Ciro Murayama - La democracia a prueba

Una novedad del proceso de distritación 2016-2017 fue incluir una consulta a pueblos y comunidades indígenas. El INE, atendiendo la Jurisprudencia 37/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y haciendo una interpretación garantista del artículo 1° de la Constitución, aprobó el Protocolo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y posteriormente organizó la consulta en las 32 entidades de la república. A lo largo de 2016 y 2017 se llevaron a cabo los foros y mesas informativas especializadas, en los que se presentó el modelo matemático y el sistema de cómputo para la distritación. El resultado fue que se logró confeccionar 28 distritos electorales federales que tienen una población indígena mayor al 40%, e incluso en ciertos distritos (el 03 de Chiapas y el 05 de Yucatán) este porcentaje llega a 85%. Es así que casi una décima parte de los distritos electorales federales tienen un alto componente de población indígena, lo que favorece su representación política.

Por lo que hace a las 32 distritaciones locales, el reto resultó inédito. Para empezar, se detectó que había entidades que no habían actualizado su respectivo mapa distrital para conformar el congreso local desde hacía más de un cuarto de siglo, como Nayarit, cuyo último ejercicio de actualización databa de 1990. En situación similar se encontraban otras cinco entidades, mientras que ocho más habían realizado su distritación en la primera década del siglo. Finalmente, 18 entidades contaban con distritaciones relativamente actuales, pero que se realizaron con criterios técnicos heterogéneos (cuadro 7).

En lo que hace a la actividad jurisdiccional con respecto a la distritación federal y las 32 distritaciones locales, se presentaron 66 quejas, el TEPJF confirmó en 64 casos y sólo se ordenaron ajustes menores en Oaxaca y Sinaloa. Es decir, la distritación logró un amplio consenso político y escasa litigiosidad jurídica.

Para cerrar este capítulo, cabe decir que confeccionar el padrón electoral desde una autoridad autónoma al gobierno, con la vigilancia de los partidos para asegurar –como ha ocurrido durante casi dos décadas y media– que no haya electores «rasurados» ni la posibilidad de que alguien vote dos veces, así como resguardar los datos sensibles de la ciudadanía, además de trazar mapas imparciales de representación política de la población, son tareas cumplidas, pero que no deben descuidarse hacia el futuro. La mejor forma de evitar que regresen las prácticas indeseables del pasado que ya fueron desterradas es no creer que el mero cambio de gobiernos o de personas asegurarán comportamientos virtuosos, sino preservar las instituciones y los procedimientos en los que descansan las garantías de los derechos políticos.

* Este capítulo fue escrito en coautoría con Farah Munayer Sandoval.

«La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. […] Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire», escribió con nitidez José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas . Más aún, el «mísero detalle» puede condensarse en un breve espacio de tiempo: las horas y minutos que siguen a la conclusión de la votación. Si en esos momentos, con la tensión política electrizando el ambiente, no hay información fidedigna sobre el sentido de la voluntad popular, si se retrasa la emisión de resultados, si comienzan las proclamas de uno y otro candidato anunciando sus respectivas e incompatibles victorias, entonces el proceso electoral en su conjunto, y con ello la credibilidad de las instituciones, pueden, en efecto, evaporarse, desvanecerse en el aire.

Para la certeza de las elecciones es fundamental contar con resultados ciertos, precisos y oportunos la misma noche de la elección. Así ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo y las excepciones son, también, ejemplos de procesos electorales que devienen en crisis políticas. Ese traspié ocurrió en México en 1988, con la «caída del sistema», cuando la Comisión Federal Electoral interrumpió el flujo de información pública sobre los resultados de la elección presidencial. Un episodio de opacidad sobre los resultados antecedió la crisis postelectoral de 2017 en Honduras, origen de los disturbios que arrojaron más de una veintena de víctimas mortales.

La elección de 1988 en México ha sido, en buena medida, el contraejemplo a partir del cual se han creado normas e instituciones electorales que buscan ofrecer certeza, máxima publicidad y legalidad a los comicios. Para no repetir la «caída del sistema» de 1988, se han desarrollado mecanismos de información regulados por la ley, como son el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los conteos rápidos.

Si bien la legislación mexicana aún mantiene un anacronismo notable que retrasa el cómputo formal de votos y la emisión del resultado final, pues dispone que los resultados de las casillas electorales comenzarán a sumarse en los cómputos distritales a partir del miércoles siguiente a la jornada electoral para concluir el domingo posterior, al menos asegura que información preliminar, pero oficial, llegue a la ciudadanía desde el mismo día en que se celebran los comicios.

Ello permitió que a las 11 de la noche del 1º de julio de 2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) diera a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el Instituto, anunciando la tercera alternancia en el gobierno en apenas cuatro elecciones presidenciales. Y que desde las 20:00 horas de ese día estuviera en operación el PREP, y a través de él se fuera proporcionando información de todas las elecciones federales, casilla por casilla, distrito electoral por distrito electoral, por cada entidad y a nivel agregado nacional.

Pero 2018 no fue el año cero en la difusión oportuna de resultados electorales. En el año 2000, gracias al conteo rápido, se había anunciado la primera alternancia en la Presidencia por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), y así ocurrió también en 2012. En 2006, como se detallará más adelante, el IFE hizo conteo rápido pero, de forma errónea a mi entender, no dio a conocer sus resultados ya que la diferencia entre el primero y el segundo lugar resultó demasiado estrecha para establecer un ganador. El PREP se ha ejecutado desde los años noventa y si bien su operación fue parte de la polémica postelectoral de 2006, siempre ha mostrado resultados fidedignos de la votación ciudadana depositada en las urnas.

Mientras México no cuente con instrumentos como el voto electrónico o no se permita la realización de cómputos nacionales el mismo día de la elección, el PREP y el conteo rápido seguirán siendo las herramientas indispensables de la transparencia, la certeza e incluso de la credibilidad de todos los eslabones previos del proceso electoral. De ahí su capital importancia.

En 2018, la amplitud de la diferencia en los resultados, hay que reconocerlo, facilitó el trabajo de la autoridad electoral: se anunció un triunfo holgado y, además, de un candidato opositor y a quien las encuestas previas de intención de voto habían prefigurado poseedor de una amplia ventaja sobre sus competidores. De esa manera, el conteo rápido permitió hacer el anuncio a la hora prevista y sin que los rangos de estimación entre los candidatos se traslaparan. No obstante, hacer el conteo rápido en 2018 no fue sencillo: la creación de la casilla única implicó que los funcionarios de casilla tuvieran que destinar más tiempo al trabajo de escrutinio de los votos y, con ello, se retrasara la materia prima indispensable tanto del conteo rápido como del PREP: el resultado en las casillas. La labor del INE también se vio dificultada por la emisión de sentencias de la autoridad jurisdiccional que eliminaron procedimientos diseñados para ahorrar tiempo y contar con la información de manera más oportuna.