1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 1.4 La nueva clase obrera
Durante los años cincuenta, se coló en la escena social, y política, un nuevo actor. Al calor de las oportunidades abiertas por el Reglamento de Representación Sindical de 1953 y, sobre todo, por la Ley de Convenios salariales de 1958, nacerían CC. OO. y las organizaciones obreras surgidas desde la Iglesia; HOAC y JOC sufrirían un proceso de radicalización al contacto con las nuevas formas del sindicalismo opositor (Soto, 1998: 52). Estaba apareciendo una nueva clase obrera industrial, con la llegada a las ciudades de una fuerza de trabajo joven, numerosa y barata. Por primera vez en Madrid y otras capitales los obreros industriales suponían una mayoría, y en la capital se trataba además de obreros de grandes industrias. Llegados del campo en busca de una vida con más seguridades y de un futuro para sus hijos, los nuevos trabajadores emergen al mismo tiempo que los nuevos oficinistas, los activos del comercio, el transporte y las comunicaciones. Un cambio tan profundo en las clases trabajadoras tenía que reflejarse en la cultura reivindicativa popular:
Todos ellos aspiraban a acceder al empleo desde una vivienda propia, la cual estarían pagando toda su vida laboral y más allá. Las aspiraciones de esa clase obrera irían en el camino de la consecución de mejoras relacionadas con el Estado del Bienestar, los salarios y condiciones de trabajo, y las condiciones de vida asociadas a la vivienda y su entorno (Juliá, 1994).
A finales de los años cincuenta, el cine, la literatura y el arte, en general, parecían anunciar «un sentimiento privado de que todo no puede seguir igual en la década siguiente». Pero ese futuro se desarrollará política e institucionalmente con una parsimonia a veces exasperante. Max Aub, a su regreso a España en 1969, decía: «España ha cambiado del todo en todo; mediocre intelectualmente y mísera en lo moral. Con unos jóvenes que viven ciegos y no quieren saber del pasado». Habitada por «españoles sumisos y desinformados; desideologizados y despolitizados» (Gracia y Ruiz, 2001). Opinión compartida por la embajada británica (Hernández y Fuertes, 2015: 60).
Aunque Max Aub no lo percibiera, esa década, entre el Plan de Estabilización y su regreso, vio emerger las corrientes democráticas en España. A pesar de la represión, se dio el rechazo estudiantil al SEU falangista, y los triunfos sindicales de CC. OO. acompañaron las luchas obreras por mejorar las condiciones de vida y trabajo en la industria, la minería y la construcción, al tiempo que los movimientos juveniles anglosajones y europeos influyeron en los cambios profundos de la mentalidad juvenil hispana (Gracia y Ruiz, 2001). Coetáneo a esos cambios, en los arrabales y barrios de las grandes capitales se configuraba un movimiento vecinal democrático, que tendría efectos decisivos para la consolidación, en el imaginario de las clases medias y trabajadoras, de la cultura de tenencia en propiedad de la vivienda, emblema paradójico de la Arcadia falangista.
2. LA VIVIENDA EN LA POLÍTICA SOCIAL FRANQUISTA
Hasta que una oleada de justicia no limpie de amarguras las vidas y de rencor las almas, que nadie espere paz ni prosperidad, que nadie pida luz ni alegría, porque no habrá más que miseria, lobreguez e incomprensión en una Patria triste, pequeña y dividida (Girón, 1952, t. II: 145).
La política social fue un componente principal del afán falangista por construir en la conciencia de los españoles el mito de la comunidad nacional . 19Tras la derrota nazi-fascista, cuando en 1945 y 1946 los gobiernos europeos marcaban sus distancias con el franquismo, el régimen proclamaba su anclaje en lo social. Ante los delegados al III Consejo Sindical, Franco emitió el siguiente discurso: «Lo social que nosotros practicamos, ahora lo practican otros, y es que por encima de todo se va abriendo camino la era de lo social que nosotros anunciamos» ( Arriba , 25-1-1945). Sin embargo, el franquismo, que «proclamó desde el primer momento su voluntad de establecer un nuevo orden nacional-sindicalista, que implicaba justicia social, trabajo y bienestar para todos los miembros de la comunidad nacional», 20no contemplaba someter «lo social» al refrendo de esos miembros o ciudadanos. Muy al contrario, la política social era utilizada por el régimen como justificación de su política de persecución y destrucción de las organizaciones sindicales, democráticas y culturales obreras: «Solo se puede, legítimamente, recortar los medios de lucha de los obreros, cuando existe una política social por parte del estado que da solución a sus problemas » (Franco: Arriba , 19-7-1948).
La pretensión totalitaria era «imponer», como primera misión en lo social, una disciplina «a todos por igual», «técnicos, empresarios y operarios», sin distinción entre trabajadores ni «resabios clasistas», pues la jerarquía emanaba del Estado: «Cuando en las relaciones de trabajo hay injusticia por una u otra parte, ninguna de las dos tiene la culpa. Toda la responsabilidad es exclusivamente para el Estado que la tolera» (Girón, 1952, t. III: 119).
Las instituciones clave de esa política fueron el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical. El primero «canalizaba la actividad del gobierno en el ámbito de las relaciones sociales y la previsión social. La segunda puso en pié las obras asistenciales, entre ellas la Obra Sindical del Hogar» (Molinero, 2006). Durante sus dieciséis años de ministro, José Antonio Girón de Velasco defendió siempre que el Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical eran dos instituciones complementarias al servicio de una política falangista, que marcaba él mismo como ministro. En 1943 decía:
Entendemos las Delegaciones Provinciales de Trabajo como Organismos del Estado nacional-Sindicalista [...] toda desavenencia o disparidad de opinión entre las Delegaciones de Trabajo y Sindicales constituye axiomáticamente una imperfecta recepción, por una u otra parte, del sentido único falangista (Girón, 1952, t. I).
La Vivienda, junto a la paz social y la Seguridad Social, conformaron los tres iconos propagandísticos, el relato principal, de la política social franquista. La vivienda fue, junto con la sanidad, el acceso más directo de Falange a la vida cotidiana de los ciudadanos de los barrios pobres y del suburbio. Esta afirmación se ilustra con la entrevista concedida en 1955 por Valero Bermejo a la revista Teresa de la Sección Femenina. 21A la pregunta «¿Cuál es el sistema de información que sigue el Instituto Nacional de la Vivienda para la adjudicación de viviendas y ajuares?» respondía:
La información la hace totalmente la Sección Femenina. [...] Las camaradas de la Sección Femenina de Madrid, vienen visitando estos sectores (chabolistas) y han preparado una información de cada familia: la composición familiar, lo que ganan, los lugares de trabajo; han visto también «lo» que tienen. Ahora sobre esas fichas, se están haciendo las clasificaciones e inmediatamente empiezan los traslados...
Los beneficiarios de viviendas sociales quedaban registrados y obligados por largos años de hipoteca, y los sindicatos (CNS) y el INV mantenían amplias facultades sobre los grupos de viviendas. Como señalaba el Reglamento de Renta Limitada:
Art. 107. Los propietarios e inquilinos de viviendas de renta limitada, vendrá obligados a mantenerlas en buen estado de conservación y a cuidar de su policía e higiene, quedando sometidas a la vigilancia del INV. 22
Art. 110. Los inmuebles acogidos al régimen legal de vivienda de renta limitada ostentarán en lugar visible de su fachada o vestíbulo una placa metálica, grabada en vise y letra española, que llevará el emblema del Instituto Nacional de la Vivienda (yugo y flechas) y la inscripción siguiente:
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