Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

Otro de los conceptos clave de esta reformulación y aggiornamento del paradigma neoliberal, que hoy recorre el lenguaje de organizaciones internacionales y de las ciencias sociales, es el de “gobernanza”, que puede ser definido como “una forma de gobierno que no pasa por la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada sino por la adopción de formas de coordinación a distintos niveles, y multiactoral, en cuanto incluye el sector público y el sector privado, los actores de la sociedad civil y el mercado” (Ruano de la Fuente, 2002). 13 Como sostiene Boaventura de Sousa Santos (2007), la gobernanza opera como una síntesis entre legitimidad y gobernabilidad:

La gobernanza busca, de hecho, armonizar las reivindicaciones a favor de la participación y la inclusión, resultado de la interpretación de la crisis social que parte del concepto de legitimidad, con las exigencias de una mayor autonomía y autorregulación producto de la interpretación guiada por la idea de gobernabilidad. Sin embargo, es una falsa síntesis, puesto que opera totalmente dentro del marco de la gobernabilidad. (36)

De manera paradigmática, en la actualidad el modelo de la gobernanza está siendo aplicado hoy en América Latina en el marco de la extensión de un modelo extractivo-exportador. La concepción que subyace en este modelo es que, más allá de la opacidad de los sistemas de representación y de las nuevas incertidumbres, los antagonismos y las contradicciones pueden resolverse en una esfera de mediación y de entendimientos recíprocos, en los que el objetivo es tanto la consolidación de la gobernabilidad como la materialización del llamado “capital social” en términos de redes sociales y políticas. En este sentido, esa visión apunta a diluir la idea de que los antagonismos pueden ser, en un punto, irreconciliables, que están insertos en relaciones de poder asimétricas y que en definitiva enfrentan –o pueden enfrentar– proyectos de sociedad diferentes y, en muchos casos, opuestos.

En fin, dados el actual escenario latinoamericano y la cartografía de resistencias existentes, se trata de un modelo que intenta una recomposición de la dinámica del capitalismo neoliberal, a través de ciertos dispositivos de intervención públicos y privados, que colocan el acento, por un lado, en la RSE y, por el otro, en la necesaria autolimitación de las demandas y los reclamos de las poblaciones afectadas, frente a una realidad de “hechos consumados”, esto es, la expansión “inevitable” del capitalismo extractivo transnacional en nuestras latitudes.

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Hasta bien entrado el siglo XX, no existía lugar político e ideológico desde el cual oponerse al irresistible credo del progreso, ya que se desconocían –o bien, se desestimaban– las consecuencias destructivas que podía generar una modernización sin freno. En rigor, había un único paradigma de la modernización, al cual adherían incluso las diferentes corrientes del marxismo, cuya visión productivista y homogeneizante del progreso fue puesta a prueba en varias oportunidades y contextos históricos. En este sentido, nuestro país –y, en general, América Latina– no fue una excepción, pues la modernización y el credo productivista supieron ser la bandera que enarbolaron tanto los Estados desarrollistas como las experiencias nacional-populistas. Asimismo, quizá mucho más que en otras latitudes, las izquierdas –tanto en su matriz anticapitalista como nacional popular– se mostraron sumamente refractarias a las nuevas corrientes (ambientalistas y ecologistas) que se iban desplegando a la luz de las diferentes críticas del paradigma productivista.

Sin embargo, en las últimas décadas el escenario cambió ostensiblemente. Por un lado, la crisis de la idea de modernización (y, por ende, de desarrollo), en su versión hegemónica y monocultural, abrió un nuevo espacio en el cual se fue cristalizando el rechazo y la revisión del paradigma del progreso. A esto se sumó, en varios países de América Latina, la crítica de los pueblos originarios y los movimientos campesinos hacia las tentativas asimilacionistas o etnicidas reflejados por los modelos de desarrollo instalados por los Estados nacionales en sus diferentes fases (Estado conservador, Estado nacional-desarrollista, Estado neoliberal). Por otro lado, en la actualidad, los modelos de desarrollo impulsados en esta nueva fase de acumulación del capital colisionan de lleno con los modos de vida de diferentes poblaciones y pueblos originarios, y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio). Estos hechos, sumados a los anteriores, abrieron el espacio para la emergencia de nuevos movimientos socioambientales, en clave de justicia ambiental o de ecología popular, así como a la revalorización de las cosmovisiones y las culturas indígenas, tan invisibilizadas en nuestro país.

Lo dicho sirve para poner de relieve uno de los grandes dilemas que atraviesan no sólo la Argentina sino otros países latinoamericanos; asistimos al retorno de dos ideas, de dos “conceptos límite” (la expresión es de Manuel Garretón) del pensamiento social latinoamericano: emancipación y desarrollo . Ninguno de esos conceptos límite ha retornado intacto o simplemente como fantasma del pasado; antes bien, sobre ellos se van operando trastocamientos y resignificaciones mayores, ligados tanto a la nueva dinámica del poder como a la acción contestataria de los movimientos sociales contemporáneos. En rigor, en América Latina, el marco en el cual retorna la cuestión acerca del “desarrollo” y se perfilan los debates sobre la “emancipación” va diseñando una trama muy compleja y conflictiva, atravesada por no pocos dilemas y posicionamientos irreconciliables. Así, todo parecería indicar que, tal como están planteadas las cosas, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación amenazan con ser claramente antagónicas.

*Esta investigación es financiada por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología.

1. El Estado “metarregulador” es el responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales tal como lo define Boaventura de Sousa Santos (2007): “La metarregulación es un tipo muy distinto de intervención estatal comparada con aquella que presidió el contrato social democrático”. El autor sostiene que “emerge así una nueva forma de gobierno indirecto, en el cual los actores económicos poderosos detentan un enorme poder de control sobre los recursos vitales esenciales para las personas, sin estar sometidos a ningún tipo de responsabilidad ante la sociedad, y sin importarles si esos recursos son el agua, la energía, las semillas, la seguridad o la salud” (41).

2. Para David Harvey (2004), el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y la depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión o despojo (lo que Marx denominaba la “acumulación originaria”) ha desplazado en centralidad la dinámica ligada a la “reproducción ampliada del capital”.

3. Para una caracterización, véase Maristella Svampa (2008a).

4. Saskia Sassen (2007) propone el concepto de “multiescalaridad” para hacer referencia a la reformulación de escalas en los diversos procesos de globalización.

5. Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: desarrollo de programas de minería social y asistencia social a productores de ladrillos. Con el Ministerio de Educación de la Nación: acciones conjuntas para fomentar el conocimiento de la minería, elaboración de material sobre minería para entidades educativas, encuentros nacionales con universidades y escuelas técnicas. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores: acciones conjuntas en el marco del tratado minero argentino-chileno. Con el Ministerio de Trabajo: normativas conjuntas, capacitación laboral. Con la Secretaría de Transporte de la Nación: análisis para la ejecución de obras con lógica productiva. Con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación: programa BID, gestión ambiental para una producción sustentable en el sector productivo, programas de capacitación en producción y medio ambiente, colaboración a las provincias en temas de pasivos ambientales y calidad del recurso hídrico, capacitación en el uso de explosivos. Con el INTA: plan de remediación de suelos (“Informe de Gestión. Minería 2003-2007”, Secretaría de Minería, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; https://web.archive.org/web/20080911180217/http://www.mineria.gov.ar/pdf/informe-de-gestion.pdf).