Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

A fines de 2007, la flamante presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones de las exportaciones a los hidrocarburos y los productos agrícolas. En ese marco, también se introdujeron retenciones móviles a las exportaciones mineras, de 3 a 5%. 7 Las medidas sacudieron al sector minero: “Los accionistas de aquellas empresas que tenían sus mayores esfuerzos económicos apuntados a la Argentina decidieron retirar sus inversiones y la mayoría de las juniors vieron cómo en un solo día se diluían sus acciones en un 40%” 8 ( Mining Press , 5, 27, 2008). Los empresarios se manifestaron preocupados por la violación de la Ley de Inversiones Mineras y, por ende, de la “seguridad jurídica”, garantizada por el generoso marco normativo argentino. Asimismo, una de las cuestiones que más preocupaba era el régimen tributario que se aplicaría para el caso de Pascua-Lama, el proyecto compartido con Chile. Poco tiempo después, el embajador de la Argentina en Chile afirmó que la Procuraduría General de nuestro país eximía al proyecto Pascua-Lama del régimen de las retenciones mineras, uno de los temas que estaban pendientes para la aprobación de la iniciativa ( Panorama Minero , 347, septiembre de 2008). Sin embargo, es necesario señalar que la preocupación por la seguridad jurídica de los capitales está tanto ligada al aumento de las retenciones como sobre todo a la reciente sanción en diferentes provincias de leyes que prohíben este tipo de minería, tal como explicaremos en el capítulo 4. Así, en ese mismo número, Panorama Minero afirmaba:

En un análisis realizado en la provincia de San Juan, se llegó a la conclusión de que las diecisiete provincias que tienen potencial minero sólo nueve pueden desarrollar la actividad, pero entre ellas hay cinco con leyes provinciales prohibitivas. Esta situación cambia el mapa minero. Unas entran, otras salen, y el mapa minero del país se va reconfigurando con cada vez menos jurisdicciones como jugadoras en esa actividad […] Pero la alegría de la recuperación [por la derogación de la ley en la provincia de La Rioja] se ve empañada porque hay cuatro provincias más que quieren introducir en sus legislaciones prohibiciones similares o con algunas restricciones.

Desde entonces, tanto Córdoba como San Luis (septiembre y octubre de 2008, respectivamente) han sumado leyes que establecen la prohibición de este tipo de minería. Ahora bien, la sanción de “las leyes del no ” lejos está de significar que la megaminería a cielo abierto haya dejado de ser una política de Estado. Antes bien, el reciente veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, es una muestra cabal de la importancia que el gobierno actual le asigna a la minería. Recordemos que la norma vetada impulsaba la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que representan 75% de la reserva hídrica de la Argentina. También impedía que en los hielos y en su entorno se realizaran actividades que pudieran “afectar su condición natural, o que implicaran su destrucción o traslado, o interfirieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera. […] Nuestra presidenta reveló que su decisión obedecía a que la prohibición de actividades descriptas en la ley podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucadas y que «resultaba excesivo prohibir la actividad de minería o perforación petrolera en los glaciares y en las llamadas áreas periglaciares que bordean los glaciares»” ( La Nación , 21 de noviembre de 2008). 9

Al veto presidencial –en apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso de la compañía Barrick Gold, que a través del proyecto binacional Pacua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana– se suma el decreto 2.019, publicado en el Boletín Oficial en diciembre de 2008, que declara de “interés nacional” al proyecto Potasio Río Colorado, que beneficia a otra de las empresas transnacionales, Rio Tinto. 10

Tampoco se trata de una moda o de un negocio de poco tiempo, ¿cuántos años hace que Chile, por ejemplo, vive del cobre? Según la ONUDI , el promedio de un proyecto minero es de treinta años. La idea es aprovechar nuestra orografía, queremos potenciar el desarrollo de cada provincia para diagramar un modelo productivo sustentable con base en los recursos naturales locales. En las provincias mineras no se puede hacer soja o carne o pasar de un grano a otro según el precio del mercado. La mayoría del territorio es un desierto de piedra.

Jorge Mayoral, secretario de Minería de la Nación, Clarín , 18 de febrero de 2007

En el departamento de Iglesia había un pueblito, un pueblo que se llama Tudcum, creo que tiene quinientos habitantes, es muy chiquito el pueblito. Que vive del tema de la agricultura, cría de animales, la animalería: lo que es cabras, vive de eso. Y empezaron a pasar los camiones. Y las casas de ahí son muy viejas, son con adobe, son de barro cocido, con postigos, que se le llama tapias. Y los animales andan por la calle: el burro, los burritos andan por la calle caminando. Es como… un pueblo muy tranquilo. Y empezaron a pasar los camiones. Entonces dijeron: “No, ¿por qué pasan por ahí? No se dan cuenta de que pasan niños; de que los niños andan tranquilos por las calles, caminan, no pasa nadie…”. Entonces, la empresa minera les regaló las bandas fosforescentes para que se vean en la noche. […] para que se la ponga la gente, sobre todo los chicos, cuando salieran de noche, para que los pudieran ver los camiones. Y agarraron la gente, y se las empezaron a poner a los burros, a los perros. Porque dentro de todo, la gente tiene razonamiento, dice: “Bueno, si voy a cruzar, cruzo por la orilla”, pero los burros no tienen esa inteligencia para… entonces se las empezaron a poner a ellos. Entonces la empresa minera dijo: “¡No, esta gente se está burlando de nosotros! Cómo les van a poner bandas fosforescentes al burro, a los animales…”. entonces, lo que pasa es que la riqueza de esta gente es el burrito, porque le trae la leña, porque le trae las cosas que cosechan, sus cosas; porque lo tiene para la ganadería, para cuidar las cabras: para eso les sirve. Ésa es su riqueza. No la riqueza de “ellos”…

Entrevista a un integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Calingasta, San Juan, abril de 2007

En El ecologismo de los pobres el reconocido ecologista catalán Joan Martínez Allier (2004) propone distinguir entre tres corrientes del ecologismo: el culto de la vida silvestre, el credo ecoeficientista y el movimiento de justicia ambiental. La primera corriente se preocupa por la preservación de la naturaleza silvestre; es indiferente u opuesta al crecimiento económico, valora negativamente el crecimiento poblacional y busca respaldo científico en la biología de la conservación. De ahí que su accionar se encamine a crear reservas y parques naturales en aquellos lugares donde existen especies amenazadas o sitios caracterizados por la biodiversidad. Grandes organizaciones internacionales conservacionistas, muchas veces poco respetuosas de las poblaciones nativas, se instalan en este registro biocéntrico. Su expresión más extrema es la “ecología profunda”, ilustrada por el millonario Douglas Tompkins, quien compró enormes extensiones de tierra en la Patagonia chilena y argentina, así como en los esteros del Iberá (debajo del cual se encuentra el acuífero Guaraní), y sueña con crear un paraíso, despojado de fronteras nacionales y de seres humanos.