Ana Cabana Iglesia - La derrota de lo épico

A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.

Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.

Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al ., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento. 38 Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:

... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado alcalde (...) tiene la cartería de correos, encargado de teléfonos, tiene un café-bar y una industria de ultramarinos con unos 550 inscritos en las Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo. 39

En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo. 40 María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.

Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.