Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones pobres, que presentan una mayor vulnerabilidad. Esta situación es ejemplificada por los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, las grandes represas, la privatización de las tierras o el boom de la soja transgénica. En términos de David Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de “acumulación por desposesión”, 2 proceso que ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión acerca del territorio y el medio ambiente. Asimismo, la nueva etapa también aparece asociada a nuevos mecanismos de desposesión, como la biopiratería o la apropiación de formas culturales y cultivos tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas y campesinos.

En este contexto, uno de los hechos más notorios del período ha sido el surgimiento y la expansión de movimientos socioambientales, entre los cuales se destacan los movimientos en contra de la minería a gran escala y a cielo abierto. En efecto, desde 1999, sobre todo en la larga franja que ocupa la cordillera de los Andes, desde Guatemala y Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile y Argentina, se han originado una multiplicidad de resistencias, movilizaciones campesinas y asambleas de autoconvocados frente a la expansión de grandes proyectos mineros que amenazan con afectar severamente las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones.

Estos movimientos se nutren de otros preexistentes, al tiempo que comparten aquellos rasgos y dimensiones que hoy atraviesan a gran parte de los movimientos sociales latinoamericanos, entre ellos, la territorialidad, la combinación de la acción directa con la acción institucional, la democracia asamblearia y la tendencia a la autonomía. 3 Una dimensión central que atraviesa a los movimientos contra la minería a cielo abierto es la multiescalaridad 4 del conflicto, que tiene lugar en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos (actores locales, regionales y/o provinciales, estatales y globales). En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presentan como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone.

La minería tiene que ser una política de Estado, como tal debe perpetuarse y debe garantizar a los inversores el marco adecuado y necesario para llevar adelante este tipo de inversiones a largo plazo.

Julián Rooney, vicepresidente de Minera Alumbrera, en Panorama Minero , 277, noviembre de 2002

Es por eso que el compromiso de nuestra gestión, y eso han debido escucharme decir muchas veces, se cimienta en la defensa irrestricta y en el respeto por las condiciones mediante las cuales los inversores decidieron invertir en nuestro país y nuestro Estado les fijó reglas que nosotros deseamos que se respeten.

Jorge Mayoral, secretario de Minería, Seminario Oro Argentina 2002

Como en otros países de la región, en la Argentina la introducción de este modelo fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los 90, durante los dos mandatos de Carlos Menem (1989-1995, 1995-1999). La reforma constitucional de 1994 fue evidentemente un parteaguas, pues implicó un cambio profundo en relación con la explotación de los recursos naturales; por un lado, consagró la provincialización de los recursos naturales (gas, petróleo, minería), que dejó de depender del Estado central; por otro lado, marcó la renuncia del Estado (nacional y provincial) a la explotación de aquéllos, lo que dio paso a una obligada privatización. En el campo de la minería, se estableció un conjunto de medidas que consistieron en el otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional, algunas de las cuales son las siguientes: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años; en cuanto al pago de regalías, se establece un porcentaje máximo del 3% al valor boca mina declarado por la empresa (y del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), exención a las empresas del pago de retenciones por exportaciones y la no obligación de liquidar divisas en el país.

El Código Minero, que desde su elaboración en la década de 1880 no había sufrido mayores modificaciones, vio alteradas incluso ciertas restricciones que regían desde la época de la colonia. Se eliminaron así las limitaciones en cuanto al tamaño de las concesiones de exploración y explotación, al tiempo que se ampliaron los plazos de arrendamiento y usufructo de minas. El Código vigente define las minas como bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren. También declara expresamente que el Estado no puede explotar ni disponer de ellas y por eso les concede a los “particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños” (Código de Minería, art. 8º). En las minas que contienen sustancias metalíferas el suelo es definido como “accesorio”, lo cual implica que no pertenecen al propietario de la tierra en la que fueron descubiertas sino a la provincia. Es en este nivel de gobierno, entonces, donde radica la facultad de otorgar la concesión de explotación de las minas que fueran descubiertas y las caducadas y vacantes.

La construcción de un andamiaje legal específico fue acompañada desde el Banco Mundial mediante el Programa de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), cuyo principal objetivo fue realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la inversión privada en minería (SECYT, Plan Nacional Plurianual 1998-2000, Anexo Minería). El proyecto tuvo una duración de seis años (1995-2001) y se ejecutó a nivel del Estado nacional y seis provincias. Posteriormente, se llevó adelante la segunda fase, que incluyó esta vez a diecisiete provincias. Entre los componentes del proyecto se encuentran el desarrollo del marco institucional, el sistema de catastro y registro minero, el manejo ambiental, el sistema unificado de información minera.

Asimismo, se implementó una legislación de “facilitación fronteriza” para que los límites entre Argentina y Chile y sus consecuentes incumbencias no fueran un impedimento para la explotación a ambos lados de la cordillera de los Andes. El Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, firmado en julio de 1996, rige la explotación integrada de yacimientos compartidos por los dos países. Mediante ese tratado, en su rol de Estados metarreguladores, los Estados nacionales de Chile y Argentina transfirieron poder de decisión y soberanía, configurándose así una suerte de soberanía supranacional, a saber, un territorio donde se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. Como afirma Nicolás Gutman (2007): “En el tratado no existe cláusula alguna que preserve la integridad de los parques y reservas –tanto provinciales como nacionales– ni de las áreas turísticas que se encuentran en su ámbito de aplicación”. En el marco de este tratado, el primer emprendimiento que proyecta desarrollarse se denomina Pascua-Lama, localizado, en nuestro país, en la provincia de San Juan.