Enrique Vásquez H. - Gerencia de programas sociales

La cobertura masiva a casos de violencia contra la mujer evidencia lo imperativo que es discutir el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS). En un país donde la violencia doméstica, los feminicidios y las brechas de género son temas de conversación diarios, es necesario destacar programas destinados a la erradicación de dichos problemas. Este programa es uno de los múltiples esfuerzos del Estado por erradicar la violencia contra la mujer y brindar apoyo a las víctimas. Pero ¿qué tan efectivo ha sido realmente? ¿Ayuda a eliminar las raíces de la violencia?

El Seguro Integral de Salud (SIS), por su parte, busca garantizar a todos el acceso a servicios de salud. En 2019, se adoptó el reto de universalizar su servicio, y ello despertó dudas respecto de qué tan factible es dicha decisión. Entonces, cabe explorar los retos que este programa tenía antes de la universalización y cómo estos se traducen en nuevos desafíos. ¿Qué implica la universalización? ¿Qué necesitará el Estado para hacerla realidad?

La persistencia y la amplitud de un problema como el desempleo y la informalidad hacen que sea necesario analizar no uno sino dos programas sociales destinados a mitigarlo. Por ello, se hace énfasis también en el desempleo de adultos mediante un análisis del programa Trabaja Perú. ¿Cómo logra este programa generar oportunidades de empleo temporal? ¿Logran estas generar cambios sostenibles en la condición laboral de los beneficiarios?

Del mismo modo, existen poblaciones cuyo número es imposible de conocer dada su condición invisible. Uno de estos grupos es el de los adultos mayores en situación de calle. Por ello, se estudia el programa Vida Digna y se resaltan las estrategias utilizadas para la identificación de beneficiarios y de entrega de los servicios. Igualmente, se explora la red de articulación que ha logrado formar con otros programas sociales y ministerios para poder restituir los derechos básicos de los adultos mayores en situación de calle.

Por último, todo adulto mayor tiene derecho a una pensión. Lamentablemente, la informalidad en el mercado laboral peruano hace que esto no sea posible para que todos los mayores de 65 años tengan una vejez digna. Por ello, el Estado ha desarrollado el programa Pensión 65. De este modo, se espera poder dar a los adultos mayores más vulnerables un alivio económico. Pero ¿cuál es la logística detrás de estas transferencias? ¿Cómo se puede prevenir que se dé el problema en primer lugar?

El presente trabajo hubiera sido imposible sin el concurso de jóvenes economistas de la Universidad del Pacífico. En primer lugar, Ronald Cueva, quien me ayudó en la puesta en marcha del presente esfuerzo; Bruno Chereque, quien dio alma, corazón y vida para que el texto adquiriera fuerza y contenido; y Daniela Pacussich, quien nos ayudó a cerrar este proyecto con excelente pulcritud y compromiso. En segundo lugar, Alessandra Jordán, Adriana Llallico, María Alejandra Madueño y Ricardo Vásquez fueron diligentes participantes de los talleres de investigación 2017 que permitieron producir y cumplir con nuestras expectativas. En tercer lugar, deseo agradecer a los evaluadores anónimos que nos retaron a mejorar hasta llegar a esta versión del texto. Por último, a la Universidad del Pacífico, por brindarnos apoyo por casi dos años para producir los insumos, y al IBEI (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona), por darme facilidades para poder escribir con paz y tranquilidad durante mi estancia como profesor visitante entre los años 2017 y 2019. No cabe duda de que el contenido del presente libro es de exclusiva responsabilidad del autor.

Enrique Vásquez H.

Capítulo I

Desempleo en jóvenes con bajos ingresos

Cuando la persona no cuenta con un empleo, se torna vulnerable y, con ello, arrastra a su entorno. Si el joven ya tiene responsabilidades familiares, los efectos del desempleo son aún mayores, pues estos medran en la calidad de vida de sus dependientes. Por ello, cuando carece de conocimientos, capacidades o herramientas para realizar un trabajo, el joven requiere del auxilio del Gobierno. Esto debe hacerse sí o sí. Si el joven no cuenta ahora con la experiencia y el conocimiento suficientes, más tarde le será imposible insertarse en el mercado laboral (Chacaltana, 1999, p. 10). De ahí la necesidad de que el Gobierno enfrente el problema del desempleo juvenil con extrema urgencia. Se debe, también, proveer a los jóvenes los conocimientos para hacer respetar sus derechos como trabajadores: contrato, remuneración mínima, jornada máxima de trabajo, seguros, etc. (MTPE, 2014b).

Del mismo modo, el Estado debe continuar con sus esfuerzos por reducir la informalidad que domina el mercado laboral peruano. Esto con el objetivo de que sea posible garantizar el trabajo decente y reducir el empleo precario. De este modo, se puede garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores según lo establecido por el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (El Peruano, 2017a). Además, es importante señalar el derecho al trabajo decente. Este se enfoca en el reconocimiento de derechos de los trabajadores y en sus conceptos básicos: oportunidades, libertad, productividad, equidad, seguridad y dignidad. De este modo, el concepto de trabajo decente debe estar en la base del desarrollo de políticas a favor de los trabajadores (Gamero Requena, 2015).

Ante esto, ¿debe el Estado encargarse de generar empleo o promover el empleo? En el pasado, el Estado llegó a tener una presencia dominante en los mercados de bienes y factores del Perú. En paralelo, la administración pública acogió a miles de trabajadores que no necesariamente, en su totalidad, contribuían a la eficiencia y eficacia del Estado. En lugar de ello, originaban trabas burocráticas en los trámites, así como excesivas regulaciones que dificultaban el adecuado desempeño de la sociedad (Du Bois & Torres, 2006, p. 22). Es más, la situación respecto a los funcionarios públicos se agravaba al no existir un sistema que permitiera relacionar su productividad con su remuneración (Du Bois & Torres, 2006, p. 26). Precisamente, los recursos públicos debieron ser usados para promover el empleo, y aún más, incentivar el trabajo decente para todos sin distinción. Esto significa, ciertamente, que los tomadores de decisiones públicas deben formular y construir un clima en el que trabajadores y empresarios logren sus objetivos sin privilegios, rentismos y subsidios insostenibles. Y, a la par, que la clase trabajadora y empresarial opte por mejorar sus competencias y habilidades en lugar de hacer lobbying y pugnar por favoritismos del Estado.

En general, la realidad trágica de los jóvenes de bajos ingresos siempre debe estar bajo escrutinio para encontrar una solución. Las cifras son preocupantes. Por ejemplo, entre los años 2007 y 2018, la tasa de desempleo entre jóvenes de 15 a 24 años ha sido mucho mayor que las que experimentaron grupos de mayor edad. Como se aprecia en la figura 1.1, durante la época de bonanza económica, el desempleo para los jóvenes se redujo de manera considerable y llegó a disminuir en 4 puntos porcentuales para el año 2013. No obstante, resulta fácil intuir lo difícil que ha sido para el joven encontrar empleo en el escenario de desaceleración productiva observado después del año 2015. Las cifras denotan resultados preocupantes: al año 2016, la tasa de desempleo igualó los resultados obtenidos 10 años atrás.

Asimismo, la figura 1.2 nos indica que la diferencia entre desempleo femenino y masculino en el área urbana también ha persistido a lo largo de los años. Si bien las tasas de desempleo por género a nivel nacional han tenido una tendencia descendente, se ha mantenido la diferencia entre ambas. De este modo, de decidir participar de la fuerza laboral, las mujeres tienen menos probabilidad de conseguir trabajo que los hombres. Esto sugiere que el desempleo tiene factores tanto de edad como de género.