Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

El último artículo, “La construcción de San Juan como capital nacional de la minería: el concierto de voces entre el Estado y los medios de comunicación”, un trabajo de Mauro Orellana, Silvina Giovannini, Angélica Vega y Dolores Rocchietti, se centra nada menos que en el núcleo duro del modelo minero, la provincia de San Juan. Así, el texto analiza la reubicación de San Juan en el espacio hegemónico, cuyo gobernador José Luis Gioja ha sido uno de los impulsores de la ley minera durante los 90. Discurso productivista, conceptos de resonancia global, redes estratégicas, apelación a la historia en clave no sólo argentina sino también latinoamericana alternan en el centro de una narrativa estatal, que tiende a instituir un discurso único (el monolingüismo) al servicio de la difusión y defensa acérrima del nuevo modelo minero.

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Antes de cerrar esta introducción, quisiéramos señalar ciertas preocupaciones y posicionamientos que recorren al conjunto de los autores y autoras de este libro. En primer lugar, nos interesa dejar en claro que ésta no es una compilación azarosa en torno de un tema específico. Los autores, si bien provienen de disciplinas diferentes –que van desde la sociología política, la sociológica rural hasta el análisis sociodiscursivo–, se proponen dar cuenta de un proceso complejo, cargado de hondas resonancias sociales, con una serie de categorías compartidas –como las de territorio, territorialidad, discurso global, modelo extractivo-exportador, narrativa del desarrollo, movimientos socioambientales–. Estas categorías abarcan y recorren el conjunto de los temas que dan el título a este libro, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales .

Esta perspectiva compartida forma parte de un diálogo sostenido por los cuatro grupos de investigadores intervinientes, a lo largo de casi dos años, y cuya labor se desarrolla en diferentes universidades públicas: Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad de Buenos Aires. Nuestras respectivas investigaciones han sido financiadas exclusivamente por el sistema público de investigación (universidad nacional, Fondo Nacional de Investigación Nacional de Ciencia y Técnica –FONCYT– y Conicet). Asimismo, este libro ha contado para su publicación con el financiamiento parcial del proyecto “Actores sociales, demanda de derechos y espacios de ciudadanía en la Argentina contemporánea”, Área de Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, financiado por el FONCYT (2006-2009) y dirigido por Maristella Svampa.

Gran parte de nosotros nos hemos conocido en el marco de nuestra participación como investigadores/as en los encuentros de la UAC, llevados a cabo entre 2007 y 2008: así, San Rafael de Mendoza, Chilecito y Famatina, Catamarca capital, Concepción del Uruguay, Capilla del Monte y Tunuyán fueron las ciudades convocantes, en las cuales, a la par que nos sumergíamos en las abigarradas problemáticas de las asambleas ciudadanas, empezamos a compartir e intercambiar hipótesis de trabajo, preocupaciones intelectuales y posicionamientos públicos. A lo largo de ese período y muy especialmente en los últimos tiempos hemos organizado y participado en diferentes jornadas de discusión académica, tanto en la Universidad Nacional de Catamarca (octubre 2007 y 2008), en la Universidad Nacional de Córdoba (septiembre de 2008) en la Universidad Nacional de General Sarmiento (octubre de 2008), así como dos encuentros de discusión y divulgación de la problemática en la Universidad de Buenos Aires (octubre y noviembre de 2008), lugares todos ellos en los cuales confrontamos nuestras hipótesis de investigación con diferentes actores académicos y sociales, entre ellos miembros de las propias asambleas ciudadanas, en el marco de un diálogo complementario y constructivo. Asimismo, algunos de los participantes hemos desarrollado otras actividades de divulgación (especialmente periodística) sobre estas temáticas. 4

En segundo lugar, respecto del lugar de enunciación, cabe aclarar que ninguno de los trabajos aquí presentados está escrito desde una supuesta neutralidad valorativa o del distanciamiento propio de los “expertos”. Parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, estos textos se proponen una objetividad propia del trabajo académico, pero de ninguna manera abogan por un lugar de supuesta neutralidad, discurso detrás del cual por lo general se esconden intereses de los más variados espacios de poder (económico, político, religioso, entre otros). Nuestra propuesta se inscribe así en el campo de la tradición de las ciencias sociales críticas. En una época en la cual muchos no dudan en convertir las universidades –tanto públicas como privadas– en verdaderas unidades de negocios, la nuestra es así una apuesta que busca retomar y afirmar el rol crítico que, creemos, debe jugar la universidad pública en la producción social de saber, así como en la discusión de los temas que recorren nuestra sociedad, en este caso, acerca de los modelos de desarrollo hoy vigentes.

Por último, creemos que, a esta altura de los tiempos, cualquier propuesta que se plantee como alternativa o modelo de desarrollo en una sociedad debe ser informado y sometido a la discusión pública. Éste no parece ser, sin embargo, el caso en nuestro país, donde tanto la ciudadanía como los intelectuales y la comunidad universitaria solemos llegar tarde a los debates, cuando la implementación de los modelos de desarrollo se presentan como hechos consumados. Así sucedió con el modelo sojero, más allá de las solitarias voces de advertencia incansablemente machacadas durante una década por Jorge Rulli y Adolfo Boy con su Grupo de Reflexión Rural (GRR) y algunos contadísimos académicos como el agrónomo Walter Pengue, o Norma Giarracca y Miguel Teubal, animadores, junto a alumnos y activistas, del Foro de la Tierra y la Alimentación. En realidad, la apertura de una discusión pública sobre ese modelo (el alcance de sus transformaciones, su relación con el Estado, sus consecuencias sociales, económicas y ambientales) fue más bien tardía y parcial, tal como hemos podido ver entre marzo y julio de 2008 (y sus reediciones posteriores), a causa del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los diferentes sectores agrarios, como producto del aumento de las retenciones al sector, entre otros factores emergentes.

Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento, omisión o complicidad activa dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, cuya puesta en marcha se viene realizando de manera vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas. De este modo, la emergencia y la multiplicación de territorios de resistencia –tanto el de las “comunidades del no ” como el de los movimientos socioambientales– se han ido cristalizando en un contexto de obscena asimetría y frente al ocultamiento –político, mediático, empresarial– de las consecuencias socioambientales.

En suma, este libro sobre la megaminería en la Argentina –que sin duda constituye una primera exploración de un proceso todavía abierto– se propone aportar un análisis crítico de las formas que adopta el discurso hegemónico y los nuevos mecanismos de expropiación y dominio, así como traer a la palestra una verdadera discusión –pública y académica– sobre las complejas dimensiones, los múltiples niveles y sentidos que hoy recubren el término “desarrollo”. Con ello esperamos poder contribuir, aunque sea modestamente, a abrir el necesario debate público que exigen estas problemáticas.

Buenos Aires-Córdoba, enero de 2009

1. Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas”. Dentro del gobierno de Rafael Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por el influyente Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energía y luego presidente del la Asamblea Constituyente. La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, declarar a Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró el 18 de abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008), “la reversión de las concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente un asocio con el Estado (para lo cual se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería)”. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista, desconociendo la oposición y el derecho a consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, subalternizando en la lucha política el debate acerca de los graves efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas.