Maristella Svampa - Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales

En el caso de los movimientos contra la minería a cielo abierto, las acciones presentan un carácter defensivo, iniciándose con reclamos puntuales. Sin embargo, en la misma dinámica de lucha esos movimientos tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, como el cuestionamiento al modelo de desarrollo predominante y la exigencia de la desmercantilización de aquellos bienes considerados comunes. En ese proceso de confrontación, la construcción de la territorialidad se va cargando de nuevas (re)significaciones y diferentes valoraciones, en contraste con las concepciones generalmente excluyentes que motorizan tanto los gobiernos como las empresas transnacionales.

En este sentido, la potenciación de un lenguaje de valoración divergente sobre la territorialidad pareciera ser más inmediata para el caso de las organizaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, los movimientos en contra de la minería a cielo abierto que se desarrollan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana del país poseen un registro previo a partir del cual (re)construir mediaciones que conduzcan a la idea de “comunidad de vida y territorio”, en función de la defensa de un estilo de vida que subraya un vínculo más estrecho e inmediato entre paisaje, historia larga de la región, defensa del medio ambiente y oportunidades económicas. Aun más, para el caso argentino, este proceso de construcción de la territorialidad (o de reterritorialización) exhibe de manera progresiva una afinidad electiva con la cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas, históricamente invisibilizados y relegados al margen de la sociedad.

Por último, en la Argentina las movilizaciones socioambientales en contra del actual modelo minero (explotación a cielo abierto) se han venido organizando bajo la forma de “asambleas” de vecinos o de ciudadanos autoconvocados. Desde sus inicios, la composición de las mismas ha venido reflejando un carácter heterogéneo y multisectorial, con una presencia importante de las clases medias (de sectores profesionales, quienes suelen ser los encargados de proponer-elaborar un saber experto independiente), así como de organizaciones campesinas e indígenas (que cuentan con saberes propios por su particular relación con la tierra y el territorio) . Son precisamente estos procesos de movilización asamblearia los que han ido conduciendo a una concepción de la territorialidad, opuesta al discurso ecoeficientista y a la visión desarrollista, propia de la narrativa dominante.

Sin embargo, antes de reconstruir algunos de los hitos que dan cuenta de las etapas de formación y articulación de estos movimientos (ver el artículo sobre el tema de Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, en este volumen), tratemos de bucear cuáles son las estrategias o núcleos discursivos que se sobreimponen a esta concepción de “territorios sacrificables”.

Frente a la aberrante acusación de que la minería lleva pobreza, que lleva problemas ambientales y que, consecuentemente, las provincias donde la minería lleva a cabo sus actividades no han mejorado sus estándares de vida, yo me permito decir qué falacia mayor representa esta acusación, cuando en realidad la minería en su integridad, no solamente da trabajo, sino que da trabajo formal, y no solamente da trabajo formal, sino que también es la que paga los mejores salarios de todo el sector económico argentino, pero además, construye caminos, lleva energía, mejora las comunicaciones. Es decir, ¿la minería no es una fuente de progreso y civilización? Entonces, qué es lo que pasa. Pasa que este mensaje no debe quedar solamente entre nosotros. Tenemos que tratar de llegar de la mejor forma más clara posible a todas las comunidades.

Martín Dedeu, presidente de CAEM, Argentina Oro 2006

En la esfera pública, el proceso de reconfiguración de los territorios se apoya sobre otros conceptos que forman parte del discurso global, entre los cuales se destacan –además de aquel sobre el “desarrollo sustentable”– el de “responsabilidad social empresarial” y “gobernanza”. Veamos brevemente el uso de cada uno de ellos.

La noción de responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto reciente, de resonancias globales, que apunta a combinar la filantropía empresarial con una idea más general acerca de la responsabilidad de las empresas respecto del impacto social y ambiental que generan sus actividades. La importancia de tal concepto debe ser entendida en el marco de la nueva matriz neoliberal, en la que se consolida el rol metarregulador del Estado y las empresas pasan a ser consideradas el actor central y dinámico por excelencia. Este nuevo modelo de acción empresarial, que surgió del Foro Económico de Davos en 1999, ha sido propuesto por y para las grandes empresas, que operan en contextos de gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre todo, de creciente exposición ante la opinión pública. No es casual que muchas de las grandes empresas que lideran internacionalmente el movimiento de RSE, con fuertes campañas mediáticas y enormes presupuestos, sean responsables de daños ambientales, de explotación de trabajo infantil y subcontratación de trabajo esclavo, sobre todo en las regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre más permisivos que en los países industrializados del centro. La RSE adquirió rango institucional a través del Pacto Global, en 2000, el cual es definido como “un Programa Interagencial, liderado por el PNUD, la CEPAL y la OIT, tendiente a aumentar la responsabilidad social empresaria en los campos de los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente” ( www.rseonline.com.ar).

En la Argentina, se instaló en la agenda luego de la crisis de 2001 y encontró un gran dinamismo en el campo de la actividad minera. Como analiza Mirta Antonelli en este libro, en 2002 en este país se presenta el informe final del programa Mining Minerals & Sustainable Development (MMSD), que tendría por objetivo “cargar de contenidos la responsabilidad empresarial”. Así, el concepto aparecía como una de las claves tendientes a producir “un cambio cultural respecto de la minería a gran escala, para ser concebida como factor de desarrollo sustentable”.

Ciertamente, la RSE forma parte de un dispositivo más amplio, que apunta a instalar y legitimar el nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar vínculos estrechos con instituciones, universidades privadas y públicas, a partir de convenios y subsidios, al tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una “minería responsable”. Hacia adentro, en relación con las comunidades en las que se desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aun mayores, en la medida en que sus intervenciones focalizadas, y el entramado que generan, introducen cambios sustantivos en el plano de la ciudadanía. Así, puede establecerse que en aquellos contextos en los que se implanta habitualmente la actividad minera (matrices sociopolíticas jerárquicas, pequeñas localidades, escasa diversificación económica, debilidad institucional), las grandes empresas tienden a convertirse en un actor social total . En efecto, en primer lugar, tienden a reconfigurar bruscamente las economías locales preexistentes, reorientando la actividad económica de la comunidad en función de la minería y creando nuevos enclaves de exportación; en segundo lugar, producen un impacto negativo en términos ambientales y sanitarios, que repercute sobre las condiciones de vida de la población. En tercer y último lugar, a través de la llamada RSE, las empresas tienden a ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple de acciones sociales, educativas y comunitarias. En la Argentina, el caso de la Minera Alumbrera, en Catamarca-Tucumán, constituye uno de los ejemplos más ambiciosos, en los cuales las empresas asumen su condición de agente socializador, apuntando así a un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones. Un informe especial de Foco sobre las Empresas Transnacionales en la Argentina, firmado por Ricardo Ortiz (2007) consigna: “Las organizaciones sociales han constatado que las grandes mineras en Catamarca, Tucumán, San Juan y Chubut efectúan donaciones a escuelas y hospitales de esas provincias tratando de provocar la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades. Esto ha sido corroborado por el defensor del pueblo de la Nación, quien manifestó su preocupación porque estas donaciones están acompañadas por una contrapartida publicitaria a favor del trabajo desarrollado por las empresas mineras, pudiendo este simple hecho llegar a inhibir toda posible crítica y, aun más, restringir la participación y el ejercicio de la población en la defensa de los derechos ambientales que consideren afectados ” (nuestro subrayado).