Ciro Murayama - La democracia a prueba

* Este capítulo fue escrito en coautoría con Farah Munayer Sandoval.

El 1° de julio de 2018 México vivió el ejercicio democrático más amplio de su historia: 56 611 000 ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. La participación fue de 63.42%, la más alta en las últimas tres elecciones presidenciales. Así, de forma pacífica y libre, se eligió a un nuevo presidente, se conformaron las dos cámaras del Congreso de la Unión y fueron electos, además, 17 682 cargos locales. La votación se dio en más de 156 000 casillas que instaló el Instituto Nacional Electoral (INE) con la colaboración de casi un millón de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla.

Se dice rápido, pero las elecciones en México son una auténtica movilización nacional en cada rincón del territorio. A pesar de los graves problemas de inseguridad en distintas zonas, no hubo un solo distrito, ni siquiera una sola sección electoral de las 68 436 que conforman la geografía electoral del país, donde no existiera una casilla dispuesta para recibir el voto. Y eso fue posible porque hubo 45 000 capacitadores contratados y preparados por el INE que recorrieron todo el país, tocaron puertas y conversaron con los habitantes en cada ciudad, pueblo, paraje o caserío para hacerles saber que la elección era suya y convocarlos a que ellos mismos instalaran las casillas, vigilaran la votación, contaran y cuidaran los sufragios. Y así fue: los ciudadanos se apropiaron de la elección.

Hacer una elección también implica asegurar la plena igualdad en el ejercicio del sufragio de cada mexicano en edad de votar. En cada célula básica de la votación –la casilla electoral– hay urnas transparentes, boletas impresas en papel seguridad, mamparas para votar en secrecía, tinta indeleble, cuadernillos con la lista nominal correspondiente. Y esos materiales son los mismos en todo lugar. Las casillas tuvieron idénticas características en los municipios más ricos del país (San Pedro Garza García, en Nuevo León; Corregidora, en Querétaro; Huixquilucan, en el Estado de México, o Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México) y en los más pobres (como San José Tenango, en Oaxaca; Cochoapa el Grande, en Guerrero; el Mezquital, en Durango, o Batopilas, en Chihuahua) y eso demuestra que por una vez en México los ciudadanos sí son iguales: el día de las elecciones.

México tiene un diseño electoral que se construyó a partir de los años noventa como respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos, que ocurrieron en la época del partido hegemónico. Es comprensible que a partir de ahí que se hayan establecido múltiples pasos complejos, que son verificados una y otra vez, para asegurar la legitimidad y la limpieza de los comicios.

El modelo electoral mexicano va de la existencia de una autoridad encargada de la organización de los comicios, autónoma al gobierno –que además incluye en los procesos electorales la conformación de órganos de decisión con la participación de ciudadanos ajenos al personal del INE– a la instalación de las casillas y el conteo de votos por ciudadanos seleccionados al azar para tal tarea, con el propósito de ofrecer certeza sobre la pulcritud del resultado electoral.

Este capítulo detalla cómo se organizó la elección de 2018 y muestra de qué forma desde un primer momento existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que sólo la libre voluntad de los electores definiera perdedores y ganadores. O, para decirlo en una nuez: por qué era imposible un fraude electoral.

El INE está definido en la Constitución como un organismo público autónomo, que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En su Consejo General están representados los partidos políticos y hay un consejero por cada fracción parlamentaria del Congreso de la Unión, con voz pero sin voto. Además, está conformado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales que tienen voz y voto. El presidente del Consejo y los consejeros electorales son designados por la votación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de tal suerte que su nombramiento debe ser fruto de amplios consensos políticos. 42

La plena autonomía e independencia de la autoridad electoral se consiguió a partir de 1996 al desvincular por completo al Poder Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), pues hasta entonces su Consejo General había sido presidido por el secretario de Gobernación. Los cambios políticos más relevantes ocurridos en las últimas décadas se han dado con la existencia de una autoridad electoral autónoma, que no depende del gobierno: desde la pérdida de la mayoría del partido gobernante en la Cámara de Diputados en 1997, hasta las tres alternancias en la Presidencia de la República que ocurrieron en 2000, 2012 y 2018.

El INE tiene una estructura en todo el país, que incluye 32 juntas locales (una en cada entidad), así como 300 juntas distritales (una en cada distrito electoral). En cada junta hay cinco vocales: el ejecutivo, un vocal que funge como secretario, uno de organización electoral, otro de capacitación electoral y uno más del registro federal de electores. Todos ellos son parte del Servicio Profesional Electoral, esto es, son funcionarios de carrera que han llegado a sus cargos a través de concursos de oposición abiertos y de manera permanente participan en programas de formación y son sometidos a evaluación. Este servicio civil de carrera es clave para asegurar que se cumplan los principios rectores del INE: sus funcionarios están ahí por sus méritos profesionales y cuentan con estabilidad laboral, por lo que no deben su permanencia a ningún actor político o de gobierno.

Durante los procesos electorales, a la estructura profesional del INE se suman ciudadanos que actúan como consejeros locales y distritales, quienes toman las decisiones clave de la organización electoral sobre el territorio. Desde el Consejo General del INE se nombra a seis consejeros electorales locales por cada entidad, con voz y voto, que conforman órganos presididos por el vocal ejecutivo local del INE. Así, de siete votos que hay en cada consejo local, seis corresponden a ciudadanos. En cada consejo local tienen representación, además, los partidos políticos, con voz pero sin voto, para evitar que sean juez y parte de las decisiones. Los consejeros electorales locales se designan a partir de una convocatoria pública que busca identificar a personas de prestigio en las entidades federativas y que provengan de muy diversos ámbitos: el sector empresarial, la academia, la sociedad civil organizada, defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, entre otros.

El consejo local, a su vez, designa a seis consejeros para cada consejo distrital de la entidad federativa correspondiente. De esta manera, hay 1 800 consejeros electorales distritales. El vocal ejecutivo distrital del INE preside el consejo con voz y voto, de tal suerte que, una vez más, son los seis ciudadanos que no forman parte de la estructura profesional del INE quienes tienen la mayoría en la toma de decisiones para organizar las elecciones.

Algunas de las funciones más importantes de estos consejos son la insaculación (sorteo) de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, la contratación de los supervisores y capacitadores electorales, el registro de candidatos a diputados que contienden por el principio de mayoría relativa, la acreditación de los observadores electorales, el registro de los representantes de partidos políticos en las casillas, entre otras. Estos consejos son también responsables de realizar los cómputos distritales y la declaración de validez de la elección de diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como el cómputo distrital de la votación para presidente de la república.