Raúl Román Romero - Desde otros Caribes

Las políticas borbónicas, impulsadas por Carlos III12, empezaron su total aplicación en los límites americanos durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su implementación tenía un doble objetivo: 1) recuperar el control en los territorios pertenecientes a la Corona española, que se encontraban invadidos o en uso corriente por extranjeros, y 2) acabar con los diferentes procesos que complicaban las relaciones “armónicas” entre españoles e indios “insumisos”, los cuales, aún tras varios siglos de colonización, se agrupaban en franjas o cinturones independientes de comercio y circulación de mercancías que no eran tributabas —o solo lo eran parcialmente— a las arcas de la Real Hacienda española (Calderón Quijano, 1944; Vázquez, 1992).

Tras el reformismo absolutista borbónico, y por iniciativa de Carlos III, se promulgaron en 1786 las Ordenanzas de Intendencias de la Nueva España; en ellas, se estipulaba que los territorios virreinales se dividirían en intendencias y subdelegaciones que tenían como objetivo principal limitar el poder de las figuras de autoridad locales y centralizar más el Gobierno. Por su parte, con estas nuevas disposiciones, el gobernador y capitán general de Yucatán adquirió el título de intendente de la Real Hacienda, lo cual le confirió autoridad fiscal sobre Yucatán, Campeche y Tabasco (Pinet Plasencia, 1998); sin embargo, era bien sabido que la Gobernación y Capitanía General de Yucatán tuvo una administración significativamente más autónoma que el resto de la Nueva España, pues aunque la figura del gobernador estaba subordinada a la Audiencia y al Virrey, el de Yucatán trataba directamente con la Corona. Dicha autonomía se justificaba por el aislamiento geográfico de la zona y por la dificultad en las comunicaciones con la capital del virreinato (Pinet Plasencia, 1998).

Para España, para Inglaterra y para la misma América, el siglo XVIII fue el momento impostergable de la redefinición geográfica a nivel jurídico. La transición entre la política abiertamente bélica de la primera mitad del siglo, correspondiente a los reinados de Fernando V y Fernando VI, y la clara postura diplomática de negociación que se observa en la segunda mitad, correspondiente a los reinados de Carlos III y Carlos IV, permitió una clara oficialización de la presencia inglesa en varios puertos de abrigo a lo largo de la costa oriental de Yucatán y la bahía de Honduras, que se amparaba en lo estipulado en el Tratado de Paz de Madrid de 1670. Sin embargo, esta política, significativamente más laxa, no solo supuso el otorgar permiso a los ingleses para recorrer aguas españolas y explotar el palo de tinte en la zona sin ser molestados, sino que también permitió el establecimiento de nuevas colonias de taladores ingleses que, por consecuencia, originaron nuevas formas de asentamiento y colonización que no fueron autorizadas, en periodos anteriores, porque se creía atentaban contra la soberanía española en estos territorios vulnerables por su liminalidad.

Figura 1. A Map of Part of Yucatan Part of the Eastern Shore within the Bay of Honduras Allotted to Gt. Britain for the Cutting of Logwood in Consequence of the Convention Signed 14 July 1786. By a Bay-Man

Fuente: Faden (1787).

España, preocupada aún por la centralización de su economía en los metales (oro y plata), por mantener su preponderancia comercial en América y por la caída de sus posesiones en manos francesas e inglesas en Europa, no se preocupó tempranamente por llevar a cabo una cartografía precisa de las zonas despobladas en los confines de América hasta que su hegemonía se vio amenazada por el expansionismo inglés en la zona. Pocos son los mapas de manufactura hispánica que vemos emerger durante los siglos XVI y XVII; sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII vemos crecer exponencialmente la cartografía española del área, la cual buscaba ilustrar los acuerdos estipulados, principalmente en el Tratado de Paz de 1783 y en la posterior Convención de 1786 (Antochiw & Breton, 1992; Calderón Quijano, 1978, 1989; Hoffmann, 2014).

Para el caso específico del territorio del Walis, el Tratado de Paz de Versalles de 1783 y la posterior Convención de Londres de 1786, mejor conocida como Convención anglo-hispana, resultaron de carácter definitivo, pues esta última renegoció el artículo VI del tratado anterior, en el que por fin se estableció claramente la situación geopolítica del golfo de Honduras. Tras este acuerdo, se otorgaban y ampliaban una serie de concesiones forestales mediante una sesión-adquisición de derechos territoriales, la cual no reconocía la existencia de una colonia británica en la zona, pero sí autorizaba al Estado colonial británico la ocupación y la utilización de este territorio que se suponía bajo soberanía española.

En la Convención de 1786 se especificaba que los asentamientos ingleses que se ubicaban en la parte oriental de Yucatán, hoy Quintana Roo y el distrito de Corozal en Belice, debían ser visitados dos veces por año para ser reglamentados según las indicaciones dadas por la ya mencionada convención. Para tales efectos, se seleccionó una serie de comisionados españoles que tuvieron la encomienda de realizar dichas visitas en los términos y las condiciones que declaraban los acuerdos firmados por las dos colonias; junto a ellos, un comisionado británico debía ser designado desde Jamaica con la finalidad de que se verificasen los resultados recabados durante las visitas. Los reconocimientos a los establecimientos ingleses duraron de 1788 a 1794. El resultado de las demarcaciones hechas por el teniente de rey de Campeche en 1787, don Enrique Grimarest, y las parcializaciones de ranchos y huertas que hizo el ingeniero militar Rafael Llobet en 1790, junto con el censo que elaboró a propósito de estas concesiones territoriales, se pueden considerar como el momento exacto del primer trazo de la frontera moderna entre México y Belice. Lo que vino después de este evento, con la firma del tratado Spencer-Mariscal de 1893, solo ratificaría diplomáticamente, con algunas modificaciones territoriales, los acuerdos que ya habían sido naturalizados durante el último cuarto del siglo XVIII.

Para el entendimiento de estas visitas es necesario revisar los diarios e informes de tres personajes de interés: Juan Bautista Gual (1789, 1792), Rafael Llobet y Litiery (1790a), y Baltazar Rodríguez de Trujillo (1788), quienes, aunque no fueron los únicos en realizar las ya mencionadas visitas, sí fueron los que más activamente dialogaron con sus contrapartes inglesas: los superintendentes Edward Marcos Despart y Peter Hunter, entre 1789 y 1791.

Figura 2. Firmas de los visitadores. Izquierda: Juan Bautista Gual; centro: Baltazar Rodríguez de Trujillo; derecha: Rafael Llobet y Litieri

Fuente: Juan Bautista Gual (1789, 1792); Baltazar Rodríguez de Trujillo (1788); Rafael Llobet y Litiery (1790a).

Una biografía amplia de cada uno de estos personajes aún es un asunto pendiente para la historiografía de la zona, como también lo es el estudio del efecto del reformismo borbónico en esta esquina marginal de Centroamérica. Pero, para comprender el efecto sobre la región de las decisiones que estos tomaron durante sus visitas, así como de las narraciones de sus viajes oficiales, es necesario comprenderlos como parteaguas para el entendimiento geográfico de la zona y una fuente importante de información demográfica y cartográfica.