Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

En segundo lugar, si las implicaciones socioambientales son ciertamente gravosas y nos colocan ya en el centro de un paradigma productivista, sumamente cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política, indigenismo, economía social), a esto hay que añadir que lejos también estamos de asistir a la expansión de un modelo “nacional” de desarrollo. Antes bien, en nuestro país la expansión y el control de la nueva megaminería a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales, gracias al marco regulatorio sancionado en los 90 y confirmado por las sucesivas gestiones (desde Carlos Menem, pasando por Néstor Kirchner, hasta Cristina Fernández de Kirchner). Así, la reprimarización de la economía auguraba que, en el curso de pocos años, el Estado nacional consagraría a la megaminería, incluida la uranífera destinada a energía, “planes estratégicos” declarados de interés público por el gobierno argentino.

La continuidad de la política, el involucramiento de la estructura del Estado nacional y, por supuesto, el compromiso aún mayor de sus homólogos provinciales demuestran hasta qué punto este tipo de minería se ha convertido en política de Estado. Como se afirma en uno de los artículos de este libro, un ejemplo por demás elocuente de ello es el veto presidencial producido a fines de 2008 a la ley de protección de los glaciares (ley 24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional, y que constituye de parte del actual gobierno un claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso en favor de la compañía Barrick Gold. A través del proyecto binacional Pascua-Lama, compartido con Chile, esta empresa se encamina a desarrollar una explotación de oro y plata sobre los glaciares de altura en la región cordillerana. Asimismo, en diciembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaraba de “interés nacional” la explotación de potasio en Mendoza, por parte de la transnacional Rio Tinto; antes de conocerse el informe de impacto ambiental, y de manera simultánea en diciembre último, entregaba a esa empresa 60 hectáreas en el puerto de Bahía Blanca. En tal sentido, y sin minimizar el papel protagónico de los estados provinciales, no cabe duda de que ha sido y es el gobierno nacional el que ha ratificado y fortalecido la megaminería, poniendo todo el aparato del Estado, sus instituciones, al servicio del modelo minero.

El tema no es menor porque si bien, como hemos dicho, lejos estamos de cualquier tipo de “modelo de desarrollo nacional”, esto no ha sido impedimento para que el Estado asumiera una narrativa desarrollista , en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo y en nombre de una “responsabilidad social”, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos. Claro que esta narrativa desarrollista no es exclusiva de la Argentina. En efecto, en los últimos años, la expansión vertiginosa del modelo extractivoexportador, del modelo de agronegocios y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera del IIRSA han traído consigo en gran parte de la región latinoamericana una suerte de “ilusión desarrollista” (Svampa 2008a), habida cuenta que, a diferencia de los años 90, las economías se han visto favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities) , como se refleja en las balanzas comerciales y el superávit fiscal. La eficacia simbólica de esta narrativa puesta al servicio del “desarrollo” no puede ser desestimada, muy especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. Antes bien, ella propiciará el despliegue de nuevos esquemas binarios, que buscarán retrazar una distancia entre el ayer de la crisis y el presente productivo, devenido futuro promesante (Antonelli, 2007a). De modo que, en esta coyuntura favorable, a menos hasta la actual crisis económica internacional, no son pocos los gobiernos de la región que han relegado en un segundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así el retorno en fuerza de una visión productivista. 1

Convengamos que se ha escrito mucho acerca de las dificultades que una gran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e involucrarse en la compleja dinámica de reconstrucción del Estado, en el marco de procesos nacionales caracterizados por una fuerte retórica antineoliberal. Incluso se ha criticado la visión simplificada y, por momentos, dogmáticamente autonómica de movimientos y organizaciones sociales, proclives a ignorar las ambivalencias y los dilemas que afrontan aquellos gobiernos que hoy supuestamente se proponen como objetivo un cambio en las relaciones de fuerza social. Sin embargo, muy poco se ha hablado acerca de la narrativa desarrollista que hoy sobrevuela el continente, asociada especialmente al paradigma extractivista, y del ocultamiento de las consecuencias que estas dinámicas conllevan tanto en términos de reconfiguración productiva como de horizonte de expectativa social.

Hay que destacar que la Argentina no posee un pasado minero importante, como efectivamente sucede con otros países latinoamericanos, como Chile, Bolivia y Perú. Sin embargo, debido a las posibilidades de explotación que ofrecen estas nuevas tecnologías, en la actualidad nuestro país ocupa el sexto puesto en el mundo en cuanto a su potencial minero, y los informes consignan que 75% de las áreas atractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. No obstante, pocos argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por toda la larga franja cordillerana, precordillerana y zonas montañosas, desde el norte del país hasta el extremo sur de la Patagonia. Si hemos de seguir los escasos datos aportados por la Secretaría de Minería, visiblemente interesada en mostrar el crecimiento espectacular del sector (la mirada productivista), pero ocultando información fundamental sobre la descripción y el estado de avance de los proyectos, entre 2003 y 2007 el total de inversiones acumuladas en el país fue multiplicado por más de ocho: pasó de 660 millones de dólares a 5.600 millones de dólares. El crecimiento acumulado de proyectos fue más increíble todavía: aumentó un 740% en esos cuatro años, para llegar en 2007 a un total de 336 proyectos, en diferentes grados de avance. De este modo, aunque en el presente el modelo minero posee un rol “subordinado” o “secundario”, su proceso de implementación presenta características vertiginosas y muy similares a las de otros países latinoamericanos, hechos que favorecen la desinformación y dificultan, por ende, la discusión pública sobre la problemática.

En esta misma línea, en la medida en que nuestro país no proviene de una economía minera a gran escala, el modelo minero presenta una particular producción sociodiscursiva y cultural a nivel de todos los actores involucrados. Ésta es una diferencia cualitativa que aporta una especificidad al escenario de las transformaciones en la Argentina, y que abordamos en este libro. Por ello, a diferencia de otros “modelos de desarrollo” que, más allá de sus transformaciones, se sitúan en la “continuidad imaginaria” (un país agrario) o en el “retorno de la normalidad” (la Argentina industrial), el modelo ligado a la megaminería a cielo abierto requiere no sólo inscribirse en las significaciones del presente modelando visiones de futuro sino fundar un linaje, una genealogía honorable y unos mitos de origen, para volver deseable y razonable la “Argentina minera”. En función de ello, como afirmamos en uno de los capítulos de este libro, el de Mirta Alejandra Antonelli, adquieren especial importancia las estrategias narrativas, argumentativas, retóricas y dramatológicas (o de puestas en escena) mediante las cuales se construye, enuncia y visibiliza la legitimidad dominante del modelo minero y su autorización estatal en discursos público-mediáticos de actores hegemónicos.