo que pasa a definir gran parte de la política; los canales regionales son remplazados por un representante de los gobernadores; y los miembros de la academia y la sociedad civil no son elegidos, sino nombrados.

Ahora bien, todo este proceso de privatización lleva implícito, por acción o por omisión, un proceso de regulación. No obstante, la regulación no es unívoca y en ello también hay un cambio. No solo se trata de la diferencia entre la regulación estatal y la autorregulación del mercado, sino que la regulación estatal tiene dos vertientes: aquella en la que el Estado solo funge como árbitro entre los agentes económicos y aquella en la que el Estado interviene como agente económico en la oferta de bienes y servicios. En la década de los sesenta, el Estado era un regulador del segundo tipo, pues Inravisión cumplía todas las funciones en cuanto a la propiedad, la administración, la prestación del servicio y la programación de televisión.

Con la CNTV se pretendió sustraer la regulación de la televisión de la influencia simultánea de las fuerzas políticas y de los grupos económicos, como si fuera posible una regulación no política de una institución. Sin embargo, esta pretensión se vio frustrada por la cooptación de la Comisión por los poderes combinados de la fuerza política, representada en la Presidencia de la República, y los grupos económicos, que lograron la privatización y luego cooptaron a los miembros de la Comisión, para dejarlos prácticamente sin regulación.

Por su parte, con la ANTV estas funciones de regulación se diluyen, debido a que la regulación se ejerce desde diferentes agencias: la Superintendencia de Sociedades vigila especialmente el cumplimiento de los contratos con los usuarios, es decir, regula el negocio; la Comisión de Regulación de Comunicaciones vigila el cumplimiento en la prestación del servicio en los aspectos técnicos; y la ANTV supuestamente vigila los contenidos y las franjas de programación, pero como este asunto está liberado a la autonomía de los canales, prácticamente no tiene nada que regular. La Agencia se limita, entonces, a garantizar las concesiones y a que el espectro electromagnético quede a disposición de los operadores privados, pues la RTVC —antes Radio Televisión Nacional de Colombia; ahora Sistema de Medios Públicos de Colombia— no es financieramente una competencia para los canales privados.